Este año, hemos sido testigos de los efectos que el cambio climático, presenciando continuas olas de calor en el país, como diariamente se rompen récords de temperaturas máximas, sequía extrema, desaparición de lagos y ríos, entre otros fenómenos. Mientras, en países como China y Brasil, ocurren inundaciones sin precedentes.
Para tratar de mitigar los efectos del calentamiento global, y dado que es precisamente el sector energético el principal emisor de Gases de Efecto Invernadero (GEI) a la atmósfera, resulta impostergable que los países avancen en la transición energética e incorporen en su matriz energética la generación de electricidad a través de fuentes más limpias.
La transición energética implica cambios de un sistema energético a otro en términos de cantidad, estructura de usos finales y calidad de las fuentes de energía, y abarca varias dimensiones que incluyen la digitalización, electrificación y descarbonización, donde las tendencias hacia un mayor uso de fuentes de energía renovable, especialmente la solar y la eólica son evidentes.
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Organismos como la CEPAL (2024) advierten que la transición global hacia economías con bajas emisiones y resilientes al cambio climático requerirá inversiones anuales de 9.2 billones de dólares desde ahora y hasta 2050, en sistemas energéticos, movilidad, industria, construcción, agricultura y silvicultura. En caso de no atender el problema, América Latina aumentaría en 3.2 millones las personas en condición de pobreza hacia 2050.
Para avanzar en esa transición en México, sin duda se requerirá de mayores recursos tanto públicos como privados para el financiamiento de nuevos proyectos; pero también se debe considerar que el sector energético del país (cuya producción se basa esencialmente en energía fósil) tiene un peso relevante en la economía. Tan sólo en 2023 el 22.1% de los ingresos totales fueron ingresos petroleros y de CFE; además, las dos principales empresas productivas del estado generaron poco más de 200 mil empleos directos en 2022 (se estima que la cantidad de empleos directos e indirectos que genera el sector es de más de 500 mil).
Ante ello, el reto está no sólo en avanzar en una transición energética, sino que esta sea justa en términos sociales, y que tome en cuenta a todos los actores involucrados. Se requerirá de inversión pública y privada; de la participación de los tres órdenes de gobierno, de las comunidades y trabajadores en la toma de decisiones; de incorporar la perspectiva de género y de no perder de vista que los nuevos proyectos deben ser viables financiera, social y ambientalmente. El cierre de ciertas actividades puede causar desempleo e informalidad, por lo que se requerirá de alternativas productivas y del fortalecimiento de los recursos públicos para atender esta situación.
Se trata de un tema complejo que debe abordarse de forma apremiante. Si bien representa costos y desafíos en materia de pensiones, educación, salud, normatividad, viabilidad de las empresas productivas del estado, entre otros, a la vez genera oportunidades de crecimiento económico en varios sectores. El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria A.C. (CIEP) pronto publicará el documento “Energía y finanzas públicas. Hacia una transición justa” donde aborda estos temas. Consúltalo a partir del 18 de junio en www.ciep.mx
José Luis Clavellina Miller*
Es doctor en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), así como maestro y licenciado en Economía por la misma Universidad. Realizó una estancia de investigación doctoral en la Universidad de Kent en Canterbury. Se ha desempeñado como investigador en el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados y en el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente es director de Investigación en el CIEP. Entre sus intereses se encuentran la sostenibilidad de las finanzas públicas, la equidad fiscal intergeneracional y el financiamiento para el desarrollo.