Ya es por todos conocido: el presidente López Obrador presentó 20 iniciativas de reforma, en el último estirón de su gobierno, para plasmar su legado en la Constitución. Es indudable el efecto electoral que tendrán estas propuestas en los periodos de campaña, como es también cierto que el presidente ha insistido en muchos de los cambios durante los últimos cinco años, desde los temas de energía hasta los programas sociales.
La pregunta ahora está en cuándo serán los temas discutidos en el Congreso, suponiendo que estos lleguen antes de que López Obrador deje la oficina. A partir de hoy, al periodo presidencial le quedan 235 días, casi ocho meses, con cuatro momentos legislativos, cada uno con sus particularidades.
El primer momento es el último periodo ordinario de la actual legislatura, que va desde el primer día de febrero hasta el último de abril. Es decir: termina en medio de las campañas federales para la presidencia y el Congreso.
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Una de las grandes ventajas de presentar 20 iniciativas es que, políticamente, se tiene margen para administrar su discusión entre aquellas que pueden ser más populares que otras. Hay iniciativas que difícilmente la oposición buscará combatir, como en materia de salarios, programas sociales, maltrato animal, o inclusive el de pensiones. Estas reformas transitables no son tanto por convicción de los consensos, sino por los costos políticos en plena campaña electoral. Nadie quiere ser visto como el que defiende a los maltrata perros, o el canalla que le niega pensión al adulto mayor.
Se antoja probable que, en este primer momento, avancen las iniciativas menos controvertidas, que den triunfos políticos al presidente, a su movimiento, y a sus candidatos.
El segundo momento es el que va desde el fin del periodo ordinario hasta el día de las elecciones, el 2 de junio. Si bien el Congreso estaría en receso, se podría convocar a periodos extraordinarios de sesiones para discutir y aprobar dictámenes.
Este periodo es el mejor para que se discutan las propuestas que el presidente estaría dispuesto a sacrificar; ya sea porque son intransitables con la oposición, o porque tampoco quiere poner en riesgo aspectos centrales del TMEC. Una suerte así podrían seguir las iniciativas sobre industrias estratégicas, que es refrito acotado de la reforma energética –rechazada por el Congreso en 2022–, la extinción de los Órganos Constitucionales Autónomos –ampliamente denunciada por la oposición–, o la reforma judicial.
El sacrificio es menos por el contenido que por el mensaje: la oposición rechaza los cambios de fondo, entregando la soberanía energética a particulares, solapando jueces corruptos, y defendiendo estructuras onerosas que podrían mejor servir para pagar buenas pensiones. La invitación: voto masivo para que Morena llegue al Congreso con las mayorías calificadas necesarias. No es un mal plan.
El tercer y cuarto momento son dependientes de lo que suceda el día de la elección. Uno correría desde el fin de la jornada electoral hasta el momento en que concluya la actual legislatura: el 31 de agosto. El otro, desde la instalación del nuevo Congreso el 1 de septiembre, hasta el último día en que López Obrador sea presidente.
Ambos son, inevitablemente, una apuesta. Si la estrategia electoral para el Congreso tuvo éxito, y Morena se asoma como una mayoría más potente de la que actualmente tiene, quizás pasaremos todo junio, julio y agosto con discusiones menores de las reformas. Llegada la nueva legislatura, y todavía en Palacio, ahí aprovecharía el presidente para meter acelerador a todo lo que pueda incluir en la Constitución antes de su partida.
Si, por el contrario, terminamos con un Congreso dividido en donde la posibilidad de que las reformas presidenciales no vayan a ningún lado, entonces podríamos ver un verano de marchas forzadas para sacar lo que se pueda con los legisladores actuales, aún en funciones.
Al final, las reformas correrán su suerte en dos contrapartidas: como éxito y tensión antes de la jornada electoral; y como esperanza o desilusión poselectoral.