El Estado mexicano descansa sobre un gran entramado del sistema político, económico y social, así como de sus subsistemas.
Durante muchos años el sistema político mexicano se sostuvo sobre los hilos del presidencialismo, en el que jefes políticos y caciques locales y regionales se rendían ante la voluntad del poder en turno. A veces negociaban, a veces eran obligados.
Esta fórmula permeó a los tres poderes de la Unión, a las entidades federativas y los municipios. Por eso existieron familias consanguíneas que dominaron estados y municipios durante años.
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En algunas de ellas se arraigaron costumbres, como el poder por el poder o la corrupción, lo que trajo consigo una disfuncionalidad en las funciones de Estado y de gobierno y sus posteriores administraciones no quisieron modificar las conductas que desvirtuaron la administración pública.
Por ejemplo, cuando Guacamaya Leaks divulgó el escándalo del robo de 6 terabytes de información a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), reveló que servidores públicos de los gobiernos de Jalisco, Morelos y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, tuvieron alguna relación con grupos de la delincuencia organizada.
Aquí subyacen las causas políticas profundas que dificultan el funcionamiento del sistema de seguridad mexicano, en los que quizás en algunos casos haya compromisos reales con la delincuencia.
Y cuando el presidente López Obrador señala que estando el ministro Arturo Zaldívar como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el gobierno federal podía intervenir en los casos de su interés, abre la sospecha de intervención indebida en el Poder Judicial y, además, la pregunta es cuántas denuncias en los órganos jurisdiccionales existían sobre los personajes que divulgó el robo de información a la SEDENA.
En la medida en que se consoliden las instituciones de seguridad, erradicando problemas como corrupción e impunidad, cabe la posibilidad que se desaten los nudos que impiden el correcto funcionamiento institucional de la seguridad.
Los gobiernos locales y municipales, de los que el poder político federal se ha desentendido y los ha dejado a su libre albedrío, son más propensos a continuar con prácticas anquilosadas al amparo del federalismo y del municipio libre.
En lugares y regiones del país la delincuencia se ha consolidado como organizaciones paralelas a las autoridades, dominando al poder político en algunos casos o sometiendo a la población civil, en otros casos. Esto ha traído consigo alteraciones de los modelos del poder que estudia la ciencia política, al incorporar e igualar a la delincuencia como un nuevo actor que impone sus reglas a los partidos políticos.
En la mayor parte de las entidades federativas no existe la sana división de poderes y el rol de contrapeso es muy tímido, como en Jalisco, con un poder judicial con deficientes números y con la fuerte sospecha de corrupción y un poder legislativo ajeno a las causas ciudadanas que dice defender.
Hoy una parte del sistema de seguridad mexicano descansa sobre una clase política con una muy dudosa reputación, bajo el señalamiento de la SEDENA y con un reprobable desempeño de un exministro, que abre la sospecha de algunas conductas indebidas.