Lo menos que se podría haber esperado ante el elevado número de personas desaparecidas durante este sexenio, y las consecuentes expresiones de preocupación por parte de activistas y organismos internacionales en materia de derechos humanos, era que el gobierno reconociera la gravedad de la situación, fuera sensible al dolor de las familias, y destinara todos los recursos humanos y materiales posibles para su localización.
Sin embargo, esto no fue así y, por el contrario, optó por buscar la forma de que se modificaran a la baja los datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas No Localizadas para lo cual, hace unos meses el presidente López Obrador ordenó el levantamiento de un censo casa por casa para actualizar dicho registro, argumentando que las cifras reales de personas desaparecidas eran menores a la información oficial con que contaba la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).
El pasado 14 de diciembre, la secretaría de gobernación presentó un informe sobre los resultados de la denominada estrategia nacional de búsqueda, destacando que de las más de 110 mil personas que se encontraban en el registro nacional, se reportó que únicamente 12 mil 377 continúan desparecidas es decir, el 11% del total. Lo anterior, debido a que se localizaron a 3 mil 946 personas en su domicilio, en 4 mil 134 casos se identificó mediante el acta de defunción respectiva que habían fallecido, en otros 8 mil 405 la autoridad local informó que se había localizado a la persona desparecida y por tanto se había cerrado la carpeta de investigación, mil 951 registros estaban duplicados y 197 personas se encontraban recluidas en un centro penitenciario.
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Aunque esto pudiera hacer sentido, genera muchas dudas que de las poco más de 80 mil restantes que fueron eliminadas del registro nacional de personas desaparecidas, supuestamente a 17 mil 843 se les tiene ubicadas por el cruce de diversas bases de datos como las de programas sociales y vacunación o por llamadas telefónicas, pero no las han logrado contactar personalmente por lo que en realidad no cuentan con una prueba de vida, al igual que 26 mil registros de las que no se tienen datos suficientes para saber si están desaparecidas o ya fueron encontradas, así como otras 36 mil personas de las que no se tiene ninguna pista o indicios suficientes para iniciar su búsqueda. Además, no se consideró a más de 7 mil nuevos casos que se reportaron durante el levantamiento del censo.
En su momento, la ex titular de la CNB, Karla Quintana, ya había advertido que el levantamiento del censo no se llevó a cabo por personal especializado pues claramente los servidores de la nación de la secretaría del bienestar que se encargan de llevar a cabo el registro para los programas sociales no contaban con la capacitación adecuada, y se desconocía la metodología utilizada. Pero me parece aún más importante escuchar a familiares y colectivos que literalmente han entregado sus vidas para encontrar a sus seres queridos y, a pesar de que lo mínimo que merecen es una explicación puntual por parte de las autoridades, ni siquiera han sido recibidas e incluso se cuestionó su lucha al calificarla como una simulación.
En los actos de protesta del pasado lunes, madres de víctimas de desaparición afirmaron que sus hijos ya no aparecen en el registro aun cuando siguen sin conocer su paradero, y exigen que si supuestamente ya los encontraron, que les digan donde están. En un pronunciamiento emitido por familias y colectivos, también señalaron la incongruencia de anunciar que únicamente hay 12 mil 377 personas desaparecidas confirmadas, mientras que tan solo en los servicios médicos forenses y fosas comunes del país hay al menos 56 mil personas fallecidas sin identificar, lo que significa que están desaparecidas, por lo que rechazaron los resultados del informe gubernamental.
En este contexto, vale la pena retomar las palabras de la madre buscadora Cecilia Flores, para quien lo de menos es que jueguen con la estadística, pues lo que realmente duele, es que intenten desaparecer por segunda ocasión a sus hijos, su historia, su dolor. Con toda razón, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro -a quien injustamente se ha atacado desde la presidencia- sostiene que la crisis de desapariciones continúa y no se puede minimizar diciendo que es una herencia del pasado, pues se trata de una herida del presente.