Los cierres sexenales –en mayor o menor medida– han sido problemáticos en la historia política mexicana. La gran mayoría de las presidencias terminaron abrumadas por crisis severas (Diaz Ordaz con los estudiantes, Echeverría con los empresarios, López Portillo con la expropiación de la banca y la devaluación, De la Madrid con la fractura del PRI y el fraude electoral: Salinas de Gortari con el conflicto armado de Chiapas y asesinatos políticos, Zedillo con acusaciones de masacres de Estado (Acteal y Aguas Blancas), Fox con la elección estrecha de 2006, Calderón y Peña Nieto con escándalos de corrupción Estela de Luz y la Casa Blanca respectivamente. Sin embargo, todos pudieron cerrar sus gestiones, entregaron la banda a su sucesor y pudieron continuar sus vidas sin ser tocados o cuestionados de manera posterior (con excepción de Echeverría, quien encaró a la justicia en la fase final de su vida, aunque nunca tuvo que pisar un reclusorio ni ofrecer disculpas al país por su participación en las matanzas de 1968, 1971 o la Guerra Sucia).
El presidente Andrés Manuel López Obrador está afrontando la realidad de un tiempo que se le agota. Y la propia naturaleza del poder político le indica que debe retenerlo aún tanto como pueda a efecto de garantizar el triunfo de su candidata y la continuidad de su proyecto. Ese no sería un problema en sí, considerando que las elecciones en contextos democráticos idóneos son procesos de ratificación o cambio donde la población reacciona a las propuestas que le son presentadas por el grupo actualmente en el poder, o bien existen las condiciones que empujan a la ciudadanía a valorar si vale la pena buscar un cambio.
Sin embargo, el presidente ha comenzado a verse atrapado en las propias presiones que conlleva no confiar en lo que está viendo en el seno de la campaña oficialista y ha decidido mantenerse como el “fiel de la balanza” (la clásica expresión atribuida a José López Portillo), manteniendo el control de la agenda y de la comunicación, provocando así que la campaña de Sheinbaum esté pasando a un segundo plano en las propias noticias. En todo caso, parecería que está dispuesto a “tomar las balas” de los ataques a efecto de que la oposición siga mirándolo, mientras su candidata pueda ganar sin sobresaltos.
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Pero los acontecimientos recientes como la nueva concentración de alcance apartidista en el Zócalo capitalino y la fortísima campaña que le etiqueta como presunto #Narcopresidente parece está logrando vulnerar su tranquilidad, en la medida que las respuestas ofrecidas hacia la prensa con respecto a reclamar un trato de excepción a su investidura, muestra un error de perspectiva notable que sí ha provocado señales de alerta incluso en sus propios círculos de apoyo, quienes están buscando argumentos para reducir los efectos negativos de estas desafortunadas expresiones.
Ningún mandatario es intocable, no sólo por lo que le mandata la ley, sino porque simplemente es humano. Y el presidente parece –o no quiere– darse cuenta de que el ejercicio presidencial ya no puede estar tan concentrado ni centralizado. Debe dejarlo ir sin cargar los dados y dando margen a que su movimiento pueda seguir sin él. Sabe que la reelección no es posible, pero los niveles de intervención que desea seguir teniendo son un riesgo para la propia elección. La admisión de las “sugerencias” ejercidas hacia el ex presidente de la Corte, Arturo Zaldívar (hoy comentarista y asesor dentro de la campaña oficialista) muestran que la estrategia de la captura de los órganos del Estado no es una invención, sino una clara evidencia de un modus operandi con el cual el presidente decidió emprender una estrategia de ejercer el poder conforme a los hábitos y mecanismos aprendidos por él: presidencialismo fuerte, un partido-movimiento que funcione como gestor social y maquinaria de votos, programas asistenciales eficaces, poderes legislativo y judicial subordinados a las necesidades del gobierno, y acuerdos efectivos con el ejército, el narcotráfico y empresarios para mantener los factores de gobernabilidad y equilibrio macroeconómico. En suma, la base de lo conocido y aprendido a lo largo dentro del sistema político previo a la transición. Sin duda, el presidente López Obrador no se ha apartado ni un ápice de los elementos narrativos que justamente identifican al régimen como tolerante --pero a la vez crítico y amenazador– de quienes se atrevían a disentir o cuestionar los grandes logros sociales de la Revolución (léase hoy Transformación), tildándolos de conservadores y reaccionarios.
Ha sido capaz de emular una capacidad camaleónica que ha permitido flexibilizar la aceptación de todo tipo de adherentes a su movimiento, siempre y cuando se sumen sin chistar a su lectura y proceder político. Cierto es que permitió cierto margen de competencia durante el proceso sucesorio, pero tan pronto la decisión fue tomada, cerró con claridad los espacios y definió una decisión que solo Marcelo Ebrard tardó en asimilar y someterse. Pero esa situación sigue sin dejar satisfechos en MORENA a muchos de los “puros” que se sienten claramente desplazados por el pragmatismo del presidente y que está siguiendo a pie juntillas el líder nacional partidista Mario Delgado. Ciertamente lo que han obtenido es un resultado de claro alineamiento con costos en apariencia reducidos, pero los cuales habrá que valorarlos en las urnas.
La presión para el presidente igualmente es alta porque deben refrendar un resultado mayoritario por encima del 50%, de ahí la inusitada presión y recursos puestos en dominar el escenario de las encuestas colocando al oficialismo por encima de ese nivel de preferencia. Sin embargo, el trabajo del INE en lo relativo a supervisar de manera consistente la circulación de estos instrumentos comienza a ser cuestionado, por lo que como ha pasado en procesos similares, la población en las redes sociales comienza a apartarse de este tipo de insumos como un medio orientador eficaz para determinar su preferencia, lo cual sería un rasgo novedoso con respecto a lo ocurrido en procesos previos.
Igualmente, el presidente parece estar perdiendo el sentido del “timing” en el que se mueve la elección mexicana, de cara a las inusitadas condiciones paralelas que están dándose en Estados Unidos y Canadá, naciones donde también se está aproxima la renovación de sus mandatos. Joe Biden y Justin Trudeau están peleando sus respectivas reelecciones en medio de una feroz competencia proveniente de opositores conservadores y populistas que están tratando de capitalizar el problema de la crisis migratoria, el narcotráfico, el tráfico de armas, así como la crisis de inseguridad y violencia crecientes en ambos países, lo cual está forzando a que las gestiones progresistas en ambos países se estén obligando a responder con promesas de moderación y en donde México aparece como el “socio problemático”.
Visto en su conjunto, el cierre de la administración de AMLO parece que no se escapará a los problemas habituales que se presentan con líderes que van disminuyendo su fuerza. Hasta ahora, Sheinbaum no ha mostrado rasgos de independencia o diferendo crítico (una fórmula que algunas sucesiones priístas fue manifestándose hasta observar los posteriores quiebres abiertos entre Echeverría y López Portillo, Salinas de Gortari y Zedillo, o entre Fox y Calderón). Una interrogante que se abre aquí si ello pudiera perfilarse no en el marco de la elección, sino ya una vez instalada en la presidencia en caso de que resultara ganadora. Por ello, el presidente AMLO seguramente está necesitado de tener amarradas todas las posibles situaciones que pudieran empañar al cierre de su sexenio, pero eso al mismo tiempo implica que el Ogro Filantrópico esté más consciente que nunca de la importancia de no cometer errores que justamente terminen por complicar no sólo a la elección, sino a la propia entrega del poder.
Cierro esta reflexión apoyándome en los 5 criterios propuestos por Ben Ansell en su interesante libro “Por qué fracasa la política”, donde señala que los errores comunes de toda gestión radican en alejarse de la democracia (al incrementarse la vulneración de las libertades y los derechos humanos elementales); la igualdad (en la medida que se marcan las diferencias sociales como elementos estructurales del régimen basados en la polarización); la solidaridad (por cuanto los niveles de protección social deben ser realmente efectivos en ámbitos como la salud); la seguridad (un factor evidente con respecto a las condiciones con que la población valora poder realizar sus actividades diarias sin riesgo alguno); y finalmente la prosperidad (observable en la percepción y expectativas con las cuales las personas pueden tener un empleo estable, bien remunerado y con una calidad de vida que le hagan sentirse satisfecho). Un reto interesante para cada uno sería reflexionar cómo estos 5 elementos se han manifestado a lo largo de la administración sexenal que está terminando, y si usted. saca más negativos que positivos de esta comparación, seguramente tendrá un punto de referencia importante con el cual pueda guiar su decisión a tomar en las urnas. El tiempo entonces no solo se le agota al presidente, sino también a nosotres.