En 2024, el Congreso aprobó un presupuesto de 1.99 billones de pesos para pagar pensiones contributivas y no contributivas. Esto representa el 27.3% de los ingresos totales del gobierno, el 22% del gasto neto total y el 5.8% del PIB. Para ponerlo en perspectiva, el gasto en pensiones sería el doble de lo que se destina al sistema de salud universal (ver paqueteeconomico.ciep.mx/).
Son 1.99 billones de pesos para financiar un sistema de pensiones fragmentado que genera desigualdad, es opaco e insostenible. Actualmente hay, al menos, siete instituciones que otorgan pensiones a nivel federal y no se tiene claridad sobre el número de subsistemas a nivel estatal y municipal, lo que hace difícil calcular el pasivo pensionario para los siguientes años. Entender y dimensionar el tamaño del pasivo contingente ayudaría a diseñar estrategias de financiamiento sostenible.
El sistema de pensiones además, enfrenta un panorama complicado dado el envejecimiento de la población. Sin embargo, el pasado 5 febrero, el Ejecutivo envió al Congreso un par de iniciativas para reformar una parte de las pensiones de contribución definida y las Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores (PBAM). Además, desde marzo se están haciendo promesas de campaña relacionadas con el monto y la edad mínima para acceder a la PBAM. La gran incógnita es cuánto necesitamos para cubrir estas propuestas y cómo lo vamos a pagar.
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En general, las pensiones presentan un crecimiento año con año. De 2018 a 2024, el gasto en pensiones contributivas creció 41% y, la PBAM, en 879%. El primer tipo de pensiones crece por que cada año hay más adultos mayores y porque se actualizan por inflación; el segundo tipo creció en esa dimensión porque se volvió universal para todos los adultos mayores a partir de los 65 años y porque los montos aumentaron de mil 100 pesos bimestrales a 6 mil pesos.
Por otro lado, la mayor parte de las instituciones que entregan pensiones contributivas han transitado al esquema de contribución definida, el cual también capta recursos públicos a través de las aportaciones o cuotas sociales que hace el gobierno a las cuentas individuales y por las pensiones garantizadas. El incremento entre 2018 y 2024 del gasto en la generación de transición del IMSS fue de 66.1% y el de generación Afore de 54.1%.
El problema más grande del gasto en pensiones es la generación de transición y las contributivas. Además, el crecimiento de la PBAM debe incentivar en mayor medida la discusión sobre las fuentes de su financiamiento. Para 2030, se estima que el gasto en pensiones alcanzará el 7.1% del PIB.
Ahora bien, con las iniciativas de reformas constitucionales y/o las propuestas para la siguiente administración podríamos alcanzar el 7.8% de gasto en pensiones en 2030. Es decir, si se aprueban las dos iniciativas de reforma, asumiendo que la PBAM crecerá 15% cada año, se estarían destinando más de 3 billones de pesos a un sistema que sigue fragmentado y generando desigualdad. Cabe mencionar que la iniciativa de reforma a las pensiones contributivas del IMSS e ISSSTE para alcanzar el 100% de tasa de remplazo tendría una carga fiscal del 0.009% del PIB en seis años.
Si suponemos que se aprueba la iniciativa de las pensiones contributivas, que la PBAM se actualiza por inflación y que se incluyen a todas las personas adultas mayores a partir de los 60 años, para 2030, destinaríamos 7.7% del PIB en pensiones. Si sólo se incluyen a las mujeres entre 60 y 64 con la mitad de la pensión, sería 7.2%.
Finalmente, cabe resaltar que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público proyecta ingresos presupuestarios a la baja. Para 2029, los ingresos públicos se ubicarían en 20.8% del PIB, comparado con 21.3% en 2024. Gastar 7 puntos PIB en pensiones ya tiene consecuencias en la sostenibilidad del gasto y en el financiamiento de otros derechos como salud y educación. Seguir incrementando esa proporción implicaría seguir descobijando políticas públicas importantes, como la creación e implementación de un sistema de cuidados, y sin ingresos, nos seguiremos endeudando a niveles superiores al 5.4% del PIB para 2024.
Alejandra Macías Sánchez*
Es economista por la UDLAP y doctora en Políticas Públicas por la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del ITESM. Ha trabajado en gobierno federal y en organismos internacionales. Tiene experiencia en temas de evaluación, finanzas públicas, seguridad social y desarrollo social, sobre los cuales ha publicado. Es candidata al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y actualmente es directora ejecutiva en el CIEP. Se especializa en cambio demográfico, finanzas públicas y transiciones justas, con especial interés en la mejora del sistema fiscal con base en evidencia y perspectiva de género.