La creciente violencia electoral en México, con más de 30 asesinatos vinculados a este fenómeno antes incluso del inicio formal de las campañas, pone de manifiesto la urgente necesidad de abordar la relación entre inseguridad y democracia en el país. Este contexto de violencia no solo amenaza la integridad del proceso electoral, sino que también refleja las profundas preocupaciones de los ciudadanos sobre la seguridad y su impacto en la vida política. Según el más reciente Barómetro de las Américas, publicado por LAPOP y la Universidad de Vanderbilt, aunque el 62% de los adultos en México expresan su apoyo a la democracia –un porcentaje superior al promedio regional del 59%– este apoyo ha disminuido desde 2006, cuando era del 70%. A pesar de este respaldo relativamente alto a la democracia, solamente el 40% de los mexicanos consideran que votar es la mejor manera de influir en el cambio político, cifra que, si bien supera el promedio regional, subraya una crisis de confianza en las instituciones electorales y políticas.
Este panorama complejo sugiere una desconexión entre el apoyo teórico a la democracia y la fe en el sistema electoral como un mecanismo efectivo para el cambio. La violencia electoral emerge, entonces, no solo como un desafío a la seguridad, sino también como un obstáculo significativo para la participación ciudadana y la confianza en la democracia. En comparación con países como Uruguay y Chile, donde el apoyo a la democracia supera el 70%, México enfrenta el desafío de reforzar la confianza en sus procesos democráticos en un contexto de inseguridad y violencia política.
De acuerdo con el estudio “Votar entre balas” de Data Cívica, la violencia político electoral aumentó en un 235.7% de 2018 a 2023. Esta violencia no solamente ha sido en contra de los candidatos, también se identifican como víctimas funcionarios electorales, partidos políticos, militantes, exfuncionarios y se ha dado a través de la comisión de diversos delitos (amenazas, atentados, secuestros, homicidios, entre otros), y en todos los niveles de gobierno, municipal, estatal y federal. Si bien estos hechos se han dado en casi todo el país, (menos Yucatán con 0 eventos registrados), cuatro estados (Guerrero, Guanajuato, Veracruz y Oaxaca) concentran casi el 40% de los hechos.
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Algo que no menciona el estudio es quiénes cometen esos actos delictivos, si la delincuencia organizada, son hechos aislados, o si detrás de ellos se encuentran grupos políticos con intereses específicos. Esta falta de especificidad deja un vacío significativo en la comprensión integral del fenómeno de la violencia electoral en México. Sin un conocimiento claro sobre los autores de estos actos, se dificulta la implementación de estrategias de prevención y sanción adecuadas. Además, este desconocimiento alimenta la incertidumbre y el temor entre la población y los actores políticos, lo que puede llevar a una disminución de la participación electoral y un debilitamiento de la confianza en el proceso democrático.
La escalada de violencia político-electoral en México, evidenciada por el significativo incremento de incidentes violentos en los últimos años, no solo resalta la urgencia de abordar este fenómeno desde una perspectiva de seguridad y justicia, sino que también pone en evidencia la fragilidad de las estructuras democráticas en el país. La concentración de actos de violencia en estados específicos sugiere patrones de inseguridad y desafíos políticos que requieren atención focalizada, al tiempo que subraya la necesidad de un enfoque nacional integral que contemple tanto medidas de prevención como de sanción.
Este panorama complejo, donde la violencia se entrelaza con la política, demanda que las y los candidatos a puestos de elección presenten una estrategia que vaya más allá de la respuesta inmediata a los incidentes violentos, para incluir el fortalecimiento de las instituciones democráticas y el Estado de derecho, así como la promoción de una cultura política que rechace la violencia como herramienta de lucha política. La implementación de tales estrategias no solo es crucial para garantizar la seguridad y la integridad del proceso electoral, sino también para restaurar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones y en el sistema democrático como medio efectivo para resolver conflictos y guiar el cambio social y político. En este contexto, la responsabilidad recae tanto en el gobierno y las autoridades electorales como en la sociedad civil y los partidos políticos, para colaborar en la creación de un entorno seguro y propicio para la democracia.
Ante este escenario, es imperativo que México implemente estrategias integrales que aborden tanto la violencia electoral como sus causas subyacentes, incluyendo la corrupción, la impunidad y la desigualdad social. El fortalecimiento de las instituciones democráticas, la promoción de la participación ciudadana y la protección de los derechos políticos son fundamentales para restaurar la confianza en el sistema electoral y asegurar que la democracia en México sea inclusiva, segura y representativa. La respuesta a esta crisis será determinante no solo para la estabilidad política de México, sino también para la salud de su democracia en los años venideros.
Fuentes:
Votar entre balas, Data Cívica https://votar-entre-balas.datacivica.org/
Pulso de la Democracia https://www.vanderbilt.edu/lapop/ab2023/AB2023-Pulse-of-Democracy-final-20231205.pdf