En el artículo anterior detallamos los tipos de violencia contras las mujeres que pueden cometerse, de acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia: sexual, psicológica, patrimonial, física, económica y por interpósita persona.
Como lo prometimos, en la presente entrega abundaremos sobre las rutas para denunciar la violencia política de género, una conducta definida en la ley antes citada como “ toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo”.
El artículo 442 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales precisa que las quejas o denuncias por esta infracción se sustanciarán a través del procedimiento especial sancionador.
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Dicho procedimiento es sumarísimo. Inicia con la presentación de una denuncia ante el INE (a través de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, o bien, de sus juntas locales y distritales), instancia que tendrá a su cargo la sustanciación de dicho procedimiento.
El INE debe enviar el expediente del caso a la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, responsable de emitir una resolución en primera instancia.
Es importante aclarar que para investigar esta infracción debe mediar denuncia, es decir, no se investiga de oficio y el desistimiento opera si la denunciante así lo quiere. Además, quien denuncia puede mantener sus datos personales como reservados.
Cuando se presenta la denuncia es posible solicitar medidas cautelares, tendientes a que la conducta cese en tanto se resuelve el fondo del asunto, o medidas de protección, cuya finalidad es resguardar la vida o integridad física.
Si tienes dudas sobre una conducta que pueda constituir violencia política de género, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuenta con una Defensoría Pública Electoral que brinda asesoría y representación jurídica.
Pero la llamada VPG también se considera un delito, de acuerdo con el artículo 20 bis de la Ley General en Materia de Delitos Electorales. Según la conducta cometida, las sanciones van de uno a seis años de prisión y multas de entre 50 y 300 días de multa.
Cuando el delito lo cometa una persona servidora pública, funcionaria electoral o partidista, aspirante, precandidata o candidata, la pena aumentará en un tercio.
Si se comete contra una mujer perteneciente a un pueblo o comunidad indígena, la pena se incrementará en 50 por ciento.
Para denunciar este delito puedes acudir a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales o a las fiscalías electorales locales.
Es posible denunciar la violencia política de género por las dos vías (administrativa y penal) de forma simultánea.
La violencia política de género también puede denunciarse a través de un juicio para la protección de los derechos político electorales de la ciudadanía y su comisión puede invocarse para solicitar la nulidad de elecciones.
Ejemplo de este último supuesto es el SUP-REC-1861-2021, en el que la Sala Superior de este tribunal confirmó la decisión de la Sala Regional Ciudad de México de declarar la nulidad de la elección del ayuntamiento de Iliatenco, Guerrero.
El combate a la violencia contra las mujeres requiere de un andamiaje legal robusto, pero este de poco servirá si no deconstruimos patrones de conducta que han normalizado las agresiones contra quienes constituyen el 51.2 por ciento de la población nacional.
Hasta nuestra próxima entrega.