A propósito del Día Internacional de la Mujer, sumado al naranja, 8 y 25 de marzo, respectivamente, resulta lamentable advertir que las agresiones machistas se siguen normalizando, al grado de lacerar nuestro cuerpo de forma tal que puede ocasionarnos la muerte.
Tal es el caso de la violencia ácida, que encierra cargas simbólicas que rompen a quienes son objeto de ella, pues los ataques químicos causan marcas que perduran en el tiempo, que llegan a desfigurar, a mutilar o a privar de la vida.
Sus consecuencias son devastadoras físicamente, porque pueden provocar ceguera, cicatrices y dolores permanentes; pero también a nivel emocional, porque desequilibran nuestra salud mental y generan rechazo social.
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La mayoría de las perjudicadas por estos corrosivos presentan un deterioro severo que, si bien no siempre les arrebata la vida, las condena a sufrir por su aspecto.
Muchos de los testimonios femeninos que la han padecido, revelan que las secuelas son un proceso lento, tortuoso y lastimoso. Las que tienen oportunidad de costear una cirugía, la hacen para recobrar su identidad arrebatada.
Aun cuando la agraviada sea atendida inmediatamente y se le aplique el tratamiento adecuado, este tipo de sustancias destruyen el tejido hasta por meses, dependiendo de la concentración del líquido vertido, su cantidad y el tiempo de exposición a éste.
La lucha por una justicia que reconozca y castigue este tipo de violencia no ha sido fácil y, aunque no existen cifras oficiales, la Fundación Carmen Sánchez, que muestra las causas y efectos de esta cruel acción, tiene un registro de 28 afectadas en las últimas dos décadas, de las cuales sólo 22 han sobrevivido. Lo más alarmante es que en el 85% de los casos, el ejecutor fue su pareja masculina, actual o anterior, adicional a que en el 96% de los asuntos no ha habido sentencia para el perpetrador.
El pasado 8 de febrero se dio un gran paso para su combate con la aprobación de la denominada “Ley Malena” en la Ciudad de México. Cabe aclarar que no se trata de la expedición de un ordenamiento específico, sino que es una reforma por la que se incluyó su concepto en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para garantizar el derecho a la salud y la reparación del daño de las sobrevivientes; además de que se contempló, en el Código Penal, que esta clase de atentados sean considerados como feminicidio en grado de tentativa si el deterioro corporal es permanente, o si se vulneraron los órganos reproductores sexuales, con el fin de impedir que dichas conductas se reclasifiquen como lesiones.
Dice Esmeralda Millán, una de las tantas víctimas de estas brutalidades, que si bien “las cicatrices de afuera van mejorando. Las heridas del alma nunca van a sanar.” Ante estas palabras, no cabe la indiferencia; por el contrario, solo hay espacio para visibilizar las voces de quienes la han soportado, para compartir su lucha por recuperarse, y para exigir su protección jurídica efectiva, cuidando su dignidad e integridad.