En la era digital, la violencia política ha encontrado un nuevo campo de batalla: el ciberespacio. Este fenómeno, particularmente relevante en el contexto del actual proceso electoral en México, se manifiesta a través de una serie de prácticas nocivas que van desde el acoso en línea hasta la difusión de desinformación, afectando de manera desproporcionada a ciertos grupos y poniendo en riesgo la integridad del proceso democrático.
A diferencia de la violencia física, cuya presencia y efectos fueron el foco de nuestra discusión anterior, la violencia política digital opera en un plano menos visible pero igualmente dañino, socavando los principios de equidad y participación que son fundamentales para cualquier democracia. Estos actos y sus perpetradores se pueden dividir en muy diversas formas, tanto el tipo de hecho, las víctimas y los medios. En México, los datos respaldan estos hechos. Durante el proceso electoral 2018, 62 candidatas sufrieron agresiones digitales, y para el proceso de 2021 63 personas fueron sancionadas por la violencia digital de género, de las cuales más de 50 fueron hombres.
De acuerdo con el tipo de hecho, se tienen comentarios agresivos, hackeo de cuentas y páginas, trolls, difusión de información falsa o engañosa, doxing (publicación de información privada sin consentimiento), y la creación de campañas de desprestigio. Estas acciones buscan intimidar, desinformar, y desacreditar a los actores involucrados en el proceso electoral, afectando no solo su reputación y bienestar personal, sino también la integridad del proceso electoral en su conjunto.
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Los comentarios agresivos van desde insultos y amenazas hasta ataques discriminatorios basados en género, orientación sexual, etnia o afiliación política. El hackeo de cuentas y páginas no solo viola la privacidad de las personas, sino que también puede ser utilizado para difundir desinformación o para desacreditar al titular de la cuenta mediante la publicación de contenido comprometedor o falso. Los trolls, por su parte, buscan provocar y desestabilizar las discusiones en línea, a menudo recurriendo a la saturación de espacios de debate con mensajes irrelevantes o provocativos para desviar la atención de los temas importantes.
La difusión de información falsa o engañosa tiene como objetivo manipular la opinión pública, sembrar dudas sobre la credibilidad de los candidatos o sobre el proceso electoral mismo. El doxing expone a las víctimas a riesgos adicionales, incluyendo el acoso en la vida real, al hacer pública información personal como direcciones, números telefónicos, o datos sensibles. Las campañas de desprestigio buscan dañar la imagen pública de un individuo o entidad, a menudo basándose en mentiras o exageraciones, para influir en la percepción del electorado.
Estas formas de violencia en línea no solo socavan los principios democráticos de equidad, transparencia y libre competencia, sino que también crean un ambiente de miedo y autocensura entre los actores del proceso electoral. Las víctimas pueden sentirse desalentadas a participar activamente en la política o en la defensa de sus derechos, lo cual es especialmente preocupante en el caso de grupos históricamente marginados o subrepresentados, como las mujeres y las minorías.
En cuanto a las víctimas, la mayoría son candidatas mujeres, pero también se han registrado ataques en contra de las páginas de los institutos electorales y de activistas que promueven la participación ciudadana y la transparencia electoral. Estos ataques no solo buscan desacreditar y silenciar a las voces críticas, sino también sembrar dudas sobre la legitimidad del proceso electoral en sí.
Los medios a través de los cuales se perpetra esta violencia son variados, incluyendo redes sociales, foros en línea, correos electrónicos y mensajes directos. Estas plataformas, con su alcance global y anonimato relativo, facilitan un ambiente en el que los perpetradores pueden operar con impunidad.
Frente a este panorama, es imperativo que se tomen medidas para combatir la violencia en línea en el contexto electoral. Esto incluye la implementación de leyes y políticas que protejan a los actores del proceso electoral de la violencia digital, la promoción de campañas de sensibilización sobre el impacto negativo de estos actos, y el fomento de una cultura de respeto y diálogo en el espacio digital.
Las plataformas de redes sociales y otros medios digitales también tienen un papel crucial que desempeñar. Es necesario que mejoren sus mecanismos de detección y respuesta ante casos de violencia en línea, asegurando que sus espacios no se conviertan en vehículos para la difusión de odio y agresión. Además, deben colaborar estrechamente con las autoridades electorales para identificar y mitigar campañas de desinformación que busquen socavar el proceso electoral.
En conclusión, la violencia en línea contra los actores del proceso electoral es un desafío complejo que requiere una respuesta multifacética. Solo a través de la cooperación entre gobiernos, instituciones electorales, plataformas digitales, sociedad civil y los propios usuarios de internet, se podrá garantizar un entorno digital seguro y respetuoso, donde la libre expresión y la participación política sean la norma y no la excepción. La democracia en la era digital depende de nuestra capacidad para protegerla de las amenazas que se ciernen sobre ella, siendo la violencia en línea una de las más perniciosas.
Referencias:
Orepani, R:, Violencia digital contra candidatas, noviembre, 2022, https://www.vozyvoto.com.mx/articulo/violencia-digital-contra-candidatas