La firma del Compromiso por la Paz con la asistencia de las tres personas candidatas a la presidencia es muy significativa, particularmente en estos tiempos en que los espacios de encuentro son tan reducidos. No se trata de un mero evento protocolario como tantos, es producto de un esfuerzo colectivo convocado por la Conferencia Episcopal Mexicana en el que participaron miles de personas e instituciones desde hace aproximadamente dos años para elaborar un diagnóstico sobre la situación de violencia, impunidad y la crisis de derechos humanos que enfrentamos en nuestro país desde hace décadas y que lamentablemente se ha recrudecido en los últimos años -aunque se insista en negarlo desde el poder-, a partir del cual se plantean una serie de propuestas, y la respuesta a la convocatoria implica un reconocimiento expreso o tácito de la clase política respecto a la necesidad de buscar alternativas distintas enfocadas en la construcción de la paz.
Es un documento que debe tener una muy amplia difusión para que pueda contribuir a la necesaria discusión entre los tomadores de decisiones y la sociedad, por lo que compartiré algunos de los que considero sus principales aspectos, esperando que ello invite a su lectura. Inicia sosteniendo que es posible construir la paz si se hace desde lo local con el conocimiento de las condiciones y contextos de cada territorio y comunidad, con la participación y compromiso de cada persona y cada sector, y con una visión de Estado dejando a un lado los intereses partidistas, la polarización y la inmediatez. Se divide en 7 ejes temáticos: 1) Tejido social; 2) Seguridad; 3) Justicia; 4) Cárceles; 5) Adolescentes; 6) Gobernanza, y 7) Derechos Humanos de los cuales destaca lo siguiente:
- Nuestro tejido social está en proceso de degradación acelerada. Se han agravado distintos tipos de violencias como la doméstica, de género, las redes de criminalidad y delincuencia que, en paralelo con el aumento de la polarización política y conflictividad social, han destruido los mecanismos de socialización que anteriormente habían permitido que tuviéramos un país en paz, aunque profundamente injusto e inequitativo.
- La escucha, el diálogo, la participación, la confianza entre personas en los espacios más cercanos y, con mayor razón, respecto de las instituciones están rotas. Prevalecen el miedo, la impotencia, la desconfianza y la incertidumbre.
- México enfrenta, desde hace casi 18 años, una de las crisis de violencia más graves de su historia contemporánea que afecta a la sociedad en su conjunto. Operan alianzas entre estructuras criminales, redes políticas y empresariales corruptas, involucrando a una diversidad de actores, delitos y víctimas.
- La violencia ha adquirido una dimensión comercial que ha permitido el control de territorios y el establecimiento de una forma de gobernanza criminal que amenaza el sistema de justicia y seguridad. También ha aumentado la delincuencia común alimentada por la marginación y la búsqueda de reconocimiento y justicia social.
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- La mayoría de la población no tiene acceso a la justicia, que se percibe como lejana e incomprensible para quienes requieren de ella y tiende a incrementar la desigualdad social. Cuando las personas no encuentran mecanismos para resolver sus conflictos, recurren a diversas formas de justicia por propia mano o acumulan rabia y frustración.
- En la procuración y administración de justicia prevalecen la discrecionalidad, la opacidad, los intereses políticos, la captura de las instituciones o la complicidad con redes criminales, el militarismo, la corrupción y la impunidad, lo que afecta la construcción del Estado de derecho y tiene como uno de sus resultados a la violencia.
- México se debate entre un modelo de gobernanza criminal y un modelo de gobernanza democrática que hasta la fecha ha sido incompleto y precario. La debilidad de las instituciones que deberían garantizar la existencia de un Estado democrático de derecho y la rendición de cuentas de los gobernantes frente a la ciudadanía ha permitido un crónico estado de corrupción y el uso arbitrario del poder que, además de ser un entorno favorable para el crimen organizado y la normalización de la violencia extrema, niega a las personas el ejercicio de sus derechos y de su autonomía.
El reconocimiento de la realidad es condición indispensable para atender los problemas, buscar alternativas para solucionarlos de fondo y alcanzar la tan anhelada paz en México, lo que trasciende credos religiosos, simpatías políticas o intereses particulares. Esperemos que la firma de este Compromiso por la Paz sea punto de partida de un serio proceso de reflexión y debate entre quienes aspiran a asumir la presidencia para los próximos seis años y, con ello, la responsabilidad de proteger la vida y recuperar la tranquilidad en nuestro país.