Por cuarta vez en su historia, el Estado mexicano compareció ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas a fin de responder al Examen Periódico Universal (EPU), un mecanismo del organismo internacional que estipula que cada nación integrante de las Naciones Unidas se someta cada cuatro años y medio a un análisis de su ejecutoria en materia de derechos humanos.
En esta ocasión, 115 Estados formularon 318 recomendaciones, las cuales fueron analizadas mediante un amplio proceso de consultas con 49 autoridades competentes del poder ejecutivo, legislativo y judicial. El resultado final del proceso fue que el gobierno mexicano aceptó 304 de las 318, es decir, un 96 por ciento del total.
Este conjunto de recomendaciones está enfocadas a temáticas como desaparición de personas, ratificación de pactos internacionales en la materia, mayor inversión económica para protección de derechos humanos, fortalecimiento de mecanismos de salvaguarda de derechos, sensibilización, erradicación del racismo, eliminación de la violencia de género, mejora de marcos institucionales, apoyo a la población afrodescendientes, combate a la corrupción, violencia de género, seguridad para periodistas y defensores de derechos humanos, equidad e igualdad, derechos sexuales y reproductivos, no discriminación, poblaciones LGBTIQ+, poblaciones indígenas, entre algunas otros rubros.
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A la par de estos resultados, dados a conocer recientemente, el #ColectivoEPUMx, conformado por 300 organizaciones, colectivos y redes, quienes también realizaron un informe alterno al presentado por el Estado mexicano, señaló que esta es la edición del EPU en la que más recomendaciones se han emitido en la materia hacia el país, pues en la versión anterior, se emitieron 262, de las cuales, aceptó 260.
En esta ocasión, refirió el colectivo, las 14 recomendaciones no aceptadas están relacionadas con los temas de justicia, seguridad, migración y desplazamiento forzado interno. Entre ellas, de forma muy particular, la eliminación de las figuras de prisión preventiva oficiosa y arraigo; la aprobación de una ley en materia de desplazamiento forzado interno; la modificación de la Ley de Migración para eliminar disposiciones que permiten la detención administrativa de migrantes; la adopción de medidas para prevenir y eliminar el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de seguridad; y cuestiones relacionadas con la militarización de la seguridad pública.
Todos ellos temas de suma trascendencia para el devenir del país y que continuarán a discusión ante la falta de cambio de las políticas en materia de seguridad, enfocadas en la utilización de cuerpos militares para dichas tareas, pero no en cuestiones preventivas estructurales. O en el trato hacia las personas en situación de migración, quienes son muy vulnerables en su paso por el país. El reconocimiento del desplazamiento forzado como resultado de una política de militarización y de falta de atención a la violencia con resultados tangibles y la eliminación de la prisión preventiva, como un mecanismo de impartición de justicia.
Desde hace algunos años se habla de una crisis de derechos humanos en el país como consecuencia de altos índices de personas desaparecidas, muchas de ellas por las propias autoridades; constantes violencias de género en sus diferentes tipos y modalidades, ataques fatales a personas defensoras de derechos humanos y periodistas; desplazamientos forzados en zonas donde ha conflictos socioambientales derivados de megaproyectos, incluidos algunos gubernamentales; situaciones de discriminación y de diferenciación por muy diferentes motivos; limitación del derecho a la libertad de expresión; incremento de los cuerpos militares en diferentes partes del país; altos índices de impunidad; déficit en la justiciabilidad de los derechos humanos a pesar de las reformas estructurales en la materia a más de una década; criminalización de las personas migrantes y tratos inhumanos y prisiones repletas de personas a las que no se les ha podido imputar un delito. Entre otras situaciones graves.
Los resultados de este examen marcan una agenda muy clara a seguir durante los próximos seis años en materia de derechos humanos. Representan la oportunidad de posicionar la vocación humanista de un gobierno entrante o la perpetuación de una crisis de derechos a la cual ha estado sometido el país por ya casi dos décadas. Esperemos, se escoja la primera opción por el bien de todas, todos y todes.