Estamos a meses de que culmine la administración federal 2018-2024. En términos de política energética, ha dejado una importante marca a través de las estrategias e instrumentos implementados para alcanzar la autosuficiencia energética y fortalecer a las Empresas Productivas del Estado, como Pemex y la CFE. Sin embargo, estas estrategias han tenido un impacto en las finanzas públicas, con un costo por la reducción del Derecho de Utilidad Compartida (DUC) y por los apoyos patrimoniales a Pemex que ascienden a 1 billón 867 mil millones de pesos (mdp).
El próximo gobierno federal se enfrentará al reto de garantizar el acceso a la energía de forma limpia y asequible, de conformidad con el Acuerdo de París y la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Con todo, el gobierno entrante propone acciones que se enmarcan en la continuación de la aún vigente política energética. Sin embargo, se percibe cierta flexibilidad de realizar ajustes en las reglas con el sector privado, dadas las nuevas preocupaciones y escenarios climáticos hacia 2030.
La presidenta electa prometió, durante su campaña, continuar con el fortalecimiento de Pemex y CFE, así como expandir la red de transmisión y mantener los subsidios a las tarifas eléctricas residenciales. Estas propuestas, si bien son importantes desde el punto de vista de la soberanía y seguridad energética, tienen implicaciones fiscales. El costo estimado de estos apoyos podría ascender al 1% PIB anualmente, lo cual representa un desafío ante el escenario planteado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de un ajuste fiscal de 3% del PIB para el próximo año.
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Adicionalmente, mantener la priorización del sector energético implica un costo de oportunidad sobre el gasto social en sectores importantes como salud y educación; tal y como sucedió en la actual administración. De acuerdo con la Cuenta Pública 2023, el gasto en energía desplazó al gasto social, con un sobreejercicio del 263% en la Secretaría de Energía y un subejercicio del 49.7% en Salud.
La propuesta de política energética para los próximos años requiere de mayores recursos. Sin una flexibilidad que permita la participación de la inversión privada y sin modificaciones que fortalezcan las fuentes de ingreso, se podrían generar mayores presiones sobre las finanzas públicas. Esta situación podría comprometer el bienestar de las generaciones futuras.
Para mayor información, te invitamos a leer el documento: Política energética. Retos fiscales 2024-20230 en www.ciep.mx
César Augusto Rivera de Jesús*
Economista por el Instituto Politécnico Nacional (IPN), con Especialidad en Economía Ambiental y Ecológica por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Se desempeñó como voluntario en “ICLEI Gobiernos Locales por la Sustentabilidad” donde colaboró en las revisiones de los Planes de Acción Climática Municipal; analista de tarifas de suministro eléctrico y precios de combustibles en la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD); y enlace de control y seguimiento de anteproyectos regulatorios en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). Además, cuenta con una publicación en la revista “El semestre de las Especializaciones ” de la UNAM sobre la Capitalización de las externalidades causadas por los rellenos sanitarios en el precio de las casas.
Actualmente es investigador en el CIEP en temas de transición energética y medio ambiente. Interesado y apasionado por los temas relacionados con economía, la transición energética y el medio ambiente.