Nuevamente el escándalo hace presa a la ex fiscal Sandra Valdovinos, ya que en reciente fecha, el medio de comunicación El Sol de México publicó lo siguiente: “…La Auditoría General del Estado de Guerrero detectó irregularidades por más de 700 millones de pesos en la Fiscalía General del Estado (FGE) en la cuenta pública 2022 cuando estuvo al frente de la institución Sandra Luz Valdovinos Salmerón, quien fue destituida del cargo por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, por el manejo del caso de Yanqui Khotan Gómez, estudiante normalista presuntamente asesinado por un policía estatal.
De acuerdo con el resultado de la auditoría número 2022-B-CF-64A-011-2023, algunas de las inconsistencias se hallaron en salarios irregulares a trabajadores por más de 282 millones de pesos, 120 millones en bonos no justificados y pagos no realizados al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) por casi tres millones de pesos y 61 millones al Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Además, la Auditoría, órgano fiscalizador del Congreso de Guerrero, detectó una diferencia de más 119 millones de pesos entre el gasto y el recurso que se transfirió a la Fiscalía sin que hubiera aprobación para reasignarlos y se constató que devengó más de 138 millones de pesos en partidas específicas que no contaron con suficiencia presupuestal, es decir en gastos que no debería realizar, con lo que las inconsistencias en la cuenta pública 2022 de la Fiscalía de Guerrero superan los 700 millones de pesos…”
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Como se puede observar, son una serie de anomalías que se logran detectar, entre las siguientes:
1. El desvío de recursos en sueldos y bonos a personal que no le correspondía.
2. Tráfico de influencias y nepotismo, ya que algunos servicios públicos no cubrieron los perfiles de acuerdo con los cargos que ostentan.
3. Abuso por parte del patrón y sus representantes, debido a que en los movimientos de cambio de adscripción del personal no se respetaron las normas del procedimiento de conformidad con la Ley Federal del Trabajo.
4. Abuso por parte del patrón y sus representantes, por el despido injustificado masivo, siendo materializado por la responsable del área de Recursos Humanos (por instrucciones de la Exfiscal).
5. El incumplimiento ante SEDENA, por la falta de actualización en la renovación de la Licencia Colectiva Oficial (LOC) ya que no cuenta con la documentación que ampare o acredite los exámenes médicos, psicológicos y toxicológico de todo el personal que por su índole -actividades operativas-, requiere del uso de un arma de fuego.
6. No acredita con transparencia el ejercicio del presupuesto para construcción o adquisición de obra pública, así como de adquisición o renta de equipo y materiales.
7. No acredita la falta de capacitación para el personal operativo de la institución.
8. No acredita el control de sus bienes inmuebles y muebles, así como el gasto de combustible.
9. No existe transparencia del soporte contable y estados financieros para llevar a cabo el buen cumplimiento de la ley de contabilidad gubernamental.
No cabe duda de que la abogada Sandra Valdovinos pasó de noche las filas castrenses, denigra al uniforme y las insignias que porta, fue engullida por la corrupción y se embriagó de poder, dejando de lado los valores, la integridad y el liderazgo que todo Jefe militar debe mostrar. Hoy el gremio verde olivo sufre el menosprecio, ya que este tipo de personas, le dan la razón a todos aquellos que hablan mal del ejército, yo no sé qué tipo de ética le enseñaron en su institución académica y los instructores que le impartieron su CABIR, porque hoy su actuación manchó el HONOR del ejército.
Las falacias sobre seguridad por parte de la candidata Xóchitl
Nuevamente el equipo de asesores de la candidata Xóchitl Gálvez, no logra explicarle que su propuesta sobre seguridad es una falacia. Haremos un refrescamiento de memoria para recordarle que fue su partido político quien comenzó a utilizar al personal militar para sus planes y bajos instintos, se les olvida que gracias a ellos, hoy existen muchos militares muertos o encarcelados. Fueron ellos quienes se olvidaron de las familias que sufrieron los daños colaterales de la Guerra de Calderón. Con qué cara nuevamente quieren lanzar al personal militar a perseguir delincuentes sin un marco jurídico. De acuerdo con el fuero militar, en México nos encontramos en TIEMPOS DE PAZ y no en TIEMPOS DE GUERRA. ¿Cómo es posible que diga que va activar la inteligencia de SEDENA si no hay operaciones militares en contra de un enemigo del exterior y que justifique esta acción? Recordemos que en TIEMPOS DE PAZ, la facultad de crear productos y estudios de blancos relacionados con la Inteligencia, le corresponde al Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
Por otro lado, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice a la letra: “… Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial. La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia …”.
Por consiguiente, ya nos queda claro quiénes son los responsables de perseguir y ejercitar la acción penal en contra de los delincuentes que cometen homicidios, feminicidios, extorsiones, y cobro de piso.
La Constitución es muy clara, los responsables NO son los soldados, en consecuencia, los que permiten que los delincuentes operen con total impunidad son todos aquellos funcionarios públicos que por obligación y facultad no hacen su trabajo. Ellos son quienes cometen el delito de omisión por comisión, ya que fingen demencia, mientras que los delincuentes andan como si nada, y ante la puerta giratoria de una carpeta de investigación mal integrada.
Para muestra un botón, tenemos por ejemplo las demarcaciones territoriales de las alcaldías de Venustiano Carranza y Cuauhtémoc, en donde con sólo pasar caminando se observan muchos problemas urbanos y sociales, como el clientelismo político, el ambulantaje, la falta de espacios, delincuencia, los prestamistas agiotistas, pobreza y prostitución. Es ahí donde la policía brilla por su ausencia, y aunque algunos –que portan su sector de Congreso– andan solo paseando y a pesar de vern las faltas administrativas o la comisión de delitos, no hacen nada. Y es ahí, donde se fuma mariguana en lugares masivos, donde los expendios permiten beber bebidas embriagantes en plena vía pública, donde los falderos se reúnen por las tardes a repartirse el botín sin pena alguna. Aquí es donde los funcionarios públicos nos mienten con sus falacias de seguridad, y ante la falta de denuncia debido a la intimidación y amenazas, continúan proliferando las malas prácticas y ejecución de delitos. Hasta un tarado se daría cuenta de toda esta aberración de falta de seguridad.
Jugar con la ilusión de los ciudadanos es políticamente incorrecto, ya que, para poder brindar seguridad se requiere el desmantelamiento de los miembros que integran las bandas tanto de delincuencia organizada como locales. Se precisa de la fuerza del estado materializada por la policía de investigación y sus ministerios públicos, se necesita crear estudios, mapas e índices delictivos, ya que muchas bandas están integradas por familiares o amigos que operan en los puntos rojos. Cuando existen las ganas de cumplir se nota, y cuando no también.
Por todo lo anterior, me permitiré ilustrar a la candidata y sus asesores.
¿Qué es Seguridad Nacional?
Por su parte, la Ley de Seguridad Nacional en su artículo 3 la define como las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano que conlleven a:
1. Proteger al país frente a riesgos y amenazas.
2. Preservar la soberanía e independencia nacionales y la defensa del territorio.
3. Mantener el orden constitucional y la unidad de la federación, así como fortalecer las instituciones democráticas de gobierno.
4. Defender al país frente a otros Estados o sujetos de derecho internacional.
5. Preservar el régimen democrático fundado en el desarrollo social, económico y político.