La violencia contra periodistas continúa en alza, y la política pública para contenerla no sólo es insuficiente sino ineficiente. Así lo refleja un nuevo informe, publicado hace unos días por Amnistía Internacional y el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés). Como otros reportes anteriores, se ha señalado que el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, órgano adscrito a la Unidad de Promoción y Protección de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), opera en un contexto de burocratización de los procedimientos y de serias deficiencias y limitaciones presupuestales, de recursos, eficiencia y alcance.
Desde 2012, este mecanismo es el brazo ejecutor de la Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que define las formas en que el Estado mexicano ha de determinar y reaccionar ante las agresiones a los comunicadores y activistas, que según la ley son las que dañan la integridad física o psicológica, como amenazas, hostigamiento o intimidación por el ejercicio de su actividad.
Dicha ley instruye a los gobiernos federal y estatal a cooperar entre sí para implementar y operar medidas que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas en situación de riesgo, como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo. También establece y reglamenta tres tipos de medidas de protección: de Prevención, Preventivas y Urgentes. Estas últimas son las que, por la gravedad de la situación o la inminencia del riesgo, deben aplicarse de manera urgente o inmediata, como evacuación, reubicación temporal, escoltas de cuerpos especializados o protección de inmuebles.
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El procedimiento para determinar medidas comprende analizar varios niveles de riesgo y pasa por tres unidades: una de Recepción de Casos y Reacción Rápida, otra de Evaluación de Riesgos, y una tercera de Prevención, Seguimiento y Análisis. La Coordinación Ejecutiva Nacional es la que opera y gestiona esas unidades, así como implementa las medidas establecidas. Un Consejo Consultivo integrado por expertos hace recomendaciones a los distintos casos; y una Junta de Gobierno (presidida por un representante de la Secretaría de Gobernación e integrada por un representante de la ONU, uno de la Conferencia Nacional de Gobernadores, uno del Poder Judicial de la Federación, uno del Senado de la República, y otro de la Cámara de Diputados) funciona como órgano máximo en la toma de decisiones.
Doy tanto detalle porque aquello suena como oficina gubernamental o unidad familiar del IMSS, donde sin importar que estés vulnerable, enfermo o convaleciente, vas de piso en piso y de ventanilla en ventanilla, recolectando sellos y firmas, a merced del humor, voluntad y empatía de los funcionarios públicos. No es difícil imaginar el tiempo transcurrido entre que amenazan a un periodista, éste acude al Mecanismo, y el Mecanismo evalúa el riesgo y decide si interviene. Por ley, ante el riesgo inminente se debe reaccionar y establecer medidas a las pocas horas de que un periodista reciba una amenaza. Pero la realidad documentada por el informe es que, en muchos casos, han de pasar varios días, semanas y hasta meses para obtener una respuesta, mientras el riesgo se incrementa y el posible victimario sigue al acecho no sólo del periodista, sino de su familia. Hay casos como el de Gustavo Sánchez Cabrera, periodista oaxaqueño asesinado, que por meses fue amenazado y a quien el Mecanismo negó reiteradamente la solicitud de medidas de protección. Como la de él, otras 182 solicitudes de medidas de protección a periodistas fueron rechazadas en más de 11 años de operación del mecanismo.
Sin duda, la instancia ha quedado rebasada ante la creciente demanda de solicitudes de protección. Desde fines de 2012 y hasta diciembre de 2023, el Mecanismo había admitido 1408 solicitudes de medidas de protección, un 54% de ellas (N=771) presentadas por periodistas. Tan sólo en 2023, el Mecanismo tenía activos 101 casos de periodistas beneficiarios, cuatro veces más que en 2012 y 2013 juntos. Para colmo, todo ello ocurre en un contexto de “austeridad republicana”, insuficiencia presupuestal y carencia de recursos materiales y humanos para operar. Por otro lado, acontece en una cultura enquistada de desconfianza, escasa colaboración institucional y falta de formación en derechos humanos, carente de la empatía y perspectiva de género con las que suelen actuar los servidores públicos en muchas instancias gubernamentales. La histórica falta de confianza en el gobierno y la colusión del crimen organizado con los funcionarios –quienes en gran parte son los responsables de los ataques a periodistas– tampoco facilitan las cosas.
Con todo, estoy segura de que la mayoría de funcionarios dentro del Mecanismo hace su trabajo de forma expedita y profesional, y debe remar a contracorriente de la propia burocracia para garantizar que, cada año, se salvaguarde la seguridad, libertad e integridad de cientos de periodistas. Es innegable que esta ley y su mecanismo han ayudado a muchos periodistas del país con diferentes tipos de medidas, desde botón de pánico y patrullaje, hasta escoltas y remoción de las víctimas en la zona de peligro. En el mejor de los casos, hacen lo que pueden con lo poco que tienen. Siempre es mejor algo que nada.
Pero por buenos que sean, la protección de periodistas no sólo depende de la voluntad de funcionarios cansados y sobrepasados. Su margen de maniobra para ejecutar la ley es escaso ante la insuficiencia presupuestal y falta de inversión en capacitación. Menos aún cuando la ley, en sí misma, resulta insuficiente para garantizar aquello para lo que se diseñó. En nuestro marco legal se contempla implementar medidas de corto plazo únicamente, es decir, para garantizar medidas reactivas a fin de evitar que se concrete materialmente la agresión o amenaza a los periodistas. Pero ni la ley ni sus reglas de operación están diseñadas para la atención integral de los periodistas en riesgo a mediano y largo plazo. En esta campaña electoral, ¿le entrarán los partidos, candidatos a legisladores y candidatas presidenciales punteras, a proponer e impulsar modificaciones a la ley para que se contemplen medidas de largo plazo en la protección de los periodistas, a asignar más recursos al Mecanismo y a desburocratizar procesos y entramados? Yo no lo creo.
* Profesora-investigadora de la Universidad Iberoamericana