Ante la posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia declare la inaplicación de la prisión preventiva oficiosa en cumplimiento a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Tzompaxtle Tecpile y otros contra México -que fue notificada en enero de 2023 y es obligatoria para nuestro país-, la secretaria de Gobernación junto con las personas titulares de Seguridad y Protección Ciudadana, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Marina, mandaron una carta a las y los ministros expresando la preocupación gubernamental respecto a que 68 mil personas que actualmente se encuentran en prisión bajo esta figura sean puestas en libertad.
Es importante señalar que, contrario a lo que afirma el gobierno, esta decisión de la Suprema Corte no implicaría la liberación automática de todas estas personas sino que se tendría que analizar cada uno de los casos para determinar el peligro que podría representar para las víctimas, testigos o para la sociedad, así como el riesgo de evasión y destrucción de pruebas. Es decir, no se trata de eliminar la prisión preventiva, de hecho me parece que nadie ha propuesto algo así, pero tal y como lo establecen las convenciones internacionales no debe aplicarse como regla general sino como excepción siendo necesario justificar que una persona que no ha sido sentenciada, y por tanto no se le puede considerar como culpable del o los delitos por los que se le acusa, tenga que llevar su proceso en reclusión.
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Además, existe la opción de imponer diversas medidas cautelares para reducir los riesgos como resguardo domiciliario, colocación de un localizador electrónico, restricción para acercarse a las víctimas o acudir a determinados lugares, separación inmediata del domicilio, embargo de bienes, inmovilización de cuentas, prohibición de salir del país y retiro del pasaporte, o presentación periódica ante el juez.
Seguramente, como se afirma en la carta, entre esas 68 mil personas privadas de la libertad sin haber sido condenadas se encuentren miembros de los carteles del crimen organizado o delincuentes de alta peligrosidad como homicidas, secuestradores o violadores seriales que deben seguir en prisión, pero para ello las fiscalías tendrán que hacer su trabajo y presentar elementos que acrediten su probable responsabilidad.
Lo realmente preocupante es que miles de personas, muchas de las cuales posiblemente sean inocentes, fueron acusadas y detenidas injustamente porque no tuvieron acceso a una buena defensa debido a la falta de recursos. De acuerdo con un estudio de la organización Intersecta, la mayoría de las personas que se encuentran en esta situación tienen estudios de nivel secundaria o menos, trabajan en el comercio informal, como artesanas o choferes, con una condición económica limitada y fueron acusadas por pequeños robos o narcomenudeo, por lo que la prisión preventiva oficiosa castiga generalmente a las más vulnerables.
Aunque esta figura está contemplada a nivel constitucional desde 2008, durante el gobierno del presidente López Obrador se ha ampliado en tres veces el número de supuestos en que procede, y apenas en febrero de este año propuso que se extendieran aún más, paradójicamente casi al mismo tiempo que se impulsó la aprobación de la reforma a la ley de amnistía para que pueda conceder la libertad a quien decida sin importar la gravedad de los delitos que se hayan cometido. También hay que decir que, además de atentar contra la presunción de inocencia, el debido proceso, el derecho a la libertad personal, la independencia judicial, el deber de fundar y motivar la medida privativa de libertad como lo han señalado la ONU y prácticamente todos los organismos internacionales, está claro que en todos estos años, la prisión preventiva oficiosa no ha tenido ningún impacto en la disminución de los índices delictivos y de la impunidad. A pesar de ello, sigue siendo uno de los pilares de la muy cuestionada estrategia de seguridad de este gobierno.