Es paradójico que a pesar de tanto freno que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha puesto a la transición energética en México, ahora el país está más cerca de alcanzar la meta en la utilización de energías limpias para producir electricidad.
De acuerdo con la Ley de Transición Energética, este año debemos cumplir con una participación mínima de energías limpias en la generación de electricidad del 35%. No obstante, el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2023-2037 (PRODESEN), publicado en mayo del año pasado, señala que en 2022 la matriz eléctrica de México alcanzó el insólito 31% de energías limpias en el total de electricidad producida en el país.
Pero ¿Cómo se llegó a este porcentaje si no se ha invertido en energías renovables durante todo el sexenio del presidente López Obrador? Simple, a través de un acuerdo de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) publicado tres días antes que el PRODESEN y con el cual se modificó la metodología para contabilizar a las energías limpias en la electricidad que se genera en el país. Actualmente, dentro de las energías limpias del Sistema Eléctrico Nacional se contempla a la energía “libre de combustibles” producida en centrales de ciclo combinado, es decir, que la electricidad generada con el calor residual de un sistema que haya utilizado combustibles fósiles se considera “limpia”. Así de fácil, en 2022 se sumaron 8,428 GWh de electricidad que no se hubieran contabilizado con la metodología anterior, de lo contrario el PRODESEN hubiera reportado el 28% de utilización de energías limpias en la matriz eléctrica mexicana como en los dos años anteriores.
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Esto hace recordar cuando en 2018, al final del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, la participación de energías bajas en carbono para producir electricidad alcanzó el 17%, la misma que en 2014, año en el que se modificó la Ley de la Industria Eléctrica y comienza a contabilizarse a las grandes hidroeléctricas y las energías renovables y nuclear como energías limpias, un cambio metodológico que tenía por objeto alcanzar metas a las que no se pudo llegar.
De la misma forma, la CRE modificó la metodología antes de presentar el PRODESEN para simular que México avanza en la transición energética. Resulta aún más debatible cuando se observan los datos reportados en todos los PRODESEN de la administración actual y los datos que México reporta a la Agencia Internacional de la Energía, institución que mantiene una metodología constante para medir la generación de energía limpia del mundo; así pues, la Agencia indica que en 2022 México generó el 23% electricidad con energías limpias, mismo porcentaje que el gobierno mexicano reporta en el PRODESEN de 2018. Al final se hace evidente que no se ha avanzado lo que las instituciones mexicanas quieren hacer creer al interior del país.
En este sentido, parece un patrón de los gobiernos mexicanos de cambiar las metodologías cuando no cumplen con las metas que mandata la Ley de Transición Energética. Pero sin lugar a duda, los energéticos limpios sumados a la electricidad generada en México con Peña Nieto tienen lógica, no así los “libres de combustible” considerados en la administración de López Obrador que no se asemejan en nada a las mejores prácticas internacionales.
Si la práctica de sumar modificaciones a la hora de reportar avances en la transición energética se sistematiza cada fin de sexenio, las metas de alcanzar el 35% de energía limpia como insumo en la generación de electricidad en 2024 y el 50% en 2050 como mandata la Ley de Transición Energética son un objetivo difícilmente alcanzable en términos de reducción de emisiones de gases efecto invernadero, peor aún, son una ilusión, un auto engaño. De ahí que una de las asignaturas pendientes para el próximo gobierno es rendir cuentas claras en cuanto a la realidad de las energías limpias utilizadas en México y tener presente que las promesas de campaña no se cumplen cambiando las metodologías ni haciendo caso omiso de lo que la Ley estipula.
Todo lo anterior lleva a la preocupación constante por la discontinuidad de políticas públicas en materia energética que caracteriza a cada administración mexicana, si se quiere aprovechar el nearshoring debe haber transparencia, establecer reglas coherentes y las condiciones para fomentar el desarrollo de capacidad de energía renovable.