En el gobierno de López Obrador, la venganza parece haberse convertido en una herramienta de estado más que en una excepción a la regla. Esta táctica de gobernabilidad se ha manifestado en la forma de responder a los cuestionamientos, y se ha extendido a la persecución activa de opositores y críticos, como lo muestra el caso de María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad.
María Amparo Casar ha sido mencionada y atacada de manera despectiva en más de 60 conferencias matutinas. El punto máximo de esta persecución se alcanzó cuando el presidente expuso públicamente datos personales de ella y su familia, una clara violación a su privacidad y un acto intimidatorio que refleja la severidad de la represalia presidencial por su trabajo contra la corrupción.
Este incidente evidencia un claro alejamiento de los principios democráticos y un acercamiento hacia las prácticas autoritarias. Además, en los últimos días, Petróleos Mexicanos (PEMEX), claramente dirigido e influenciado por el Ejecutivo, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra ella, lo cual subraya el uso del aparato estatal para intimidar y silenciar a las voces disidentes.
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Ejemplos tenemos muchos: desde la forma en que el presidente trató a periodistas como Carlos Loret de Mola y Jorge Ramos, hasta su respuesta a los cuestionamientos sobre su administración. López Obrador ha mostrado una disposición a usar la información y el poder estatal no para esclarecer, más bien para castigar. Este patrón preocupante se repite y destaca el uso indebido del poder en manos del gobierno.
Con cada ataque a la prensa y a la oposición, se deteriora la confianza en nuestras instituciones y se compromete la integridad de nuestra democracia. Es urgente que reconozcamos estos actos no como simples respuestas políticas, sino como estrategias de un gobierno que prefiere la represalia en lugar del diálogo y la transparencia.
Esta situación pone en grave riesgo la libertad de expresión, la justicia, la legalidad y la estabilidad de nuestro país. Frente a esta realidad, es crucial que la ciudadanía se mantenga informada y activa con el objetivo de defender los pilares de nuestra democracia. El compromiso con la justicia y la transparencia debe ser firme y constante para asegurar un entorno político que realmente proteja y respalde a las y los mexicanos.