En los últimos dos años se han visibilizado en los medios de comunicación casos de personas que viven con VIH y que han sido denunciadas penalmente por sus parejas por considerar que pusieron en riesgo su salud, aunque, en realidad, no haya ocurrido nada, o la persona aludida se encuentre bajo tratamiento médico y su condición de salud sea de indetectable, es decir, la presencia del virus en su cuerpo es mínima, y, por lo tanto, no pueda transmitirlo a otra persona.
De acuerdo con la Red Mexicana de Organizaciones en contra de la Criminalización del VIH, entre el 2000 y el 2016 se han llevado a cabo más de 50 procesos penales en diferentes entidades federativas bajo la figura del delito de peligro de contagio, pero en ninguno de ellos se pudo comprobar que, efectivamente, la persona haya transmitido un virus a otra persona.
En México, sólo en cinco de las 32 entidades federativas se ha derogado o no existe la figura de “delito de peligro contagio”, consistente en poder sancionar a alguna persona por su condición de salud si es que otra persona considera que la primera puso en riesgo su salud, aunque no necesariamente, haya ocurrido la transmisión de alguna infección o alguna enfermedad, de acuerdo con el monitoreo de la misma Red.
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Hasta 2023, sólo Aguascalientes y San Luis Potosí no contemplaban este tipo de delito dentro de su Código Penal. En el último año, primero en Nayarit, posteriormente en la Ciudad de México, y en esta semana Colima, se derogaron los artículos referentes a dicho delito de sus legislaciones penales, siendo las primeras entidades en realizar una reforma en la materia en décadas.
A propósito del 1 de marzo, Día Internacional de la Cero Discriminación, promovido por el Programa Conjunto de las Naciones Unidas para el VIH/sida (Onusida) desde hace 10 años, se hace un llamado a “eliminar las leyes que perjudican los derechos de las personas e introducir leyes que defiendan los derechos de todas las personas”.
Bajo el lema “Toda persona tiene derecho a la salud”, se recuerda que, de acuerdo con la evidencia científica internacional, “cuando las leyes, las políticas, las prácticas o las normas consagran el castigo, la discriminación o la estigmatización de las personas por el hecho de ser mujeres, o ser LGBTQ+, o ser inmigrantes, o profesionales del sexo, o consumir drogas, los resultados conducen al fracaso de la salud pública, ya que estas comunidades se ven apartadas de los vitales servicios sociales y de salud”. Siendo una de las áreas más afectadas la de la prevención y el control del VIH.
En el caso del país, hay avances en la materia, como las ya mencionadas cinco entidades donde el delito de peligro de contagio ya no está vigente. Y aún queda pendiente la iniciativa presentada en Morelos en marzo del año pasado para reformar el código penal de la entidad en el mismo sentido.
En febrero, la Cámara de Diputados aprobó una serie de reformas a distintas leyes vigentes para prohibir expresamente la discriminación laboral hacia las personas por vivir con VIH. Con el voto unánime en apoyo a la minuta del Senado, el decreto está listo para que el Ejecutivo federal lo publique y entre en vigor a la brevedad.
Como parte de los cambios aprobados, en la Ley Federal del Trabajo se establece la prohibición “a las y los patrones condicionar el ingreso, permanencia y ascenso en el empleo a la presentación de estudios médicos de detección de VIH y Sida, así como despedir o coaccionar directa o indirectamente para que las personas trabajadoras renuncien a causa de su condición de salud”.
Además, considera infracciones por “expulsar, segregar o negarse a prestar el servicio educativo a personas por su condición de salud”, entre otros aspectos.
En enero pasado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó una demanda de acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra varios artículos del Código Civil para el Estado de Quintana Roo, con el fin de que se estudie si las normas son o no respetuosas del parámetro de regularidad constitucional.
Lo anterior debido a que desde diciembre del año pasado, las personas que quieren contraer matrimonio en Quintana Roo deben presentar de manera obligatoria una constancia de exámenes médicos para diagnosticar el VIH, de acuerdo con lo publicado en el Periódico Oficial de la entidad del 21 de diciembre, derivado de una modificación al Código Civil de la entidad, aprobada por el Congreso de Quintana Roo en días previos a la publicación de la reforma.
En el último año, los avances en materia de reconocimiento de derechos humanos de las personas con VIH han mostrado un avance sustancial, sumado a la actualización de la Norma Oficial Mexicana 010, referente al VIH, aunque los rezagos en la materia aún son considerables y requieren de mayores labores de incidencia, pero, aún más, de sensibilización y de erradicación del desconocimiento existente alrededor del VIH y otras infecciones, caldo de cultivo de situaciones de discriminación y de vulneración a derechos humanos.
En su más reciente informe, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México compartió que el principal motivo de discriminación en la capital mexicana es la condición de salud, con un total de 36 casos.
Cabe recordar que de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2022, 30 por ciento de la población nacional considera que la convivencia con una persona con VIH representa un riesgo; 35 por ciento no rentaría o compartiría una habitación de su casa con una persona con VIH; 47 por ciento no estaría de acuerdo en que su hija o hijo se casara con una persona con VIH; más de 15 por ciento se negaría a darle un trabajo; 20 por ciento se negaría a comprar verduras si supiera que quien lo atiende vive con el virus y 17 por ciento considera que las niñas y los niños con VIH no deberían asistir a la escuela.
El rechazo explícito hacia quienes viven con VIH se llama serofobia. Las cifras anteriores muestran que en el país aún resta mucho por hacer en materia de un cambio social sobre el constructo del VIH. El proceso de cambio se está construyendo a partir de lo legal y del reconocimiento de los derechos humanos. Pero, como sociedad también debemos sumarnos a esta oleada y dejar a un lado los estigmas y los prejuicios que entorpecen el propósito de erradicar al VIH del planeta en los próximos años.