El año pasado se dio el anuncio de la despedida del grupo humorístico-musical argentino Les Luthiers, de quienes tomamos la frase que da título a este texto y que viene a cuento no sólo como tardío homenaje a este gran ensamble, sino dado el estado que un sobrevuelo por las encuestas en México muestra: márgenes de diferencia entre las dos principales candidatas a la Presidencia de la República que van de diez a setenta puntos, desacuerdo con quien va a la cabeza en algunos estados o qué rango de separación existe entre quienes contienden. Claro que bajando a tierra y analizando los datos pudiera encontrarse más consistencia que la que se mira a lontananza: para la elección presidencial, una muy reducida desviación entre mediciones cara a cara respecto a su separación media, aunque esta se ubique muy por encima de la que detectan las encuestas automatizadas, las cuales a su vez no presentan gran distancia entre ellas. Pero estas reivindicaciones son producto de ejercicios de decantación y no lo que el público enfrenta cotidianamente con los estudios demoscópicos que se publicitan.
La propuesta de Acuerdo
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En este ambiente de cuestionamiento a los estudios por muestreo rumbo al 2 de junio próximo, la presentación de Acción Nacional en la “herradura de la democracia” —como suele llamarse a la mesa de sesiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE)— presentó el pasado 8 de marzo un proyecto de acuerdo por el que se establecerían “medidas para garantizar que las encuestas y sondeos se utilicen como herramientas para la construcción del voto razonado y de una opinión pública mejor informada y evitar que se empleen como estrategias para influir en las preferencias electorales”, el cual fue desechado por unanimidad por quienes ocupan las consejerías y por ello votan en este consejo, al observar que la propuesta era presentada ya comenzadas las campañas electorales, la duplicidad que algunas solicitudes tenían con lo que ya regulado y la carencia de competencia clara de la autoridad electoral para una pretendida valoración del rigor científico de los estudios. ¿Qué pretendía este acuerdo? Primero que nada, buscaba meter por la puerta trasera los contenidos de una propuesta de reforma legal sobre la materia presentada a fines del año pasado y por tanto fuera de tiempo por el Partido Revolucionario Institucional. En segundo lugar, regular las encuestas “falsas” producto de la mala fe de quien las realiza y clarificar el financiamiento de los estudios para evitar que mediante el ocultamiento del origen de los recursos y sesgos en los procesos de medición se produjeran elementos para la propaganda electoral sin validez científica.
Las críticas a la Propuesta
Se proponía así la creación de un “Registro Nacional de Encuestadores”, que se sobreponía con las solicitudes actuales de información que realiza el INE a las encuestadoras, por lo que su integración no resulta realmente necesaria ni supone una mejora respecto a lo existente. Además, respondiendo a mitos más que a evidencia, se demandaba “elaborar y publicar indicadores que contemplen el comparativo entre la medición de cada encuesta y el resultado electoral final”, con la pretensión de que “los ciudadanos puedan advertir el margen de error histórico de la casa encuestadora”, como si ello pudiera prever la exactitud que una casa tendrá a futuro, cuando del acopio de estimaciones para elecciones presidenciales desde 2000 se descubre que no existe correlación entre la exactitud lograda en una elección y la obtenida en una posterior por una encuestadora. A eso habría que agregar la imprecisión respecto al período y alcance de los comparativos, que pudieran ser treinta años o tres y cubrir elecciones federales o también locales, siendo incierto cuál sería el procedimiento para que la autoridad constatara lo correcto y exhaustivo de un inventario que pudiera proporcionar una casa encuestadora sobre su historial de exactitud y qué hacer cuando un responsable cambio de casa o una casa de responsable.
Por último, se proponía requerir y publicar la información completa sobre el financiamiento que ha recibido cada casa encuestadora por parte de partidos y actores políticos, lo que ya puede seguirse por la autoridad electoral mediante sus actuales procesos de fiscalización, pero además incluyendo “cualquier información relacionada con contratos celebrados entre la encuestadora y cualquier dependencia de la administración pública federal o local”, lo que es dudoso que pudiera ser competencia de la autoridad electoral. Además, la búsqueda de controles mediante este tipo de ordenamientos parte de supuestos falsos, como que toda encuestadora cuenta con una única razón social responsable lo mismo de los estudios que pública que de los que realiza para partidos y actores políticos o con instancias públicas, lo que es absolutamente falso.
Es cuestionable que pueda existir una regulación que fuerce a las instancias de investigación por encuesta a disponer de una única persona moral para todas sus actividades o que obligue a reportar financiamientos y contratos a instancias formalmente distintas e incluso ajenas a las involucradas en alguna publicación. Difícil problema cuya solución no pasa por asumir la existencia de una realidad equivocadamente simplificada que no es la que está afuera.