Cientos de trabajadores de la Cámara de Diputados viven momentos de incertidumbre por su inminente liquidación de fin de legislatura. El problema es que están adelantando su salida para mayo cuando la mayoría de los contratos la prevén al 31 de agosto.
Lo que más preocupa es que muchos de los empleados por honorarios saldrán con lo que se llevaron puesto, pues no se prevé ninguna compensación y sólo se irán con su última quincena.
Nos cuentan que la secretaria general, Graciela Báez Ricardez y Juan Carlos Cummings García, titular de servicios administrativos no la tendrán nada fácil por las decenas de demandas que recibirán para que las liquidaciones se lleven a cabo conforme a la ley.
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Por lo pronto, las protestas no se hicieron esperar y hace unos días un grupo numeroso del personal por honorarios se inconformó en las instalaciones de San Lázaro exigiendo sus derechos y el pago, por lo menos, de 3 meses de salario.
En los pasillos de la Cámara baja aseguran que no se cuenta con el dinero suficiente para pagar los compromisos laborales. Cabe recordar que, de ser el caso, ésta no sería la primera vez que ocurre una falta de recursos en Diputados, en el 2010 se tuvo que pedir un préstamo para completar el presupuesto, alternativa que por ahora no se ha informado.
Hasta el momento son contados los partidos que levantaron la mano para defender a su personal, entre ellos el PT, quien en un acuerdo verbal aseguró que buscaría conservar a sus empleados por honorarios hasta el 31 de agosto. Caso contrario ocurre con los trabajadores de Morena, a quienes en su mayoría ya les hicieron firmar su renuncia por adelantado.
Pero la pregunta que muchos nos hacemos es: ¿Se dará el mismo trato a los 500 diputados? ¿Y las subvenciones de los grupos parlamentarios? ¿También ellos se despedirán de su curul sin un peso en la bolsa más que su salario neto?
Preocupa reforma a pensiones
Y ya que hablamos de San Lázaro, hay una creciente preocupación de los especialistas por la iniciativa de reformas al sistema de pensiones que presentó Morena en Diputados y que se ya aprobó en comisiones.
Los que más saben afirman que la propuesta es peligrosa. Y aunque no se tocarán ni se expropiarán los recursos de los trabajadores, es un planteamiento injusto para el ahorro, ya que, si una persona no reclama su jubilación a los 70 años, su dinero se canalizará para financiar otras pensiones.
Tampoco queda claro si alcanzará el dinero del fondo, lo que necesariamente llevará a un riesgo reputacional para el régimen de pensiones; si en largo plazo no se cumplen las expectativas por la insuficiencia de recursos se comprometerá la viabilidad financiera del país.
La ley actual establece una ventana de 10 años -75 años- para que las personas puedan reclamar su dinero, al término de este plazo si los recursos no se solicitan, la legislación prevé que éste se destine a financiar las reservas del IMSS, pero hasta ahora ningún gobierno se había atrevido a hacer uso de ese ahorro. Sin embargo, el actual gobierno no sólo lo hará, sino que además reducirá el plazo a cinco años.
En la actualidad hay 73 millones de mexicanos con una cuenta de Afore y con esta reforma se generan falsas expectativas y una confusión que terminará dañando la reputación del gobierno en el largo plazo.
Así las cosas…