El pasado 20 de junio, el Congreso de San Luis Potosí determinó otorgar el indulto a Sanjuana Maldonado, con lo que pudo recuperar su libertad tras 15 años en prisión acusada de participar en un secuestro por el que le impusieron una sentencia de 30 años. La historia de Sanjuana es la de muchas mujeres que han sido recluidas por delitos que no cometieron o en los que fueron obligadas a participar por sus parejas, ante la falta de recursos para contar con una defensa adecuada y también debido a las deficiencias del sistema de impartición de justicia, sobre todo en los estados, para juzgar con perspectiva de género.
Sanjuana, originaria de Charco Cercado, una pequeña población ubicada en San Luis Potosí en la que según algunos datos apenas alrededor del 28% de sus habitantes termina la secundaria, fue la primera mujer en concluir el bachillerato y a los 18 años logró salir de su comunidad para estudiar informática en el Instituto Tecnológico de Matehuala, lo que combinaba con un trabajo por las mañanas en una tienda de conveniencia para poder cubrir sus gastos. Tiempo después, ya en el último semestre de sus estudios, conoció a un hombre 15 años mayor que ella con quien inició una relación en la que, al parecer, sufría violencia psicológica constante, y en mayo de 2009 la presionó para que acudiera a cobrar un dinero. Según lo que ha narrado Sanjuana, en un principio se negó por no saber de dónde provenía el dinero, pero tuvo que aceptar ya que la amenazó con lastimar a su familia si no lo hacía. Antes de entrar por el dinero, fue detenida junto con su pareja y otras dos personas, ya que se trataba del rescate por un secuestro.
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Como en tantos otros casos, se le dictó la misma sentencia que a los demás implicados sin ninguna prueba que la relacionara con el secuestro, nadie la señaló por su participación y no contó con un abogado que llevara su asunto en lo individual pues la defensa fue la misma que para su entonces pareja y cómplices, de acuerdo con la revisión del expediente que realizó la organización Perteneces que promovió el indulto con el apoyo de más de 17 mil firmas de respaldo de la sociedad. Todo indica que pasó injustamente 15 años privada de su libertad, además sin poder ver a su familia pues en 2013 la trasladaron del Centro de Reinserción Social de Matehuala al de Ciudad Valles –donde conoció a su ahora esposo con quien tiene dos hijos–, en 2022 la mandaron al centro penitenciario de la Pila y en 2023 al de Xolo, cada vez más lejos de sus seres queridos que no tenían recursos para ir a visitarla, lo que también fue revictimizante.
Si hubiera alguna duda sobre su culpabilidad, probablemente el Congreso le hubiera negado el indulto máxime tratándose de un delito de alto impacto como el secuestro. Sin embargo, fue aprobado de manera unánime por 25 diputadas y diputados de las distintas fuerzas políticas –siendo que únicamente se requerían 14 votos–, lo que sienta un precedente importante al ser la primera vez en 40 años que se concede un indulto en San Luis Potosí. Aunque la tardía decisión de alguna manera reivindica a Sanjuana Maldonado como una persona inocente víctima de una gran injusticia tan sólo por cometer el error de encontrarse en su camino y relacionarse con un tipo pernicioso como hay muchos, nada le hará recuperar el tiempo perdido y tampoco le será fácil superar todo lo que seguramente vivió en la cárcel por 15 años, el resentimiento que ello le pudo haber provocado.
Ahora, la pregunta es que seguirá para ella, como logrará rehacer su vida en los aspectos personal, familiar, social y laboral, pero cuando menos le está dando sentido a la amarga experiencia por la que tuvo que atravesar, al impulsar junto con la organización que la apoyó, una iniciativa de ley para que se establezcan mecanismos de revisión de casos de mujeres que han sido condenadas injustamente violentando sus más elementales derechos humanos. Un ejemplo muy loable de cómo afrontar positivamente la adversidad.