Las Elecciones 2024 pondrán a prueba, una vez más, nuestro sistema democrático. La ciudadanía decidirá el próximo 2 de junio, de manera libre, quiénes gobernarán en los próximos años. Durante tres décadas hemos tenido presidentes legítimos avalados por la Constitución y las autoridades electorales que de ella emanan.
En su mayoría, las elecciones han sido pacíficas e incuestionables. Las diferencias, conflictos y desacuerdos se han resuelto a través de las instituciones sin que se vean afectadas la gobernabilidad ni la confianza de la población en los resultados finales. Todo esto a pesar de contar con un modelo legal tan complicado y costoso que no podríamos presumir.
Ciertamente no tenemos una democracia avanzada. Pero es mucho mejor que la del siglo pasado. Sin embargo, en el actual contexto internacional está surgiendo una nueva amenaza a la que no somos ajenos: para vivir mejor y con mayor seguridad, muchos ciudadanos están optando por acotar algunos valores de la democracia sin importar las consecuencias que pueda traer en el mediano o largo plazo.
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Se están sacrificando muchas de las ventajas que nos ofrece el sistema porque algunos políticos para asegurar la paz y tranquilidad lo hacen a cambio, por ejemplo, de aplicar la “mano dura” contra delincuentes, criminales y corruptos. También porque, para cumplir ciertas propuestas económicas que benefician a quienes viven en situación de desventaja, proceden socavando el estado de Derecho.
Es cierto que no existe una definición precisa y consensuada de lo que significa la democracia. Pero también lo es que sus alcances van más allá de garantizar elecciones libres, árbitros imparciales y una renovación pacífica del poder. En principio, tiene que ver con la justicia, el respeto a los derechos universales de las personas y la búsqueda constante de la calidad de vida de la población. En la no injerencia del crimen organizado en los procesos electorales y estructuras de gobierno.
Además, la democracia está sustentada en la diversidad política, el equilibrio entre los poderes, la transparencia, la rendición de cuentas y el fortalecimiento y protección de las instituciones. De lo que se trata es de evitar el ejercicio autoritario del poder en cualquiera de sus expresiones. En consecuencia, promueve el desarrollo de instituciones autónomas, no sólo en el ámbito electoral.
Todo lo anterior no tendría sentido si no está soportado por un sistema político que respeta en forma irrestricta la libertad de expresión y el derecho a disentir, cuestionar y criticar a quienes ejercen el poder sin más restricciones que las señaladas por la Constitución. Por eso, el debate cotidiano en democracia es absolutamente indispensable.
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Los pensadores y teóricos más reconocidos de la democracia moderna coinciden, de manera amplia, en los valores y principios anteriores. Y aunque la lista de características es mucho más amplia, las diferencias en la interpretación del concepto tienen que ver más con la conveniencia circunstancial o la defensa de intereses personales y de grupo.
En el contexto de las Elecciones 2024, la democracia ha reaparecido como uno de los temas centrales de las campañas. Mientras las y los candidatos de Morena defienden la esencia democrática que dio origen y mantiene vivo el proyecto de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, se han levantado muchas voces que aseguran que la democracia está en riesgo.
Lorenzo Córdova, el ex consejero presidente del INE, presentó uno de los análisis más interesantes en la Marcha por la Democracia realizada el pasado 18 de febrero. El diagnóstico que hizo no sólo provocó diversos conflictos y desacuerdos, sino que dio la pauta para evaluar si la democracia en nuestro país verdaderamente está en riesgo como consecuencia de varias decisiones del presidente López Obrador, en particular por el denominado Plan C.
Consulta: Discurso íntegro de Lorenzo Córdova en la "Marcha por la Democracia".
En forma menos estruendosa, pero igualmente interesante, Felipe de la Mata, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, aseguró el lunes pasado que el principal problema que enfrenta la democracia es la participación ciudadana. Dijo que “el fenómeno a vencer es el abstencionismo”, particularmente el de los jóvenes, y que son ellos quienes deberían estar “más preocupados por su destino y su futuro”.
En el mismo sentido, la diputada por Barcelona (España), Cayetana Álvarez de Toledo, hizo el mismo día un llamado a los jóvenes mexicanos para que no se desvinculen de la democracia y sus instituciones, tal y como lo están haciendo muchos según lo muestran “las encuestas de todo el mundo” y, de manera particular, las de América Latina.
La visión de la diputada Álvarez de Toledo se suma a las advertencias que se han hecho en varios países sobre los riesgos que existen, por ejemplo, de sacrificar democracia a cambio de mayor seguridad. Sobre el particular, uno de los casos más significativos es el Nayib Bukele, presidente de El Salvador a quien se le acusa de estar instaurando en su país un régimen autoritario.
Entérate: ¿Quién es Cayetana Álvarez, la diputada que criticó a AMLO?
Los peores enemigos de la democracia son el autoritarismo y el totalitarismo. La concentración del poder sin divisiones ni restricciones, la restricción de las libertades y el monopolio intransigente en el ejercicio del poder, se interpretan como sus más malignas expresiones. Cuando se atenta contra los principios y valores de la democracia se puede asegurar que el peligro es grande.
En la historia mundial abundan los casos de regresión que han traído graves consecuencias para las sociedades de muchos países. Sin importar las ventajas que sin duda ofrece la democracia, los regímenes de partido dominante y las dictaduras siguen creciendo como las malas hierbas. La diferencia hoy es que el salto hacia atrás se da con el apoyo de la ciudadanía a través del voto libre y de estrategias de comunicación política sin límites ni escrúpulos.
El peligro de revivir la dictadura en México aún no existe. Sin embargo, no debemos cerrar los ojos ante los riesgos que sin duda están presentes, resultado de la polarización y los problemas tan delicados que estamos viviendo desde que iniciamos la transición y la alternancia. Nuestro marco jurídico —y la organización que ha demostrado la sociedad civil— aún alimentan la esperanza de seguir adelante, a pesar de todo, y sin la necesidad de sacrificar más la democracia.