No me explico el por qué marginaron al director del Centro Federal de Conciliación y Registro Federal, Alfredo Domínguez Marrufo, en la presentación de las “Guías de Conducción de Audiencias de Materia del Trabajo” el pasado 20 de marzo, al no permitirle estar en la mesa del presídium. Lo dejaron abajo, en los asientos del público. En primera fila, pero no debió ser así.
Sobre todo, porque se hizo mención de que las guías de audiencias tenían especial énfasis en los juicios laborales colectivos. Al menos, cuando se trata de las audiencias de conciliación de prehuelga es forzoso que esté presente un representante del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, o del Centro de Conciliación local. Es más, no podría realizarse una audiencia si no está presente un conciliador.
Es cierto que era un evento organizado por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), y quien lo presidía era ni más ni menos que la ministra Norma Lucía Piña Hernández, en su doble carácter de Presidenta del CJF y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pero el director del Centro Federal es la autoridad laboral operativa más importante del país, al controlar no sólo los registros sindicales y de contratos colectivos, sino además la conciliación. Aun así, le asignaron un lugar abajo, en el público.
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Lo más extraño es que a la señora ministra Norma Piña le acompañaran al evento dos ministros, muy respetados, por cierto, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Juan Luis González Alcántara Carrancá, integrantes de la Primera Sala de la SCJN, que no tiene la especialidad en asuntos laborales, la cual corresponde a la Segunda Sala.
No fueron invitados abogados patronales ni de trabajadores para saber al menos de qué tratan esas guías de audiencias, las que, por cierto, tampoco se dieron a conocer públicamente en el evento donde el invitado principal era Ken Salazar, Embajador de Estados Unidos en México, acompañado por Luis Pablo Solorio, Agregado Laboral Principal de Estados Unidos en México.
La primera intervención la tuvo el activo consejero Sergio Javier Molina Martínez, quien dijo: “Hoy nos convoca la materialización, el inicio de una colaboración, ahora, muy estrecha con diversas entidades internacionales y locales; el US Doll ahora nos acompañará al Poder Judicial de la Federación y a los Poderes Judiciales de los Estados en la conformación de guías para la conducción de audiencias en temas de derecho colectivo del trabajo. Comenzaremos por ello porque en el derecho colectivo del trabajo están sentados los compromisos internacionales de nuestros principales socios comerciales”.
Surgen preguntas que no se pudieron hacer en el evento: esas guías ¿quién la elabora? ¿Son recomendaciones, sugerencias, consejos del gobierno de Estados Unidos de América de cómo deben actuar nuestros jueces, de cómo deben resolver?
Luis Pablo Solorio dijo en su intervención: “Desde el 2016 a la fecha, el Departamento del Trabajo ha invertido más de 200 millones de dólares en actividades de asistencia técnica en México para impulsar la implementación de los compromisos laborales asumidos bajo el T-MEC. Como parte de esta asistencia técnica, en 2023 se inició en proyecto TECLABA hacia tribunales efectivos y justicia laboral coordinada que tiene como objetivo contribuir a lograr una resolución eficiente de casos laborales por parte de los tribunales locales, en 10 entidades federativas”.
El Agregado Laboral Principal fue más explícito: “El día de hoy inicia el proyecto de guías de conducción de audiencia para las personas juzgadores en el sistema de Justicia Laboral con énfasis en el derecho colectivo, coordinado por la unidad de la implementación de la reforma en materia de justicia laboral del Consejo de la Judicatura Federal”.
Pablo Solorio explicó que las guías de audiencia laboral, o Labor Guides Book en inglés, han sido una parte integral del sistema de justicia laboral durante décadas en Estados Unidos porque han demostrado mejorar “la consistencia y calidad de las decisiones judiciales, así como fortalecer la confianza en el sistema judicial”. También han sido una excelente área de cooperación entre los Estados Unidos y México, ya que se han desarrollado benchbooks para la implementación del nuevo sistema de justicia penal en México.
Ken Salazar en un tono más político señaló: “¿Por qué estamos aquí hoy? Por todos ustedes que vamos a asegurar el capítulo laboral; sí se va a implementar y va a seguir siendo la estrella del norte, de lo que estamos haciendo en estos tipos de tratados que se están haciendo por todo el mundo. Este trabajo, hoy, y el que harán en las guías que se están produciendo, es de suma importancia”.
La ministra presidenta Norma Piña ayudó a aclarar el porqué de esas guías:
“La elaboración de las guías de conducción de audiencias en materia de trabajo facilitará la labor de las personas juzgadoras al establecer los diversos pasos que son necesarios cubrir en dichas actuaciones; desde luego, estas guías no representan una camisa de fuerza para los operadores jurídicos, sino más bien, brindan la posibilidad de facilitar la gestión judicial en la práctica de los tribunales laborales. Asimismo, el contenido que dará sustento a esa iniciativa coadyuvará en la homologación de criterios procesales por parte de los encargados de impartir justicia”.
Es importante que se dé a conocer de manera clara el porqué y el para qué de esas guías. ¿Qué fuerza legal tendrán? ¿Complementarán lo que señala la Ley Federal del Trabajo? ¿Sustituirán preceptos normativos que sólo puede aprobar el Congreso de la Unión, único facultado para legislar en materia de trabajo? Lo único que circula es este video.
¿Por qué se margina al gobierno federal en eventos como estos? A su representante principal, ¿por qué lo dejan abajo? ¿Qué culpa tiene el director del Centro Federal que al gobierno Federal le importe tan poco la justicia laboral, al reducir presupuestos? ¿Por qué el gobierno federal limita el número de juzgados laborales, y los recursos se manejen a cuentagotas?
¿Quién nos va a informar qué son esas guías para jueces que se han anunciado con bombo y platillo?