La infraestructura crítica está constituida por aquellas instalaciones relacionadas con la provisión de bienes y de prestación de servicios públicos esenciales y cuya afectación pudiera comprometer la Seguridad Nacional en términos de la ley de la materia, como los sistemas informáticos que proveen o alimentan de información en alguna de las etapas de los procesos de producción o comercialización de bienes y servicios de los tres sectores de la economía, así como de los servicios que prestan los tres órdenes de gobierno de los tres poderes de la Unión.
Su importancia radica en que por sus procesos es posible que transiten gran parte de información sensible para el país o sus ciudadanos, como transacciones o transferencias de sumas cuantiosas de dinero, o bien, datos personales de los usuarios de la banca o de los derechohabientes de algún servicio público que proporciona alguna institución gubernamental y, por esta razón, es que son consideradas dentro de los parámetros de la seguridad nacional.
En mayo de 2018 se tuvo conocimiento que los procesos en la infraestructura crítica que regula el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) que opera el Banco de México (Banxico) afectó principalmente las transacciones en ese sistema que utilizan las instituciones Banamex, Banorte y BBVA Bancomer, cuyas últimas dos instituciones afirmaron que se trató de incidencias. Esta falla pudo haberse extendido a todas las instituciones del sector bancario mexicano.
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Por estas razones es que no puede tomarse a la ligera la investigación de la Comisión Nacional Bancaria de Valores (CNBV) a la que tuvo acceso Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) en enero pasado, que señala que el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) emitió tarjetas a nombre de 1,495 beneficiarios por los sismos del 7 y 19 de septiembre del año pasado, en los que se depositaron 68.8 millones de pesos, en un fraude que consistió en una repetición en 34, 26, 18, 16 y hasta 14 tarjetas, entre cuyos beneficiarios, hubo quienes ni siquiera recibieron una tarjeta.
No solo eso, sino que también evidencia la fragilidad informática de los sistemas financieros del gobierno mexicano, cuando en la primera quincena de enero del 2020 se supo que la infraestructura crítica del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) también fue vulnerada, aunque hasta ahora sin que se sepa de algún daño patrimonial.
Hace poco más de un año la organización Guacamaya Leaks divulgó el escándalo del robo de 6 terabytes de información a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), reveló que servidores públicos de los gobiernos de Jalisco, Morelos y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, tuvieron alguna relación con grupos de la delincuencia organizada.
Hoy nuevamente la SEDENA y el portal del empleo del gobierno federal son sujetos de un robo de información dado a conocer por un presunto hacker en redes sociales.
Lo claro es que en esta administración la seguridad informática no es una de las mejores fortalezas, por el contrario, pareciera que hay un desinterés por resguardar información de la ciudadanía cuando debería ser uno de los delitos más sancionados, debido a la ligereza con que sus autoridades resguardantes toman la sustracción indebida de datos que no son de su propiedad.