He vivido y analizado profesionalmente los procesos electorales mexicanos por cerca de 40 años. Lo hago desde mi primera oportunidad como votante y funcionario de casilla en 1982 (cuando ganó Miguel de la Madrid todavía bajo los efectos del carro completo priísta, el discurso de la “renovación moral de la sociedad” y el tiempo ganado gracias a la reforma política de 1977, implementada por don Jesús Reyes Heroles. Mi existencia justamente ha corrido paralela con los tiempos de la crisis del viejo autoritarismo, los esfuerzos de la transición democrática (que terminaron por ser inconclusos a causa de la propia clase política opositora) y ahora atestiguando el regreso de ese “Ogro filantrópico” que nos permite entender a la especificidad de nuestro Leviatán a la mexicana, tal y como valoró en su momento Octavio Paz en aquellos años.
En ese entonces, las elecciones solo tenían algunos elementos polémicos excepcionales. El árbitro electoral se concentraba en la Comisión Federal Electoral, organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación, la única forma de impugnar los resultados era ante el Colegio Electoral que se configuraba en el Congreso bajo el llamado principio de autocalificación donde de manera estoica la oposición subía a tribuna para tratar de demostrar las irregularidades observadas para terminar siendo acallada sin más por la “aplanadora” mayoritaria del oficialismo.
Hablar del Plan C en esta época era sinónimo del “carro completo”: el ganar de todas, todas, como lo acuñó el general revolucionario Salvador Alvarado en su memorable obra “La reconstrucción de México” de 1919. Esa práctica y sus efectos los estamos viendo de vuelta con decisiones irreflexivas de los plenos de ambas cámaras que solo aprueban mecánicamente, sin verdaderos estudios de fondo, debate y prácticamente nula negociación, todo aquello que le remite el Ejecutivo federal, solo contenido en las materias constitucionales por los números cada vez más precarios de los que se dispone la oposición en el Senado; o bien gracias a las decisiones que revierten dichos resultados por parte de la SCJN o los organismos constitucionales autónomos, precisamente las instancias a las cuales el presidente de la República ha dirigido denodadamente todos sus esfuerzos desde las mañaneras para socavarlas de manera lenta y persistente desde el inicio de su mandato.
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Todo lo anterior cabe traerlo a colación porque muchos medios, comentaristas y hasta expertos demoscópicos literalmente vienen decretando un resultado ya irreversible a favor de la coalición oficialista. La evidencia estadística no dejaría lugar a duda: promedios que colocan dicha ventaja en niveles de 20 o incluso arriba de 30 puntos la diferencia entre las dos principales candidaturas presidenciales. Sin embargo, las campañas son mucho más complejas que eso. Implican la sumatoria de variables que precisamente deben sopesadas desde los propios “cuartos de guerra” de cada candidatura.
Desde el oficialismo, las cuentas alegres se justificarían en función de factores como los siguientes: su idea de que hay control sobre las principales variables macroeconómicas: dólar estable, flujos de inversión extranjera creciente, salarios mínimos creciendo. En lo político: fuerzas armadas cooptadas a través de un desbordante ejercicio de asignación de obras públicas y el control directo de puertos, aduanas y comunicaciones y una supuesta paz pactada de manera tácita con el crimen organizado, cuyos resultados con cada vez más insostenibles en los hechos y que han obligado a reconocer al mismo presidente que “ya no hay tiempo” para intentar nuevas estrategias y que ello ya le tocará atenderlo a la siguiente administración.
Por su parte, es claro que la oposición sigue entrampada en sus contradicciones. Y parafraseando nada más y nada menos que al viejo V.I. Lenin, se le ve dando un paso adelante y dos atrás, como por ejemplo, observar la decisión de las dirigencias del PAN, PRI y PRD de asegurarse lugares preferentes dentro de los listados de representación proporcional, contradiciendo así a su retórica de que darían cabida a nuevas expresiones de la sociedad, a efecto de consolidar y defender causas sustantivas como la lucha contra los feminicidios, las desapariciones, las malas políticas en materia de salud, entre otras.
A pesar de ello y lamentablemente porque estas causas son tan graves y profundas dentro de tejido social mexicano, la oposición aún posee elementos narrativos y demandas que pueden cobrar relevancia y que justifican aún la posibilidad de trabajar en acciones y propuestas de convocatoria muy específicas, pero que a la vez permitan ir más allá de la simple retórica reactiva y epidérmica que ocasiona el ejercicio presidencial. Poco se avanzará si solo se piensa que con la “contra mañanera” pueda ser suficiente para arrebatarle el control de la agenda mediática al oficialismo. Para que ello ocurra, precisamente se debe llenar de contenidos no sólo de comparación o contraste, sino que haya posibilidad de formalizar convenios y alianzas de manera pública, a efecto de que la propia ciudadanía conozca de manera clara y responsable hacia dónde se pretende encaminar al país y cuáles serían los costos económicos, políticos y sociales que estarían asociados con ello.
Si la contienda todavía tiene futuro, la oposición debe pensar que no solo con tenis fosforescentes, estribillos o lenguaje florido se pueda ser capaz de remontar una tendencia tan desfavorable como la que nos indican los ejercicios demoscópicos. Le quedan 5 meses al proceso y si algo demuestra la experiencia es que en las peleas de largo trecho hay que trabajar los rounds para ganar por puntos y no intentar de manera desesperada y tardía un milagroso nocaut. Sin duda, esa es la crucial interrogante sobre la cual debemos reflexionar en conjunto aprovechando la veda formal que supone el periodo de las intercampañas.