La transición energética, es decir, el cambio de un sistema basado en combustibles fósiles a uno sustentado en energías renovables, debe ser justa y equitativa. Este proceso implica el reemplazo de tecnologías y fuentes de energía, así como la incorporación de principios de justicia y equidad en términos de derechos humanos, tanto en los procedimientos como en los resultados.
Según el Instituto de Medio Ambiente de Estocolmo, existen cinco formas de justicia que deben ser consideradas en una transición energética justa: distributiva, procesal, de reconocimiento, restaurativa y cosmopolita. Cada una de estas dimensiones aborda diferentes aspectos de la equidad, desde la distribución de costos y beneficios hasta el reconocimiento de derechos de grupos vulnerables y la reparación de daños ambientales.
La transición hacia energías renovables tiene un enorme potencial para la generación de empleo. Sin embargo, se tiene que considerar la situación actual del sector, en el que participan 413 mil 591 personas y son el 0.7% del total de la fuerza laboral del país. Lo anterior implica que durante el proceso de transición se deben proteger los empleos actuales, pero también las pensiones de quienes ya trabajaron en este ámbito, entre otros aspectos.
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En México, se estima que la ampliación de la capacidad instalada de energías renovables crearía alrededor de 1.5 millones de empleos anuales para 2030 (Global Green Growth Institute, 2020). Esto no solo contribuiría a la reducción del desempleo, sino a diversificar el perfil laboral del sector tradicionalmente dominado por hombres debido a estereotipos de género y barreras estructurales.
La participación femenina en puestos de alto nivel en el sector energético es significativamente baja, pues 52% de las mujeres que pausaron su carrera lo hicieron por motivos de maternidad o cuidado de familiares, frente al 2% de los hombres (GIZ, 2023). Además, el trabajo de cuidado no remunerado y la preferencia por hombres en labores técnicas y operativas limitan las oportunidades para las mujeres.
La participación laboral femenina es mayor en energías renovables que en energías convencionales: en energías renovables es de 32 %, mientras que en el sector petrolero y de gas es de 22 % (IRENA, 2019). En México, la transición a energías limpias podría crear al menos 30 mil 125 nuevos empleos para mujeres en energías verdes.
Por otro lado, hablar de derechos laborales y humanos implica necesariamente abordar el tema de las pensiones. Desde la promulgación de la Constitución en 1917, el artículo 123 establece la seguridad social como un derecho fundamental, por tanto, en el contexto actual de la transición energética, las pensiones de los trabajadores del sector energético emergen como un tema crucial.
Sin embargo, las pensiones de las Empresas Productivas del Estado (EPE) generan desigualdad entre los pensionados, pues el gasto por pensionado mensual promedio está entre 61 mil y 87 mil pesos que no se asemejan a ningún otro monto por pensionado de otras instituciones. Además, por muchos años los trabajadores de las EPE no contribuyeron para su pensión. El gasto en pensiones de Pemex y CFE representa el 9% del total y se destina al 2.7% de los pensionados.
Los pasivos pensionarios son un elemento a considerar, pues son obligaciones que deberán enfrentar las EPE en el mediano y largo plazo, cualquier cambio en los esquemas como contribuciones y requisitos como la edad de retiro, puede aumentar estos pasivos. En 2023, los recursos necesarios para hacer frente a estos pasivos eran del 5.6% del PIB, casi la misma cantidad que gastaremos en 2024 en todas las pensiones.
Estos son dos de los tantos aspectos sociales que deberán tomarse en cuenta para realizar una transición energética justa, la cual es urgente por las implicaciones climáticas, por su estrecha vinculación con el sistema fiscal y las finanzas públicas y para reducir desigualdades con inclusión. Para más información consulta el documento publicado por CIEP sobre el tema en: www.ciep.mx
Alejandra Macías Sánchez*
Es economista por la UDLAP y doctora en Políticas Públicas por la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del ITESM. Ha trabajado en el gobierno federal y en organismos internacionales. Tiene experiencia en temas de evaluación, finanzas públicas, seguridad social y desarrollo social, sobre los cuales ha publicado. Es candidata al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y actualmente es directora ejecutiva en el CIEP. Se especializa en cambio demográfico, finanzas públicas y transiciones justas, con especial interés en la mejora del sistema fiscal con base en evidencia y perspectiva de género. Le interesa mejorar las finanzas públicas con base en evidencia y perspectiva de género.