La iniciativa de reforma en materia electoral presentada por el presidente de la República contiene una serie de disposiciones que modificarían las reglas de la competencia electoral que tendría implicaciones en la representación política de los órganos legislativos, cambios en la organización de las elecciones y del sistema de justicia electoral, principalmente.
Respecto a la competencia electoral, la iniciativa presenta la propuesta de que la Cámara de diputaciones se integre sólo por el principio de mayoría relativa, es decir, bajo el esquema de quien obtenga el mayor número de votos gana la diputación federal en cada uno de los 300 distritos electorales en que se divide el país, dejando de lado el sistema de representación proporcional -conformada actualmente por 200 espacios legislativos-, que ha permitido que todos los segmentos de la población queden representados en el órgano legislativo con un determinado porcentaje de la votación.
Respecto a la Cámara de senadurías desaparecerían las y los senadores de primera minoría, así en lugar de que 128 legisladoras y legisladores que integren este cuerpo legislativo, 64 electos por el principio de mayoría relativa, 32 por el principio de primera minoría y 32 por la vía de la representación proporcional, ahora el Senado de la República quedaría conformado por 96 legisladoras y legisladores.
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Ambas propuestas, por decir lo menos, son totalmente regresivas. ¿Qué pasaría con los partidos que, siendo competitivos, por ejemplo, no logren ningún escaño? ¿Dónde quedarían las minorías, la expresión de la ciudadanía? Incluso es muy probable que, con el resultado electoral registrado en la elección de este año, existiría una sobrerrepresentación en ambas Cámaras con lo que se dejaría de lado una pluralidad política, propia de las democracias modernas.
Respecto a la organización de las elecciones la iniciativa propone la desaparición del INE y en su lugar quedaría el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC). Esta nueva autoridad electoral se conformaría por 7 consejerías electorales, electos por un periodo de seis años a través de voto popular.
No compartimos por supuesto, que estas autoridades sean electas como si fueran personas candidatas, su labor debe seguir una ruta que garantice contar con funcionarias y funcionarios que muestren una amplia trayectoria, imparcialidad y conocimiento en la materia de la administración electoral. La ruta propuesta, da pauta a componendas políticas lo que irrumpiría la naturaleza de un órgano que administraría y llevaría a cabo las elecciones por medio de las cuales se renueva el poder público en nuestro país.
Respecto al sistema de justicia electoral la iniciativa, entre otras consideraciones, establece que las magistraturas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sean elegidas por voto popular, lo cual podría corromper la independencia de las y los jueces electorales que deben ser funcionarias y funcionarios con una alta preparación académica, estudiosos constantes del derecho en general y de la rama electoral en lo particular, que les permita fijar un criterio con certeza, equitativo, con perspectiva de género y apegado a Derecho.
Existen otros cambios propuestos relacionados con la justicia electoral, como los registrados en el sistema de nulidades electorales que incorpora una directriz para que las violaciones cometidas en las elecciones se considerarán determinantes, dejando de lado lo construido a través de sentencias y jurisprudencias que derivan de la normativa electoral que establece diversos supuestos para considerar que las violaciones fueron determinantes para decretar una nulidad.
Es cierto que el sistema electoral es perfectible, pero no deben destruirse los diversos aspectos que se ha alcanzado gracias a la lucha que, durante muchos años la sociedad civil, la izquierda mexicana y diversos actores políticos pugnaron por contar con una sociedad con derechos, con un sistema electoral equitativo y equilibrado, con certeza jurídica, y con un sistema democrático que garantiza, entre otros aspectos, que la expresión de las y los ciudadanos manifestada en las urnas se materialice efectivamente en el destino del país por los próximos años.
No obstante, veremos que resuelve antes de que termine el año, la próxima Legislatura federal.