Nuevamente se vive una ola de violencia ante la falta de justicia y la dilación para el ejercicio de la acción penal por parte de las autoridades encargadas de la persecución penal y de la administración de la justicia, la cual se ha vuelto una práctica común en cada una de las entidades federativas. Sin embargo, la torpeza de aquellos funcionarios solo se limitan a decirnos que existe un problema, pero no le dan solución a las víctimas, quienes se enfrentan a la alta burocracia, dejando de lado la justicia pronta y expedita, ante la falta de: 1) capacitación del primer respondiente, 2) la nula ejecución en la operación, investigación e inteligencia para la investigación y persecución de los delitos por parte de la policía de investigación y 3) el exceso de dilación para materializar la justicia pronta y expedita por los jueces de control, para calificar de legal la detención, la formulación de la imputación, vinculación a proceso al imputado, establecimiento de medidas, guiar la audiencia intermedia y desahogo de pruebas, dictar el auto de apertura a juicio oral y su sentencia, las cuales se van difiriendo, alrgando el proceso o simplemente se desecha la imputación ante la falta de elementos materiales probatorios que debería contar en su teoría del caso el Ministerio Público. Esa es nuestra triste y actual realidad.
Hoy nuevamente la seguridad pública es vulnerada por toda clase de delincuentes, desde las bandas locales hasta los miembros de la delincuencia organizada (cárteles) ante la evidente omisión de gobernadores, secretarios de seguridad pública, fiscales y autoridades jurisdiccionales.
Hoy recibimos promesas de campaña con propuestas en materia de seguridad que no tienen ni pies ni cabeza, ya que no se ajustan a las necesidades que requiere el ciudadano para poder desarrollar sus actividades. Existen muchos monopolios en las diferentes actividades económicas que dominan los delincuentes como el cobro de derecho de piso. La modalidad es: si no pagas, te secuestran, te sabotean tu negocio o te intimidan con amenazas a la integridad física o a la familia. Las autoridades se justifican diciendo que mientras no haya denuncia, no hay investigación. Entonces ¿dónde está el trabajo de las autoridades en sus estudios de criminalidad y análisis de riesgos? ¿Dónde está la prevención del delito? Ahí es donde los ciudadanos debemos alzar la voz para denunciar tanto en las redes sociales como en medios de comunicación.
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Es necesario explicar cómo se dividen las funciones y sus responsabilidades, mediante el siguiente mapa conceptual:
Está muy claro que quienes son los responsables de la seguridad en México no son los militares, son los funcionarios públicos que por sus atribuciones y facultades siguen siendo omisos. No existe supervisión, control y seguimiento para prevenir el delito, ni se hace lo necesario para perseguir a todas esas bandas que operan con impunidad, en las carreteras, en los poblados, en el transporte público, en las calles, etc.
La propaganda de los personajes políticos de derecha habla sobre que existe un exceso de funciones por parte del personal militar, argumentando que ellos son los responsables de cuidar a los ciudadanos. Pero hablar de militarización/militarismo en México es una falacia, por lo que me permitiré darles un ejemplo de la militarización que se vive en otros países y cómo se prohíbe a sus ciudadanos tener ciertas libertades, las cuales sí se practican en México y las enumero de la forma siguiente:
1. No se permite escuchar la diversidad de géneros de música de países extranjeros.
2. No se permite la venta de ciertos productos.
3. No se permite la libertad de expresión.
4. No existe la propiedad privada.
5. No hay libertad de libre tránsito.
6. No se permiten cortes de cabello o peinados ilegales.
7. El sistema socialista siempre rinde culto a sus líderes.
8. Está prohibida la comunicación o llamadas internacionales.
9. El delito de una persona se considera que también es delito de la familia.
10. Están restringidos los canales de televisión.
11. Existe prohibición de cierta vestimenta o de comportamientos.
12. Se castiga a los padres por el mal comportamiento de sus hijos.
13. Se prohíben los diferentes tipos de religiones.
14. Está prohibido el internet global.
15. Están prohibidas las noticias o propaganda no autorizada.
16. Existe racionamiento de alimentos.
17. No hay garantías equitativas a los ciudadanos.
18. Los militares si participan en puestos clave del gobierno, estando en servicio activo.
Por lo anterior, en este tipo de dictaduras el autoritarismo y la militarización es parte de la normalidad de ciertos países. Ya que a la sociedad se le implementa una hegemonía en la educación y se les obliga a mantener una disciplina extrema. La seguridad nacional es primordial, la información es restringida y clasificada, hay control extremo de la población, sus recursos naturales y fronteras. Este control evita que los delincuentes de todo tipo puedan operar de forma abierta.
Se han preguntado ¿por qué existe la pena de muerte para los que se dedican al narcotráfico, por ejemplo, en Afganistán, Arabia Saudita, Bangladesh, Brunei, China, Filipinas, Corea del Norte, Catar, Emiratos Árabes, India, Indonesia, Irán, Irak, Jordania, Kuwait, Laos, Malasia, Omán, Pakistán, Singapur, Sri Lanka, Siria, Tailandia, Taiwán, Vietnam y Yemen, ante tales ejemplos? Yo me pregunto ¿por qué aquí en México los funcionarios no nos demuestran tanta negligencia? ¿Por qué son tan torpes para desempeñar un cargo de alto nivel? ¿Por qué los tres órdenes de gobierno y los legisladores representantes del pueblo no exigen el cumplimiento de la constitución y las leyes? Hasta el momento no se han logrado controlar todo ese catálogo de delitos: narcotráfico, uso de armamento exclusivo del ejército, huachicoleo de gasolina, diésel y gas, asalto, secuestro, extorsión, etc.
Pareciera que parte de los gobernadores, secretarios, jueces y fiscales sufren de ceguera y sordera. Por todo lo mencionado, sufrimos de un fenómeno de macro-criminalidad. El medio de comunicación LA CRÓNICA la define como: “…Se refiere a las redes criminales que operan a gran escala, con conexiones políticas, económicas y sociales, y que cometen delitos graves que afectan a los derechos humanos, el medio ambiente, la democracia y el Estado de Derecho la corrupción y la omisión de los funcionarios públicos…”
Ahora bien, como ya lo he explicado en anteriores columnas, cada entidad federativa manifiesta haber sido rebasada su capacidad de respuesta para contener a la delincuencia organizada, a los grupos armados o las bandas locales que aquejan a un área geográfica. Ante esta situación, el congreso local, dentro de sus facultades y atribuciones, solicita al Presidente el apoyo y autorización para que participen las Fuerzas Armadas Mexicanas en la seguridad. Pero todos estos gobiernos quieren que el soldado lo haga todo: detenga, investigue, haga inteligencia, haga las puestas a disposición y realice el trabajo que le corresponde a los servidores públicos, los cuales son civiles y cobran un sueldo sin dar resultados, resultando obsoletos e ineficientes, cuando sus sueldos se pagan con los impuestos que pagamos todos los ciudadanos.
Al revisar los hechos del secuestro masivo de ciudadanos en Culiacán, Sinaloa, surgen las siguientes interrogantes:
1. ¿En dónde está la estrategia de seguridad?
2. ¿Dónde está el análisis de riesgos?
3. ¿Dónde está el mapa delictivo?
4. ¿Dónde está la incidencia delictiva?
5. ¿Dónde están las políticas públicas para mejorar la seguridad?
6. ¿Dónde los alertamientos y seguimiento del Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo (C4)?
7. ¿Por qué siguen operando las bandas locales con impunidad?
8. ¿Por qué existen grupos armados transitando sin ningún problema en las inmediaciones de las sindicaturas?
9. ¿Por qué la Fiscalía Estatal no ejerce la acción penal en contra de las facciones del cartel que impera en Sinaloa?
10. ¿Dónde están los operativos de personal militar para inhibir a los grupos armados que utilizan armamento de uso exclusivo del ejército?
11. ¿Dónde está el gobernador y sus asesores?
12. ¿Dónde está el fiscal General del estado de Sinaloa y el Fiscal General de la República?