La mayoría de las políticas públicas de seguridad responden a un análisis, diagnóstico, detección de necesidades o evaluación del problema, principalmente, y con estos insumos se diseñan estrategias o políticas públicas, tomando como base los estudios que arrojan las ciencias sociales. Así la mayoría de las políticas públicas.
Por ejemplo, para el uso de la fuerza una parte del sustento dogmático recae en los teóricos que refieren que la seguridad es el fin del Estado, pudiendo utilizar los medios necesarios. Esa premisa se ha transformado y ha incorporado la licitud.
Uno más se basa en que el Estado detenta el monopolio del uso legítimo de la violencia, traducido a todos los medios y formas de mantener la seguridad, cuyo autor es el sociólogo alemán Max Weber.
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La función de Estado de seguridad que se encuentra en el artículo 21 constitucional y que versa que dicha función recae en la Federación, las entidades federativas y sus municipios para que contribuyan a la generación y preservación del orden público y la paz social, ha sido rebasado y hoy en día es anacrónico. Está rebasado debido a que la salvaguarda de la vida, de las libertades, de la integridad, así como del patrimonio de las personas, son fines que las instituciones no pueden garantizar. Es anacrónico porque responde a un modelo político distinto del que gobierna hoy en día en México.
Los ajustes que ha realizado el Constituyente Permanente se ciñen a la creación de una nueva institución, como lo es, la Guardia Nacional, tal como lo hizo la administración de Vicente Fox al crear la Secretaría de Seguridad Pública con Alejandro Gertz Manero, como su primer titular.
Hasta antes del triunfo de Fox en el año 200 la seguridad del país estaba sostenida por hilos o acuerdos locales o regionales que involucraba la voluntad política o el acuerdo institucional de los gobernantes. Claro que había delincuencia entonces. Siempre la ha habido. Pero usted y yo podíamos acudir a una fiesta y salir a altas horas de la noche sin el temor de ser sujetos de un delito.
El orden público y la paz social a que se refieren los fines de la seguridad han sido superados por las nuevas formas que ha adoptado la delincuencia. No es el carterista del transporte o el robo a mano armada.
Nuevas formas se han enquistado en la delincuencia, como el cobro de derecho de piso, el aseguramiento o secuestro de provisiones de boca o la ciberdelincuencia, las que ahora superaron las viejas formas de la delincuencia.
Estas nuevas formas son las que no encuentran cabida en los fines de la seguridad o en la contribución de las instituciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno.
Aumentar el estado de fuerza como estrategia táctica de presencia, no soluciona el problema, ni lo agrava.
Persisten las causas estructurales o la ausencia de control de la seguridad por mencionar algunos, que no se solucionan cambiando de gobierno cada seis años y que sus objetivos en algunas ocasiones no coinciden con la realidad.