Sin duda los legisladores de la mayoría gobernantes respaldarán con su voto las múltiples propuestas de reformas constitucionales presentadas por el Señor, su líder sempiterno. Lo harán sin mayor crítica ni argumentación. Pero igualmente no queda duda de que la mayoría de estas propuestas simplemente son intransitables para la oposición, al menos para quienes se han aliado en un frente, por lo que no votarán por ellas y, en consecuencia, impedirán que se conviertan en norma, dado que los gobiernistas carecen de la mayoría calificada requerida para reformar la Carta Magna.
Las múltiples propuestas
En este contexto, resulta francamente inútil entrar a las tripas de las propuestas. ¿Qué sentido tiene debatir sobre algo que de antemano se sabe que es papel mojado en términos legislativos? Lo relevante, en este caso, es encontrar el sentido y finalidad de que el Señor presente un conjunto de iniciativas que sabe muertas antes de que sean hechas de conocimiento público. Y en este sentido la multiplicidad de propuestas sirve para varios fines. Uno primero es dejar en claro la idea de que estructura gubernamental considera idónea el aspirante a Monarca, en claro para los suyos y en claro para sus electores potenciales. Así, es una manera de decirles “éste es el país que quiero”, aunque sepa que por el momento es irrealizable como norma. Es la forma de afianzar la idea de que de lo que se trata es de eliminar todos los obstáculos a un ejercicio unipersonal del poder político, de quitar los estorbos que representan los organismos autónomos de todo tipo. Pero también que se tiene un ideal de reparto de beneficios a los sectores más necesitados de la población, aunque no se pueda saber de dónde sacará para sufragar los gastos que ello representa. Al fin y al cabo, quebrar las finanzas públicas es válido si de lo que se trata es de repartir bonos entre la población a cambio de respaldos políticos y electorales… o de cumplir caprichos faraónicos del gobernante. Por ello, un objetivo colateral es entregar elementos discursivos a su candidata para que reafirme la vocación popular del “gobierno de la transformación”, al intervenir en las elecciones para colocar como agenda de debate lo que considera conveniente, al margen de la inviabilidad legislativa de las ofertas.
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Un segundo momento
Un segundo momento es ilusorio: si hoy no se pueden concretar estas reformas, cuando tengamos mayoría calificada en las Cámaras federales podremos llevarlas a buen puerto. Sin embargo, resulta increíble que la coalición gobernante logre mayoría calificada en ambas cámaras para las próximas elecciones, pues ya se tiene un recuento pertinente que muestra lo inviable de que logren esta condición en la Cámara alta, aunque tampoco es demasiado factible que la consigan en la baja, a menos que las preferencias no se movieran de la condición “default” que hoy día muestran algunas encuestas y que, ciertamente, es dudoso que sea el reparto que se dé finalmente en las urnas. Como siempre, hay un pero a todo esto: si bien no es esperable el logro de esa mayoría calificada que requieren para lograr reformas constitucionales de gran calado como las que pretenden, existe un escenario alterno, de construcción de una doble realidad normativa, donde la Constitución quede sólo como parte del mobiliario y se presenten y aprueben reformas en leyes secundarias que no puedan ser tiradas en una Suprema Corte donde una minoría de cuatro leales al gobierno impidan que sean declaradas inconstitucionales, aunque realmente lo serán. Así, el orden formalmente establecido por la Carta Magna se vería cancelado por leyes de segundo orden que se le contrapondrán y que se mantendrían vigentes, a menos que la oposición logre evitar la mayoría simple del bloque gobernante en ambas cámaras y que a la vez eluda la trampa del traslado de votos desde quienes debieran evitar que pasen los cambios en normas secundarias hacia quienes desearán permitir que se den estas adecuaciones. O lo idóneo, pero que se antoja más que difícil para la oposición: que alcancen la Presidencia de la República y se encarguen de proponer a los nuevos magistrados a la Corte.