Desde el inicio del proceso electoral, las tres candidaturas presidenciales presentaron sus propuestas en temas clave para el país, tales como pensiones, salud, educación, cuidados, gasto federalizado, infraestructura, energía, ingresos presupuestarios y la deuda pública. Sin embargo, ante cualquier planteamiento, es importante que se detalle la fuente de recursos necesaria para materializar estas iniciativas.
Para comparar tales propuestas, así como para comprender su impacto fiscal en los temas mencionados, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria A.C. (CIEP), elaboró una serie de análisis en los que argumenta que, en la mayoría de los casos, no se identifican fuentes de financiamiento claras para llevar a cabo las propuestas presentadas. Ante ello, el CIEP añadió algunas medidas que permitirían avanzar en los temas analizados.
En el caso de las pensiones, por ejemplo, estas absorben el 22% del presupuesto de 2024 y seguirán en aumento. Sin una reforma fiscal, este incremento podría significar que se dedique menos recursos a salud o educación para enfrentar este gasto.
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En materia de salud, se requiere al menos 1 punto porcentual (pp) del PIB, tan sólo para brindar atención médica y medicamentos a la población que actualmente realiza un gasto de bolsillo cuando enferma. En cuanto a la educación, los recursos que le destinamos en la actualidad se quedan cortos en más de 4.0 pp del PIB para cumplir con lo que establece la Ley.
Además de pensiones, salud y educación, el país requiere con urgencia de un sistema nacional de cuidados que asegure los derechos de quienes los requieren y de quienes los proporcionan. Sin embargo, aquí tampoco se identificaron fuentes de recursos que lo financien.
Asimismo, las tres candidaturas prometieron al electorado un mayor gasto social y nuevos proyectos de infraestructura pública. Los recursos para financiarlos van desde un menor gasto en Pemex y el combate a la corrupción, hasta asociaciones con el sector privado, una reforma fiscal o el etiquetado de los recursos de ciertos impuestos. Aun así, el país requiere de 1.5 pp del PIB para alcanzar apenas una inversión pública del 4.0% del PIB recomendada internacionalmente.
En lo que se refiere al cambio climático, si no atendemos el problema ya, este podría representar costos por 6.9% del PIB en 2050. Aunado a esto, el país se encuentra ante la disyuntiva de seguir apostando por los combustibles fósiles o impulsar una verdadera transición energética con todos los riesgos y costos, pero también con las oportunidades de crecimiento que ello implica.
En materia de ingresos, las candidatas no plantearon una reforma fiscal y sólo el candidato habló de fortalecer las finanzas públicas. Sin embargo, ninguno detalló la forma en que reduciría el importante déficit presupuestario que deja la administración federal saliente. Finalmente, las entidades federativas siguen siendo muy dependientes de los recursos que les envía la federación para financiar sus políticas públicas, por lo que también ellas requieren fortalecer sus ingresos propios.
Como ciudadanos y ante la culminación del proceso electoral de este año recordemos que: no hay política pública sin presupuesto. El análisis del CIEP puede consultarse en www.ciep.mx.
José Luis Clavellina Miller*
Es doctor en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), así como maestro y licenciado en Economía por la misma Universidad. Realizó una estancia de investigación doctoral en la Universidad de Kent en Canterbury. Se ha desempeñado como investigador en el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados y en el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente es director de Investigación en el CIEP. Entre sus intereses se encuentran la sostenibilidad de las finanzas públicas, la equidad fiscal intergeneracional y el financiamiento para el desarrollo.