El fallido atentado contra el ex presidente y virtual candidato republicano, Donald Trump, ha revivido el debate sobre el control de armas en ese país, como de hecho ocurre después de cada masacre provocada por tiroteos masivos que lamentablemente son cada vez más frecuentes –en 2021 se registraron 691–, siendo una de las principales causas el acceso a armas de alto poder que tiene prácticamente cualquier persona. Sin embargo, al final no pasa nada ante la férrea resistencia de la industria armamentista y de poderosas organizaciones como la Asociación Nacional del Rifle que defienden lo que consideran un derecho sagrado a la posesión de armas que se encuentra establecido desde 1791 en la Segunda Enmienda de la Constitución. A pesar del atentado que fue cometido por un joven de 20 años con un fusil AR-15 que puede llegar a disparar hasta 60 balas por minuto y había sido adquirido pocos meses antes por su papá, la posición del Partido Republicano no ha cambiado y en su convención de nominación, asesores del ex presidente y delegados se opusieron a la prohibición de rifles de asalto, a aumentar la edad legal para comprar armas o a que se realicen verificaciones más estrictas sobre los antecedentes de los compradores.
Se estima que en la mayoría de los estados de la Unión Americana alrededor del 30% de la población tiene un arma de fuego, y en 7 de ellos este porcentaje se eleva por encima del 50%. Incluso, algunos datos arrojan que circulan casi 400 millones de armas para 332 millones de estadounidenses, lo que no sucede ni siquiera en los países en guerra. Muchas de esas armas llegan a México debido a la libre venta así como a la falta de control y seguimiento convirtiéndose en una fuente muy importante de abastecimiento de los grupos de la delincuencia organizada cuya capacidad de fuego es muy superior a la de la mayoría de los cuerpos policiales, y alrededor de 14 mil homicidios que equivalen al 43% de los cometidos en nuestro país durante 2022 fueron con armamento estadounidense.
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En este contexto, se entiende la preocupación e insistencia del gobierno mexicano, así como recientemente de Claudia Sheinbaum, para que se regule el mercado y posesión de armas en el país vecino dadas sus consecuencias en la crisis de inseguridad y violencia por la que atravesamos, y también se comparte la necesidad de fortalecer los acuerdos de cooperación entre las agencias de ambos países, continuar promoviendo acciones legales y exigir que el gobierno norteamericano asuma su responsabilidad en el mercado negro y tráfico ilegal de armas. Sin embargo, se debe reconocer que buena parte de esa responsabilidad nos corresponde y que no hemos hecho lo que nos toca, pues por algún lado entran esas armas a México y llegan a manos de los carteles o a cualquiera que esté dispuesto a adquirirlas.
De acuerdo con datos recogidos por el investigador del CIDE, Carlos Pérez Ricart, en la última década han entrado ilegalmente a nuestro país unas dos millones de armas de fuego, lo que representa un promedio de 547 cada día y solo se logra confiscar una diaria. Esto solo se puede explicar debido a la porosidad de nuestra frontera por la que pueden entrar toda clase de mercancías ilegales y, en buena medida, probablemente a la corrupción en las aduanas y puertos. Aproximadamente 546 armas de fuego provenientes tan solo de Estados Unidos ingresan y recorren libremente el territorio nacional hasta llegar a su destino, muchas de las cuales son utilizadas para actividades delincuenciales como homicidios, secuestros, robos, extorsiones. Algunas investigaciones periodísticas revelan la facilidad con que se puede adquirir un arma de alto calibre en la Ciudad de México por ejemplo en barrios de la Alcaldía Cuauhtémoc como Tepito, en Gustavo A. Madero, Iztapalapa o incluso a través de redes sociales sin otro requisito que pagar por ellas. Eso es una realidad que también debemos asumir y afrontar.