Haber contestado un mensaje a través de una aplicación para citas es el motivo por el que Manuel Guerrero fue arrestado en Qatar hace mes y medio. A comienzos de febrero fue contactado a través de Grindr, una aplicación en la que se facilitan los “ligues” entre personas del mismo sexo, para acudir a un punto en la capital de la nación de Medio Oriente. En dicho lugar, era esperado por integrantes de los cuerpos policíacos para ser detenido.
En Qatar, el artículo 285 del Código Penal establece que quien "copule con un varón mayor de dieciséis años sin forzar, coacción o artimaña será castigado con pena privativa de libertad de hasta siete años". La misma pena se aplica "al varón que dé su consentimiento". Además, el artículo 296, apartado 3, tipifica como delito "inducir", "instigar" o "seducir" a un varón para que cometa sodomía, mientras que el artículo 296, apartado 4, tipifica como delito la "inducción" o "seducción" a un hombre o una mujer para que cometa actos ilegales o inmorales. Ambos pueden resultar en una pena de prisión de hasta tres años. El artículo 298 también tipifica como delito "la sodomía”.
Bajo todas esas argucias legales, Manuel fue enviado a prisión, donde permanece hasta la fecha, pues el día de ayer, las autoridades qataríes le negaron la posibilidad de ser liberado bajo fianza a casi mes y medio de su detención.
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Ante los hechos, su hermano, Enrique, ha denunciado que las autoridades locales han impedido que Manuel tomé sus medicamentos antirretrovirales, pues vive con VIH, situación que le puede provocar daños a su salud. Dichas terapias se le suministran a cuentagotas, dejando de ingerirlos por largos períodos de tiempo, salvo en momentos en que la presión se intensifica, como la semana pasado, cuando representantes de la Embajada mexicana le visitaron en el penal.
En conferencia de prensa, explicó que temen que los policías le hayan “sembrado drogas” a fin de agravar las acusaciones en su contra. Sumado a que le han hecho interrogatorios sin dejarlo dormir a fin de que revele con quien o quienes ha sostenido relaciones sexuales durante su estancia en el país.
Debido a la presión sobre el caso, se le han prohibido visitas, recibir o entregar cartas, recibir libros o cualquier otro material impreso, temiendo posibles actos de aislamiento. Este caso no es único, se ha denunciado que el mismo día fue aprehendido un ciudadano marroquí, tras acudir al mismo lugar que Manuel.
En abril de 2021, Qatar proporcionó al Comité de Derechos Humanos de la ONU estadísticas oficiales sobre personas detenidas por actos no violentos y confirmó que al menos ocho personas estaban en prisión en ese momento por "homosexualidad".
De acuerdo con el informe Nuestras Identidades Bajo Arresto, elaborado por la Asociación Internacional de Gays y Lesbianas (ILGA por sus siglas en inglés) en el caso de Qatar, durante 2022 se registraron más arrestos de personas de las poblaciones de la diversidad. Uno de ellos, el de una mujer transgénero qatarí detenida en la calle cuando los agentes de Seguridad Preventiva la acusaron de "imitar a las mujeres”.
Otra mujer transgénero qatarí denunció que fue detenida por maquillarse en público. Se vio obligada a limpiarse la cara, y los agentes le tomaron fotografías mientras lo hacía para usarlas como prueba. Le afeitaron el pelo y se le hizo firmar un compromiso de que no volvería a usar maquillaje nunca más como condición para su liberación. Otra denuncia más refirió que la policía le golpeó los genitales y la abofeteó para hacerla confesar. Le afeitaron la cabeza y le dijeron que, si quería seguir con vida, tendría que convertirse en su informante.
También se sabe que han sido detenidos varios ciudadanos extranjeros como dos lesbianas marroquíes, cuatro hombres homosexuales filipinos, cuatro hombres homosexuales indonesios y un hombre gay nepalí.
Información de la ILGA señala que en 53 países se mantienen leyes explícitas que penalizan los actos sexuales consensuales entre personas adultas del mismo sexo. Las sanciones pueden ser multas, encarcelamiento, castigos corporales y (posiblemente) la pena de muerte.
El organismo internacional ha compartido que se han documentado mil 300 casos en 72 países en menos de una década. En varios de ellos, en países como Arabia Saudita y Malasia, se impusieron como castigo, algunos latigazos. En varios países de África se habían dejado de imponer sanciones o de aplicar las leyes vigentes, pero en los últimos se han reactivado las mismas en varias naciones.
A lo largo del fin de semana podrían llevarse a cabo las audiencias para examinar la situación de Manuel y otorgarle la libertad bajo fianza, lo que significa que podría seguir su proceso judicial desde su casa.
A propósito de la situación, cabe recordar, que de acuerdo con los Principios de Yogyakarta, cartilla internacional sobre derechos humanos de las personas LBTTTIQ+, “es arbitrario el arresto o la detención por motivos de orientación sexual o identidad de género, ya sea en cumplimiento de una orden judicial o por cualquier otra razón”.
Las denuncias al respecto son muchas. Diversas organizaciones de la sociedad civil han compartido los casos y han externado su preocupación sobre la situación, pues se temen abusos de autoridad, como lo que ocurre a Manuel en estos momentos. La situación es intolerable, las autoridades deben ser más enfáticas en la condena a los hechos y la protección a los derechos humanos, y el mundo, en general, debe condenar la pervivencia y la vigencia de la homofobia, la lesbofobia, la bifobia y la transfobia, mecanismos de criminalización, penalización, e incluso, muerte, de quienes aman y sienten, de forma disidente.