El sistema de seguridad mexicano parece tener un elemento de desarticulación, que la hace a simple vista inviable.
En la fiscalía general de la República (FGR) se inserta en la investigación de delitos del orden federal junto con la integración de carpetas de investigación y su consignación a jueces federales en materia penal.
Por lo que toca a las acciones del campo de seguridad a nivel federal se encuentran los trabajos policiales de la Guardia Nacional (GN) y la coadyuvancia de las Fuerzas Armadas Mexicanas (FAM).
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En este entramado de funciones y atribuciones se insertan las Policías Estatales y Municipales, con acciones preventivas y de persecución de los delitos del fuero común, pudiendo coadyuvar con las autoridades federales en la persecución de algunos delitos.
Posteriormente se encuentran los órganos jurisdiccionales del orden federal y para los delitos del fuero común que, mediante el sistema de juzgados y tribunales, federales y locales, imparten justicia a quién la autoridad presente como presunto delincuente.
Por último, se encuentran los centros penitenciarios del sistema federal y estatal que contribuye a purgar una condena y a la reinserción social de los sentenciados.
Hasta aquí a grandes rasgos se explican algunos de los procesos de las instituciones integrantes del sistema de seguridad mexicano, en el que sus procesos, métodos, líneas de acción u objetivos, se cruzan entre sí constituyendo las partes de un todo.
En teoría debería ser suficiente para que la estrategia de seguridad funcione, aunque existen algunos elementos conceptuales en la Constitución que quizás impidan su interpretación y funcionamiento institucional, es decir la política ideal.
Hay algo o mucho que impide que este entramado de atribuciones, aisladas o conjuntas, se articule adecuadamente para que prospere la seguridad. Es posible que, entre la voluntad política de algunas acciones de la Federación, de las Entidades Federativas, sumadas a la corrupción e impunidad no lo permitan.
Cuando por cualquier razón la prevención, la procuración y la impartición de justicia presentan deficiencias, es que se presenta la ausencia de un castigo a una falta o un delito.
Esta ausencia produce diferencias en la procuración e impartición de justicia, abre la brecha de desigualdad, genera inconsistencias y deficiencias en los sistemas y subsistemas de procuración e impartición de justicia y, quizás lo más importante, la ciudadanía se siente desprotegida, desamparada y sin saber a quién recurrir.
Cuando la autoridad renuncia o se desentiende de su responsabilidad en la función de seguridad, en la función de procuración, impartición de justicia o en la función jurisdiccional, aparece una ciudadanía furiosa y deseosa de justicia que trae consigo el fenómeno social derivado de los ajusticiamientos o linchamientos en algunas partes del país.
No falta la insulsa e impertinente autoridad que viene a revictimizar y a provocar en la sensibilidad ciudadana un frenético reclamo de incapacidad gubernamental.