El pasado mes de marzo se presentaron dos hechos interconectados en Taxco, Guerrero que estremecieron a la opinión pública. El secuestro y homicidio de una menor de ocho años y, derivado de ello, el brutal linchamiento de las personas señaladas como culpables, así como el homicidio de una de ellas.
Más que narrar los detalles de estos sucesos, como se han centrado numerosas notas y publicaciones amarillistas difundidas en las redes sociales y en los medios convencionales de comunicación, los lamentables sucesos obligan a la reflexión sobre las expresiones violentas en esa entidad y en el resto del país.
Particularmente, resulta de gran importancia cuestionar el lugar común que asume que la ausencia o la debilidad del Estado son las causas de los linchamientos, así como de otras formas de acción colectiva contenciosa. Tal argumento resulta problemático no sólo porque simplifica la complejidad del fenómeno, sino porque en el fondo pugna por una mayor presencia estatal mediante el uso de la fuerza por las instituciones de seguridad.
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De acuerdo con Gema Kloppe-Santamaría (2020), quien realizó un destacado estudio sobre los linchamientos en el México posrevolucionario, dichas acciones no pueden ser explicadas por la ausencia de las instituciones estatales; por el contrario, se deben a la presencia de autoridades que son percibidas como abusivas y, al mismo tiempo, incapaces de castigar adecuadamente a las personas infractoras de la ley para impartir justicia.
Además, resulta notable que, según la autora, exista una correlación entre el respaldo de la ciudadanía a la "ley de fuga" —cuando las autoridades matan a un detenido, supuestamente por intentar escapar— y los actos de linchamiento. Incluso se observó que en algunas ocasiones los intentos de linchamiento culminaron en la aplicación de la "ley de fuga", o viceversa. Esta situación plantea una paradoja, pues implica que la ciudadanía respalda la participación en acciones extralegales por parte de la autoridad, a pesar de desconfiar o percibir a dicha autoridad como abusiva y corrupta (Kloppe-Santamaría, 2020).
De tal manera, está comprobado que actualmente, cuando las personas respaldan acciones punitivas por parte del Estado, incluso aquellas que contravienen la normativa constitucional, como la pena de muerte o las ejecuciones extralegales, así como cuando desconfían de los elementos de seguridad pública, es más probable que aprueben el linchamiento y otras formas de defensa comunitaria (Hernández Morales, 2021).
Por su puesto, esta aparente contradicción debe discutirse a la luz del contexto específico de entidades como Guerrero, en donde históricamente ha habido intervenciones estatales centradas en el despliegue de elementos militares y policiales, sin que ello signifique una disminución o contención de la violencia criminal. Por el contrario, los grupos delictivos se han expandido, al igual que los abusos de las fuerzas del orden sobre la población.
Específicamente, Taxco ha sido escenario de tales condiciones en diferentes momentos. Por ejemplo, a finales del año pasado, doce empleados del Ayuntamiento fueron secuestrados por hombres armados. Del mismo modo, a principios de este año, la localidad enfrentó una crisis debido a las amenazas hechas por La Familia Michoacana a los transportistas, quienes son obligados a pagar una cuota para poder operar. Ante la resistencia de dicho gremio a seguir laborando en esas condiciones, se realizaron despliegues del Ejército y la Guardia Nacional, sin que ello haya significado la pacificación del lugar. Por el contrario, tal reforzamiento de la seguridad no pudo siquiera evitar los lamentables sucesos del mes de marzo.
Por tanto, es evidente que las políticas públicas deben enfocarse en romper el "círculo vicioso" que implica el uso de las fuerzas de seguridad para abordar la violencia, sin obtener resultados positivos e incluso generando consecuencias opuestas. Provocando así una mayor demanda social de endurecimiento en las medidas de seguridad, ya sea que estén o no respaldadas por la ley.
Dicho de otro modo, se trata evitar el consenso de las autoridades y la ciudadanía sobre el uso de la violencia extralegal como medida primordial para restaurar el orden en la comunidad. En ese sentido, el resto está en fomentar procesos de pacificación centrados en la construcción de una auténtica justicia restaurativa y transicional centrada en las víctimas; sin embargo, esto solo será posible con la voluntad tanto de la clase política como de la sociedad civil.
Referencias:
Hernández Morales, A. S. (2021). Reconfiguración de la legitimidad en México: Estado y defensa comunitaria. Religación. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades, 6(27). https://doi.org/10.46652/rgn.v6i27.745
Kloppe-Santamaría, G. (2020). In the Vortex of Violence. Lynching, Extralegal Justice, and the State in PostRevolutionary Mexico. University of California Press.
Alan Salvador Hernández Morales*
Es maestro en Sociología Política por el Instituto Mora y licenciado en Sociología por la UAM Xochimilco. Actualmente realiza estudios de doctorado en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), sede México.