La cuenta regresiva para finalizar la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador está en marcha, y todo parece indicar que Manuel Bartlett está queriendo sacar a toda prisa el trabajo que en materia de infraestructura eléctrica no hizo durante los cinco años que ha estado a cargo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
En un comparativo de los Programas de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN) 2019-2033 y 2023-2037, que es el documento rector para incorporar nuevas inversiones en las redes de transmisión y distribución de México, se puede identificar que mientras que el PRODESEN 2019-2033 menciona las necesidades de inversión, el PRODESEN 2023-2037 señala las instrucciones dadas a la CFE por parte de la Secretaría de Energía (SENER).
Si bien en el PRODESEN 2023-2037, publicado en mayo del año pasado, se menciona que por instrucción de la SENER, entre 2019 y 2023 la CFE puso en operación nueve proyectos de transmisión y 21 de distribución, también se corrobora el aplazamiento de un total de 318 proyectos para la ampliación y modernización de las redes de transmisión (192 proyectos) y distribución (126 proyectos) de energía eléctrica que debían realizarse entre 2015 y 2022. Esto indica que las obras que la SENER instruye llevar a cabo no son acordes con las prioridades que se plantean las subsidiarias CFE-Transmisión y CFE-Distribución para modernizar la infraestructura eléctrica mexicana.
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Como una forma de subsanar la incoherencia entre los últimos dos PRODESEN, de julio de 2023 a enero de 2024 la CFE convocó 16 licitaciones para desarrollar proyectos de transmisión y distribución, cuyos fallos están planeados entre febrero y marzo de 2024 y el inicio de obras entre febrero y mayo también de este año. Es decir, la CFE está apresurando a las empresas que podrían participar para que antes de que finalice el mandato del presidente López Obrador, en octubre de 2024, estén en desarrollo proyectos. Aunque es verdad que estos proyectos adicionarán poco más de 2 mil kilómetros a las líneas de transmisión en Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Veracruz, también serán heredadas a la siguiente administración.
Parte de la herencia al próximo gobierno mexicano para avanzar en la modernización en transmisión y distribución eléctrica de México es que en el PRODESEN 2023-2037 se menciona que se prevé que hacia 2030 entren en operación 289 proyectos instruidos por la SENER, de los cuales 182 son de transmisión y 107 de distribución. Dicho compromiso es cuestionable pues de los 192 proyectos de transmisión eléctrica identificados en el PRODESEN de mayo del año pasado sólo seis se encuentran entre las licitaciones apresuradas de la CFE y en el PRODESEN publicado en junio de 2019, de los cuales destacan por su magnitud las tres etapas en las que se dividió el “Incremento en la capacidad de transmisión noroeste y centro del país” que abarca los estados de México, Hidalgo y San Luis Potosí; y el del “Aumento de capacidad de transmisión de zonas Cancún y Riviera Maya” en Quintana Roo.
En este sentido, una asignatura pendiente más que deja el actual gobierno en México son un gran número de proyectos para modernizar y ampliar la infraestructura eléctrica del país que debían estar operando desde hace dos o tres años.
Es cierto que quizá uno de los mayores desafíos del sector eléctrico mexicano es optimizar, administrar y expandir las redes de transmisión y distribución nacionales para aprovechar no sólo la energía fósil, sino también para explotar el potencial de energía renovable del país, pero pese que son de vital importancia para garantizar la confiabilidad eléctrica en México, entre los años 2018 y 2022 la red de transmisión pasó de 108,018 kilómetros de longitud a 110,685 kilómetros, es decir, sólo incrementó el 2% en cinco años, con las incoherencias en la ejecución de lo planeado en los documentos rectores de infraestructura eléctrica y a esta velocidad se requerirán 200 años para renovar la totalidad de transmisión eléctrica de México cuya mitad promedia los 20 años de vida, y eso sin atender el aumento de las necesidades eléctricas del país.
El próximo gobierno de México tendrá que hacer un esfuerzo presupuestario muy grande para subsanar lo que la CFE no hizo en estos años en materia de infraestructura de transmisión y distribución de electricidad, o bien tendrá que recurrir a mecanismos que hagan atractiva la inversión privada a sabiendas que es una actividad exclusiva del Estado mexicano.