El próximo 2 de junio, México elegirá a la primera mandataria en medio de una campaña marcada por la violencia extrema. En lo que va del ciclo electoral 32 personas postuladas para cargos de elección han sido ejecutadas y 2,344 policías han sido asesinados en el país desde que inició la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. En este periodo, las pugnas entre grupos criminales no disminuyen, lo que ha fomentado la violencia y aumentando el control y poder económico de varios grupos delincuenciales.
Si bien el presidente López Obrador llegó con una plataforma de seguridad pública que prometía pacificar a México y romper de raíz con las políticas de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, para poner fin a la “guerra contra las drogas” y devolver las tropas a los cuarteles, en el camino dio un giro abrupto; creó a la Guardia Nacional e impulsó el despliegue de tropas para garantizar la seguridad pública, lo que en abril de 2024 llevó a que haya 281,209 militares desplegados en el territorio nacional, superando con creces el número de policías civiles. Pero las funciones asignadas dejan mucho que desear, mientras la Guardia Nacional asumió el control fronterizo, al ejército se le responsabilizó de proyectos de infraestructura como el Tren Maya, la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles y la administración de la Aerolínea del Estado Mexicano, S.A. de C.V., esto ha llevado a convertir al ejército en una empresa constructora mexicana, a la que se le han canalizado al menos 4,500 millones de pesos.
Más allá de estas tareas y de los recursos económicos destinados a las fuerzas armadas, el gobierno de López Obrador insiste en que gracias a la presencia militar y una avalancha de programas sociales, el país transita por la senda correcta hacia la pacificación, no obstante, los enfrentamientos entre los grupos criminales en Michoacán, Veracruz, Colima y Guerrero, ponen en duda la efectividad de la lucha contra el crimen organizado que rápidamente ha diversificado sus operaciones de tráfico de drogas y ampliado sus redes de extorsión y control de negocios legales, comunidades y gobiernos locales. Incluso, han utilizado sus crecientes fuentes de ingresos para reforzar su organización y sus filas, en las que se incluyen combatientes extranjeros, como antiguos miembros del ejército y de las guerrillas colombianas.
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De hecho, sólo la lucha entre el Cartel Jalisco Nueva Generación y el Cartel de Sinaloa, representó cerca del 26% de los asesinatos relacionados con el crimen organizado en 2021. Ambos grupos se han enfrentado por el control de regiones de Zacatecas, Sonora y Chiapas, haciendo de este último un territorio para los flujos de drogas y armas ilegales, además de inmigrantes, que son una fuente cada vez mayor de ingresos para los carteles.
Aunque la estrategia de seguridad pública de López Obrador ha consistido prácticamente en patrullar en lugar de hacer frente a los grupos criminales, también hay que reconocer que las últimas dos décadas, las estrategias de seguridad dirigidas no han logrado disminuir la capacidad del crimen organizado o su impunidad, es una realidad que deberá abordar el gobierno entrante.
En este sentido, los planes de seguridad de las dos candidatas con posibilidades de ganar la presidencia de México son muy parecidos, tanto Claudia Sheinbaum como Xóchitl Gálvez identifican claramente las graves deficiencias que han estancado la seguridad pública y la lucha contra el crimen organizado, especialmente la ausencia de coordinación en los tres niveles de gobierno y el combate a la corrupción. Si bien Sheinbaum y Gálvez se han planteado como objetivo encauzar los recursos estatales en las regiones más peligrosas del país, ninguna de ellas ha propuesto un viraje brusco de la participación militar en las tareas de seguridad pública, postura que apunta, acertadamente, a prevenir riesgos, ya que una rápida retirada de los militares conllevaría una desestablización en las zonas más inseguras.
No obstante, ambas contendientes han presentado distinciones de lo que podría ser su política de seguridad pública, mientras Sheinbaum promete continuidad, Gálvez ofrece acabar con los “abrazos, no balazos” del presidente López Obrador.
Claudia Sheinbaum sin duda ha sido evasiva, sin embargo se advierte en su plataforma política y en discursos que su plan de seguridad pública tendrá un enfoque de inteligencia e investigación, coordinación interinstitucional y concentración geográfica. En este sentido, la candidata de MORENA ha prometido redoblar los programas sociales para las poblaciones más vulnerables a la delincuencia y ha señalado que la Guardia Nacional seguiría en la Secretaría de la Defensa, pero se le ampliarían sus atribuciones de investigación e inteligencia, así como se le dotaría de nuevos protocolos de intercambio de información, al tiempo que ha propuesto establecer “Planes integrales de combate al crimen organizado”, que combinen fuerzas federales y estatales en operaciones conjuntas que se concentrarían en los diez estados que concentran el 41% del total de los homicidios en México.
Por su parte, Xóchitl Gálvez busca distanciarse de la “guerra contra las drogas” que lideró Felipe Calderón y aunque ha prometido abiertamente desmilitarizar la seguridad pública y duplicar el número de policías estatales y municipales, lo cierto es que sostiene ambiguamente que mantendrá a la Guardia Nacional y duplicará su personal, el cual en el corto plazo estará integrado por militares, pero éstos actuarán bajo un mando civil. La ambigüedad de Gálvez también se manifiesta en sus afirmaciones de que las fuerzas armadas deben regresar a su misión original de defensa nacional, no obstante, destaca que entre las tareas de los militares se encuentran combatir a las organizaciones criminales. Al igual que Sheinbaum, Gálvez insiste en la necesidad de programas sociales, pero con un enfoque en el consumo de drogas, además de que aboga por una mayor concentración de las estrategias de seguridad en las regiones más inseguras, con énfasis en la lucha contra la extorsión, la cooperación entre los tres órdenes de gobierno bajo un “sistema nacional de seguridad”, y el fortalecimiento de la recopilación de inteligencia.
En resumen, más allá de qué gane Claudia Sheinbaum o Xóchitl Gálvez el 2 de junio, la dependencia en las fuerzas armadas en la seguridad pública México será una constante, pues debe quedarnos claro que los procesos de reformas profundas suelen ser lentos y, en ocasiones, sus resultados decepcionantes en el corto plazo. Lo qué sí, el nuevo gobierno tendrá la oportunidad de reorganizar el apoyo militar y deberá esforzarse por modernizar los órganos judiciales y de seguridad civil existentes, los cuales hasta ahora han demostrado ser incapaces de enfrentar la impunidad, en particular por la corrupción de los funcionarios.