Con 29 votos a favor, siete en contra y cuatro abstenciones, el Congreso de Puebla aprobó en lo general la interrupción legal del embarazo hasta la semana 12 de gestación.
Horas antes, grupos antiderechos intentaron bloquear el acceso de los congresistas para que no se pudiera llevar a cabo la votación, llamando a que “dijeran que sí a la vida”. Me imagino que no se refieren a la vida de las 78 mujeres cuyas muertes se han registrado durante los últimos veinte años en Puebla debido a abortos en condiciones inseguras e insalubres, resultado directo de las políticas de criminalización del aborto. Setenta y ocho mujeres han muerto porque el Estado decide que deben ser madres contra su voluntad. Esas no son las vidas a las que hay que decir que sí, al parecer.
A estas alturas, una pensaría que tenemos claro que el acceso seguro, libre, legal y gratuito al aborto mejora la vida de las mujeres. Y esto no lo digo yo, que ya los veo decirme “pero tú qué sabes, pecadora”, esto lo dijo desde hace un montón de años un estudio hecho por la Universidad de California, donde un equipo de demógrafas, economistas, sociólogas y demás expertas dio seguimiento durante diez años a mil mujeres que buscaron practicarse un aborto, la mitad tuvieron acceso y la mitad no. El llamado Estudio del Rechazo, haciendo referencia a las mujeres que fueron rechazadas en las clínicas, encontró que si bien al momento de solicitar el aborto las participantes tenían circunstancias socioeconómicas y de salud -física y mental- similares, las circunstancias de aquellas a las que les fue negado el servicio empeoraron en todos los rubros.
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El Arzobispo de Puebla aseguró, es decir, se inventó, que las mujeres que se realizan abortos sufren daños a su salud física y mental. Sin embargo, el estudio liderado por Diana Greene encontró que las mujeres que buscan un aborto y les es negado sufren mayor depresión y ansiedad que las que sí lo lograron, esto se mantiene por años después del hecho. No solo eso, sino que su salud física también empeora mucho más, primero por los riesgos asociados con el embarazo y el parto, pero también posteriormente, con índices más altos de dolor crónico o hipertensión.
Además, aquellas que no pudieron acceder al aborto tuvieron dificultades para continuar o acceder a estudios superiores, permanecieron más tiempo en relaciones abusivas, lograron menos éxitos profesionales o económicos, y optaron en menor medida por embarazos deseados.
Así que a pesar de que la arquidiócesis poblana insista en llevar al límite las previsiones del artículo 130 constitucional, Puebla se sumó ya a la lista de entidades que por buenas o por malas han despenalizado el aborto: Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Baja California, Colima, Sinaloa, Guerrero, Baja California Sur, Quintana Roo y Aguascalientes. Por su lado, Jalisco, Coahuila y Chihuahua, ya con fallos de tribunales federales y estatales, están por caer ante la marea verde.
A poco menos de dos meses para que se cumpla un año desde la resolución de la SCJN que establece que “el apartado del Código Penal Federal que criminaliza el aborto ya no tendrá efectos y, por lo tanto, a ninguna mujer o persona gestante, ni al personal de salud, se le podrá castigar por abortar”, la despenalización del aborto en Puebla es una noticia luminosa para los derechos de todas, todes y todos, para los derechos de las infancias, de las mujeres y las personas gestantes, y una noticia triunfal para el Estado laico.
En el estudio que realizaron sobre los efectos del acceso al aborto encontraron que después de cinco años, el 95% de las mujeres que se realizaron un aborto dijeron que esa decisión fue la correcta. Ahí nomás. ¡Viva la maternidad elegida, viva el aborto libre!