Desde la década de los 80, la Constitución Política de nuestro país garantiza a todas las personas el derecho a la protección de la salud. Actualmente, el texto constitucional señala que “toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud” y que se “definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social”.
De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 92 millones 582 mil 812 personas están afiliadas a alguno de los sistemas de salud existentes y vigentes en el país. Mientras que, 32 millones 999 mil 713 personas no cuentan con ningún servicio médico. En el país, hay varios sistemas de salud, siendo el más utilizado el Instituto Mexicano del Seguro Social, con el 50 por ciento de quienes cuentan con derechohabiencia a servicios de salud; seguido por el Instituto de Salud para el Bienestar, con el 35 por ciento; el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado con el 8.8 por ciento; las instituciones privadas con casi el tres por ciento, y los servicios de Petróleos Mexicanos o de las Fuerzas Armadas con el 1.3 por ciento.
Sin embargo, una tercera parte de la población carece del acceso a los servicios de salud, en muchos casos son las y los habitantes de zonas marginadas históricamente quienes más padecen está carencia.
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Es en este marco, que la Organización Mundial de la Salud, a propósito del Día Mundial de la Salud, hace un llamado, con el lema, Mi salud, mi derecho, a que “todas las personas, dondequiera que estén, a tener acceso a servicios de salud, a educación y a información de calidad, así como a agua potable, aire limpio, buena alimentación, vivienda de calidad, condiciones laborales y ambientales decentes, y a no ser discriminadas”.
Con motivo de la efeméride, y en el previo al primer debate de aspirantes a la Presidencia de la República, revisamos las propuestas de cada una y uno en materia de política públicas de salud. En el caso de Xóchitl Gálvez, de Por un México sin miedo, su propuesta consiste en el fortalecimiento del apoyo a familias con miembros con discapacidad, garantizando su acceso a servicios educativos, de salud y de empleo; la reactivación del Seguro Popular; garantizar que la ciudadanía tenga acceso a la salud digna; evitar el desabasto de medicamentos; atención médica en hospital público o privado e incluir en los gastos a cubrir por el gobierno los aparatos auditivos, prótesis dentales y cirugías de cataratas para adultos mayores.
Jorge Maynez, de Movimiento Ciudadano, ha propuesto acceso a servicios de salud a todas las mujeres y adultos mayores; servicios de salud para el acceso seguro a la interrupción legal del embarazo y la digitalización de los sistemas de salud.
De la alianza Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum Pardo, apostaría por la continuidad de un sistema de salud universal y gratuito; promover la activación deportiva casa por casa y motivando a toda la población a practicar algún deporte como medio para prevenir enfermedades crónicas degenerativas; espacios de prevención, donde se atenderá salud mental, prevención de las adicciones, la salud bucal y exámenes de la vista gratuitos en las escuelas primarias; la creación de un Programa Nacional de Salud Mental para el Bienestar, dirigido a jóvenes, a personas de la tercera edad y a personas víctimas de violencia y el acceso a la salud de las mujeres en todo su ciclo de vida, especialmente en lo referente a la salud sexual y reproductiva.
Estas propuestas, y tal vez, algunas más, serán expuestas durante el debate del próximo 7 de abril. Sin embargo, las mismas, podrían parecer más paliativos, entendidos como esos procesos de alivio temporal, que como una cura de fondo, ante el panorama que ha asolado a los sistemas de salud en las últimas décadas.
Si bien, en los últimos seis años, hubo un avance en el reconocimiento y la implementación del derecho a la salud, al buscar su ampliación progresiva, en realidad, el panorama demográfico y epidemiológico del país está sufriendo cambios sustanciales debido a un envejecimiento del grueso poblacional y el incremento de los índices de las tasas de enfermedades crónica degenerativas. Además de la falta de fuentes de financiamiento de los mismos y el posible incremento de personas sin acceso a los sistemas de salud conforme a su exposición a cierta vulnerabilidad económica.
Por lo tanto, se requiere de una reingeniería de los sistemas de salud, continuar con el debate sobre la unificación de los mismos o la continuación del esquema actual; apostar por la prevención por medio de programas de educación para la salud en los niveles básicos de educación y promoción de la salud para la población en general; reforzar la atención de primer nivel a fin de garantizar un contacto efectivo entre las instituciones de salud y las personas; evaluar los precios de los medicamentos autorizados en el país y replantear los esquemas de compras; evaluar a los sistemas vigentes para detectar áreas de oportunidad y de mejoramiento; replantear los esquemas de financiación y dar prioridad a las personas por sobre otras cosas.
Tal vez no todo lo planteado anteriormente pueda resolverse durante el siguiente sexenio, pero si deberían ponerse los cimientos para un cambio al acceso actual a los servicios de salud en el país, su funcionamiento y su alcance, pues, de lo contrario, el derecho a la protección de la salud podría reducirse, y no ampliarse.