Hace dos y medio años, en ocasión de las elecciones federales intermedias, comentábamos que se había perdido la oportunidad de contener realmente el avance del modelo autoritario en México. La incapacidad de conformar una mayoría legislativa alterna dejaba abierta la puerta a reformas a leyes secundarias que pudieran contravenir las normas constitucionales y cuyo único puerto de detención era la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aunque dicha contención era temporal, pues se perdería más temprano que tarde debido a los relevos programados en la integración de este órgano.
La situación actual
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Ahora enfrentaremos una nueva elección en la que se renovarán los poderes Ejecutivo y Legislativo de la Federación y múltiples poderes a nivel local. El escenario más probable, si bien no es el logro de una mayoría calificada por la coalición gobernante, aunque las encuestas en este momento indiquen que ello es posible, sí supone la reiteración de la condición mayoritaria de la opción predominante. De concretarse este escenario, y si como pudiera pensarse la misma alianza lograría el control mayoritario de más de la mitad de los legislativos locales, a ello se sumaría el hecho de que a fines del presente año se eliminará el ulterior retén que supone el máximo órgano judicial para impedir que quienes tendrían la mayoría simple en el Legislativo federal puedan expedir las leyes que les viniera en gana, aunque se opusieran a lo que dictamina la Carta Magna, sin que pudiera revocarse por sentencia judicial dichos cambios.
De ser así, aunque el grupo gobernante pudiera no lograr las reformas constitucionales que pretendería y que fortalecerían de la manera más sencilla e inmediata su poderío y derivarían en una hegemonía que se pensaba eliminada en México, pudieran lograr, vía cambios a las leyes secundarias ir instalando las condiciones para que se diera por vía de los hechos la consolidación de un orden autoritario. Poco a poco, y pese a los reclamos y resistencias de las oposiciones, irían creando el modelo de país que desean, alterando las reglas de juego sin que se pudiera impedir, a pesar de que existiría un desencuentro entre lo que dice la Constitución y lo que establecerían los ordenamientos de menor orden.
Un panorama alternativo
Entonces, a pesar de la relevancia que pudiera tener la disputa por el Legislativo federal, la lucha real se debiera centrar en el logro de la victoria electoral para la Presidencia de la República. Las mediciones por encuesta muestran que esto es algo difícil por el momento, pero no imposible, pues supone un viraje en las preferencias entre las dos candidaturas mayores de al menos diez puntos, tal vez quince, en el curso de los noventa días de campaña. Eso demanda una enorme imaginación y un esfuerzo considerable de trabajo de campo y en el espacio mediático para lograr que se modifiquen las intenciones de voto de la ciudadanía y que el electorado decida acudir en una proporción elevada a las urnas. Desde luego, frente a ello, la contendiente que es líder en este momento no está manca, sino que factiblemente recurra a todas las medidas que pudieran impedir que se presente un cambio de esta magnitud, para lo cual gozaría de un margen relativamente amplio que igualmente pudiera representar, desde el punto de vista de las oposiciones, el recurso a acciones ilegales.
De lograr la candidata opositora una victoria en las urnas con la suficiente claridad para que no fuera descalificada por el voto de calidad en el Tribunal Electoral, su triunfo difícilmente podría ser obstruido por el actual Presidente de la República, así cuente con el respaldo eventual de las fuerzas armadas, pues la experiencia reciente a nivel internacional demuestra que al final del camino el ganador mediante el sufragio popular termina alcanzando la jefatura de gobierno. Así pasó en Brasil, en Estados Unidos y más recientemente en Guatemala. Esa es una lección que debe tenerse en cuenta.