México pretende aprovechar el proceso de relocalización industrial (nearshoring) para impulsar el crecimiento económico. Para ello, se aprobaron, para finales de 2023 y 2024, incentivos fiscales sobre la inversión de activo fijo. El beneficio consiste en que la inversión realizada por las empresas podrá restarse a los ingresos sujetos de ISR de las industrias mayoritariamente exportadoras que se dediquen a actividades económicas específicas (principalmente a la agricultura, energía y manufactura). Es decir que, las empresas podrán deducir la inversión realizada y con ello reducir el ingreso sujeto de Impuesto Sobre la Renta (ISR).
Para contextualizar las consideraciones en las finanzas públicas y la economía de esta medida fiscal, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) publicó el documento “Incentivos para impulsar la inversión directa. Consideraciones fiscales y económicas”.
En el documento, el CIEP señala que, al cierre de 2023, se recibieron 36 mil 058 millones de dólares de Inversión Extranjera Directa (IED), la mayor cifra en 10 años; sin embargo, el 74% de este monto fue por concepto de reinversiones. Esto implica que la inversión extranjera se está realizando, principalmente, por flujos generados y reinvertidos en el país. Aun así, la inversión de estas empresas puede beneficiarse de los incentivos fiscales.
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Bajo este contexto, es importante señalar que la recaudación sobre personas morales representó en 2023 el 27.9% de la recaudación tributaria. Asimismo, las grandes empresas ya cuentan con altos beneficios fiscales; por ejemplo, en promedio, los grandes contribuyentes tributan el 4.1% de sus ingresos por concepto de ISR. Además de los beneficios sobre IVA que inciden principalmente en la industria manufacturera . En el corto plazo, estos beneficios fiscales podrían reducir los ingresos públicos.
Además de las bajas tasas impositivas, existen otros determinantes más relevantes de la inversión como la disponibilidad de infraestructura, la productividad laboral, el estado de derecho, entre otros. Dado que el principal inversor en México es Estados Unidos, la mayor competencia para recibir inversiones es Canadá y China, países en los que México tiene desventajas comparativas en términos de infraestructura aduanera, productividad laboral e índices de estado de derecho. Dicho lo anterior, fortalecer estas áreas impulsaría la inversión extranjera como complemento o sustituto de los beneficios fiscales.
Asimismo, permanecen dudas sobre el tipo de impacto económico que puedan tener posibles inversiones por parte de las multinacionales. En primer lugar, es la cantidad de empleos generados y nivel salarial que se producirán. Segundo, será de suma importancia que las empresas mexicanas se puedan incorporar a las cadenas de suministro globales. Para esto se requieren esfuerzos de los tres niveles de gobierno y de la iniciativa privada.
El monitoreo y evaluación de los beneficios fiscales aprobados será una actividad clave para la rendición de cuentas y la toma de decisiones. Por un lado, permitiría conocer el nivel de ingresos públicos no percibidos por concepto de la depreciación acelerada. Por otro lado, la evaluación daría argumentos para debatir de forma pública si el beneficio de la inversión fue mayor a los posibles ingresos no percibidos.
En el contexto de un reducido espacio fiscal y diferentes argumentos sobre la política de gasto (salud, pensiones, educación); es crucial un debate sobre el monitoreo, evaluación y rendición de cuentas de la política de ingreso.
Juan Pablo López Reynosa*
Licenciado en Economía y Finanzas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey donde colaboró con el Departamento de Economía como asistente de investigación, impartió asesorías de Microeconomía y fue presidente de la sociedad de alumnos. Desde la investigación ha abordado temas como promoción de la transición energética, agricultura, complejidad económica, discriminación en el mercado laboral y financiamiento verde a entidades subnacionales. Sus principales intereses son el uso de herramientas computacionales y su aplicación en las Ciencias Sociales, especialmente para la reducción de las desigualdades y la mitigación del cambio climático. Actualmente colabora en CIEP dentro del área de ingresos y deuda. Busca generar conocimiento, con base en evidencia, que promueva la justicia fiscal y la sostenibilidad de las finanzas públicas.