Todo apunta a que prácticamente es un hecho que, en septiembre, antes de que inicie la administración de Claudia Sheinbaum, se aprobará la reforma judicial en los términos propuestos por el presidente López Obrador para quien, al parecer, se trata de un asunto personal por las constantes tensiones con la Suprema Corte de Justicia que en diversas ocasiones se ha pronunciado en contra de las decisiones presidenciales por temas de constitucionalidad. Pero no por ello se puede dejar de reconocer que la falta de acceso a la justicia para la gran mayoría de las y los mexicanos es una deuda histórica. Sin embargo, es necesario reparar en dos aspectos de primera importancia.
Por un lado, es probable que la reforma planteada implique más riesgos que posibles beneficios. La idea de democratizar la justicia y que el pueblo decida en principio puede sonar bien pero, como se ha dicho, también puede tener otros efectos: la politización total de la justicia. Con la modificación del método para nombrar a las y los ministros, magistrados de circuito y jueces de distrito, las actuales personas juzgadoras serían destituidas para que sus cargos sean ocupados por quienes participen en un proceso electoral para pedir el voto ciudadano.
Aunque todavía no están claros los requisitos y condiciones de participación, seguramente las y los aspirantes necesitarán de un equipo de campaña, una estructura territorial, un aparato propagandístico y por ende de cuantiosos recursos, que en muchos casos podrían provenir de partidos políticos, organizaciones sindicales, grupos empresariales o de plano del propio gobierno con los compromisos que ello representa, además de que probablemente por encima de la trayectoria, capacidad, experiencia, solidez profesional y personal, estarían la incondicionalidad, carisma y capacidad discursiva. La preocupación de que el Poder Judicial pierda por completo su independencia y se llene de políticos que asuman funciones jurisdiccionales al servicio del gobierno o de otros intereses no es exagerada, y tampoco garantiza que la elección por voto popular contribuya a combatir la corrupción en el sistema judicial -que se supone había sido erradicada con la reforma impulsada por el entonces presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar-.
Te podría interesar
Otro aspecto relevante a tener en cuenta, es que no es en la Suprema Corte ni en las magistraturas o juzgados federales donde se atienden los asuntos que más afectan a la gente en su vida cotidiana como divorcios, pensión alimenticia, herencias, disputas por la propiedad de inmuebles, arrendamiento, deudas, violencia intrafamiliar, violencia sexual, conflictos vecinales, abuso de autoridad e incluso homicidios y lesiones, que corresponden a los tribunales locales en los que en muchas ocasiones se registra mayor corrupción al igual que en las fiscalías, además de que no cuentan con los recursos humanos y materiales suficientes. Es en la justicia local donde se presenta una mayor problemática respecto a la falta de acceso a la justicia dado que, como lo señala la doctora Ana Laura Magaloni, amplios sectores de la población viven al margen de la protección de la ley -a lo que denomina como marginalidad jurídica-, principalmente debido a los altos costos y complejidad de los procesos judiciales y a que no tienen las condiciones para hacerles frente.
Sin embargo, esto que debiera ser el tema toral de una reforma al sistema judicial, ni siquiera se menciona en la iniciativa presidencial, lo que nos habla de que no se partió de un diagnóstico integral para generar propuestas que realmente permitan acercar la justicia y hacerla accesible a la gente. Todavía se está a tiempo de incluir en la reforma a la justicia local, pero depende de la voluntad política de quienes hoy tienen la decisión.