México y Estados Unidos poseen una relación compleja, derivada de una frontera geográfica, cultural, de seguridad, económica y política, con beneficios y perjuicios para ambas partes, en el que a veces se gana y a veces se pierde.
Desde siempre una de las preocupaciones del gobierno norteamericano en la relación con nuestro país lo constituye, además de los temas económicos, los temas de la agenda de seguridad.
Sobre los temas económicos, la noticia de la culminación de las negociaciones del acuerdo entre Estados Unidos y Canadá, que sustituye al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), abre una nueva etapa en las relaciones con nuestro vecino país del norte.
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Pero la economía va muy de la mano con los temas de seguridad, agenda prioritaria del gobierno norteamericano, en el que ambos gobiernos han cometido excesos en seguridad.
En febrero de 2011 el gobierno del vecino país del norte comenzó a realizar vuelos espías con aviones no tripulados, con el objeto de recoger información de inteligencia sobre la actividad de los principales cárteles de la droga en la frontera con México.
También el operativo “rápido y furioso” dado a conocer por un agente norteamericano, en el que el gobierno de ese país señala que nuestras autoridades estaban debidamente avisadas, en el que se introdujeron armas de manera ilegal.
Pero de este lado el problema no es sencillo. El saludo que hizo el presidente López Obrador a la madre de Joaquín Guzmán Loera “El Chapo” y el reconocimiento a la liberación del hijo de El Chapo, Ovidio Guzmán no será pasado de largo en las pláticas sobre la preocupación de la seguridad mexicana.
Tampoco la liberación de la madre y la hermana de José Antonio Yépez Ortíz “El Marro”, así como el soborno al Poder Judicial para liberar a José Ángel Casarrubias “El Mochomo”, junto con el intento de asesinato del secretario de seguridad de la ciudad de México, presuntamente realizado por el CJNG.
Se trata de sucesos que exponen la corrupción sistémica en algunas dependencias de los órganos del Estado mexicano, pero que su impacto puede ser determinante para la permanencia de las inversiones extranjeras.
Uno de los riesgos del avance de la violencia lo constituye, que Washington presione al gobierno mexicano, para nuevamente permitir que agencias de inteligencias norteamericanas instalen oficinas de coordinación, pero no sucedió en esta administración.
Hoy el informe sobre las prácticas de derechos humanos en el mundo que expidió el Departamento de Estado norteamericano ha puesto a México en una posición que resalta las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, feminicidios, actos de tortura, libertad de expresión y violencia de género, principalmente, aunque hábilmente el presidente López Obrador ha descalificado, pero no deja de evidenciar una relación con pinzas.