La reforma al Poder Judicial va. Conocido como el plan C, la reforma a la estructura del Poder Judicial como lo conocemos hasta el día de hoy, es una realidad. Si bien es cierto falta conocer exactamente cómo se llevará a cabo esta reestructura, lo que queda claro es que ya existe una propuesta de reforma presentada desde el cinco de febrero de este año. Salvo que en los próximos meses las cosas no cambien, ni se llegue a acuerdos en los foros, existirá la posibilidad de que los ministros, magistrados y jueces sean electos por el voto popular; asimismo desaparecería el Consejo de la Judicatura Federal, para convertirse en el órgano Administrativo Judicial y el Tribunal Disciplinario, mismos que serían autónomos, con la capacidad de investigar y sancionar presuntas conductas ilícitas de los miembros del Poder Judicial. De igual manera, la creación de esquemas de justicia alternativa, como modelo nacional de justicia cívica, sin necesidad de penalizar con prisión al infractor y poder despresurizar los juzgados penales, sumado a la responsabilidad profesional de los abogados, respecto a la falta de ética y valores de los profesionistas del derecho, con las famosas chicanas. Se propone también que en lugar de 11 ministros sean 9, que los periodos del encargo sean de 12 años y no 15 como lo es ahora, se eliminaría la pensión vitalicia, y que la remuneración sea topada al sueldo que recibe el Presidente de la República.
Muchas de las propuestas que se realizan en la reforma al Poder Judicial Federal se entienden como necesarias, y por supuesto que existen diversos puntos de vista respecto a la elección popular de ministros, magistrados y jueces, toda vez que la función técnico jurídica requiere de ciertas capacidades que no cualquier abogado tiene. Sin embargo, también es cierto que no se elegirá a cualquier perfil y que tampoco es que después de ser seleccionados empiecen a trabajar al día siguiente, se necesitará forzosamente que tomen los cursos necesarios para cumplir con esas funciones, pero aun así es un tema a debate que se debe llevar a cabo.
¿Pero qué pasa con las Fiscalías?
A partir de que se reformó a las procuradurías de nuestro país y se les denominó fiscalías, independientes y con autonomía, parecería que no se calculó el riesgo que conllevaba el poder ilimitado que se les estaba dotando a los fiscales y el desorden que terminó generando. No solo no se cambió la forma de trabajo, el cual continuó igual en casi todas las fiscalías del país y la federal, si no que se le dio carta abierta a la impunidad de muchos fiscales estatales, mismos que se convirtieron de facto en los virreyes estatales, teniendo cuotas de poder inmenso y dándoles carta abierta a la impunidad, ya sea por corrupción o por incapacidad. Hoy es casi imposible quitar del puesto a estos fiscales, ya que por lo general terminan creando consensos y favores con los legisladores locales, mismos que los protegen con el fuero constitucional, por lo que no pueden ser tocados ni con el pétalo de una rosa.
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Esto lo hemos visto, a los largo de estos años, con los fiscales del estado de Morelos Uriel Carmona y el fiscal de Guanajuato Carlos Zamarripa Aguirre, quienes a pesar de tener los peores números en procuración e investigación de la justicia, y de ser señalados de tener vínculos con presuntos grupos de la delincuencia organizada, han seguido en sus cargos a pesar de cualquier investigación en su contra y protegidos por los congresos locales, favorecidos por las resoluciones del Poder Judicial Federal. Estos dos ejemplos son muestra clara de que existe un grave problema con las figuras de fiscales autónomos, que no pueden ser retirados de sus cargos aun cuando sus resultados sean pésimos y no cumplan con el mandato constitucional para el cual fueron designados. De facto se convierten en intocables y por consiguiente nadie puede juzgar su trabajo, ya que no existen órganos de control externos que pueda sancionarlos por las cuotas de poder tan inmenso que terminan teniendo. Esto se ve reflejado en los pésimos resultados en los trabajos de investigación de las fiscalías que representan.
No vayamos tan lejos, tenemos una Fiscalía General de la República, que ha sido omisa en el cumplimiento de sus obligaciones, entre las que se encuentra investigar, imputar, acusar y conseguir condenas contra presuntos responsables de la realización de delitos del orden federal. En este ámbito, lamentablemente, los resultados han sido casi nulos en casi todos los casos de alto perfil. La FGR ha terminado haciendo el ridículo, lo que deja muy mal parado al Fiscal General Alejandro Gertz Manero, de quien se esperaba mucho más.
Por último, si queremos que la reforma al Poder Judicial tenga resultados, no debemos dejar de lado que es necesario poner en orden a las fiscalías estatales y la federal, ya que por más que podamos tener jueces, magistrados y ministros, cercanos a la gente, con visión social, honestos y profesionales, si seguimos teniendo fiscalías, con fiscales omnipotentes, que no responden a nadie, intocables e ignorantes de sus obligaciones, que no se preocupan por su personal, que no utilizan el presupuesto para las necesidades del servicio, que no ven por su personal, por la ciudadanía y que solo se preocupen por su imagen y los movimientos políticos, estaremos condenados al fracaso.
Me parece que la doctora Claudia Sheinbaum tiene claro que este proceso va de la mano y por eso ya está contemplado la reestructura que se necesita realizar en el campo de la procuración de justicia. Sin duda, la parte fundamental serán las fiscalías, ya que tenemos miles de policías, marinos, militares y guardias nacionales arriesgando la vida todos los días para luchar contra el crimen organizado, pero sin una fiscalía fuerte y honesta, no servirá de nada reformar al Poder Judicial porque seguiríamos dejando libres a presuntos criminales por las fallas en la investigación y persecución de los delitos.