La presidencia de la República ha comenzado el año 2024 redoblando su apuesta comunicacional haciendo pública su intención de formalizar el envío de un nuevo paquete de reformas de alcance constitucional y secundario a las dos Cámaras del Congreso de la Unión, con la clara intención de comprometer y atrapar a la oposición dentro de la lógica que en el argot del mercadeo electoral se conoce como la “manzana envenenada”.
La expectativa es muy simple: implica jugar con la tendencia que la oposición tiene con respecto a rechazar todo lo que provenga de la oficina de AMLO, al emplear los números de veto que posee para impedir la aprobación de leyes de alcance constitucional en el Senado, y además manipula los tiempos de la presentación de los tiempos establecidos para volver a revisar modificaciones de alcance electoral.
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El paquete que ha venido describiendo el presidente se concentra en afianzar su esquema de manejar las expectativas del electorado de la tercera edad, por cuanto abordaría una adecuación del sistema de pensiones y jubilaciones dentro de los esquemas del IMSS y el ISSSTE, el cual implicaría modificar lo construido en la materia desde los años 90s del siglo pasado. La línea central de su argumento es simple: elevar la dotación base de lo que puede percibir una persona al 100% del último salario base cotizado, así como indexar su disfrute al mismo ritmo de la inflación.
Las reacciones no se han hecho esperar y se concentra en una simple pregunta: ¿cómo lo financiará el Estado sin meterle más presión a los problemas de solvencia y presión presupuestal que el sistema ya genera en nuestra economía? Las opciones nos obligan a recorrer un conjunto de opciones que pudieran darnos una pista de cómo se podría hacerlo:
a) Aumentar el aporte directo generado por los empresarios. De manera inmediata, las cúpulas empresariales reaccionaron de manera negativa con respecto al tema, una perspectiva natural considerando que durante el actual sexenio ya se ha accedido a negociar la recuperación nominal de los salarios mínimos.
b) Buscar un incremento de la recaudación fiscal vía ingresos propios y aplicar transferencias al sistema de aportaciones hechas por el Estado. Esta opción implicaría asumir que ya se tuviera una enorme disciplina instalada para disminuir las fugas de recursos internos como producto de la corrupción tanto de orden general, como la que se ha producido dentro del propio sistema de salud, que como sabemos ha dado vueltas en círculos con la desaparición del esquema del INSABI y la ineficacia con la que se vislumbra regresar a un modelo único y monopólico de compras consolidadas vía la concesión otorgada a BIRMEX, creando así el potencial de una situación similar a la de SEGALMEX en el manejo de la compra y comercialización de los productos del campo.
Como puede advertirse, las opciones que se dibujan en el panorama son precarias en su viabilidad. Sin embargo, el presidente nuevamente hace gala de su habilidad para lanzar el anzuelo y provocar que se enganchen con un tema socialmente incómodo, con objeto de pasarle el costo mediático a los neoliberales y presentarlos nuevamente como los actores que impiden los avances de su gobierno.
¿Pero qué pasaría si la oposición no impidiera dicha aprobación, como ya lo insinuó el líder parlamentario Rubén Moreira del PRI? Sería un triunfo muy relevante para el presidente, pero ciertamente colocaría en una posición complicada a cualquiera de las administraciones que ganaran los comicios de este año. Sería activar una bomba de tiempo que nos llevaría a una crisis de insolvencia en muy poco tiempo si no se dispusieran de las bases correctivas asociadas con alguna de las opciones arriba descritas, lo que haría sospechar en que finalmente el gobierno haría lo que ha dicho hasta ahora niega, como lo sería buscar intervenir el sistema de pensiones y AFORES para disponer de los recursos “excedentes” de las personas que se manejan bajo el esquema de cuentas individuales y regresarlas al modelo básico de la cotización, pero eso sólo sería un parche más que postergaría la crisis vislumbrada por los especialistas de tiempo atrás.
Pero pasemos a revisar a la segunda propuesta de importancia que ha puesto sobre la mesa, como lo sería adelantar su intención de reformar al sistema de elección de la Suprema Corte, insistiendo en que la misma debe darse bajo un esquema de voto popular. Si bien el esquema de postulación se mantendría en manos del propio presidente y las cámaras legislativas, lo que partidizará en forma indirecta al proceso, porque ciertamente las postulaciones de quienes aspiran a ocupar dichas posiciones deberán cabildear con dichas organizaciones su nominación. Y peor aún, como ya se ha advertido hasta la saciedad por los especialistas en el tema, el proceso de selección se colocaría en un nivel de influencia muy abierto a la intervención de los poderes fácticos y el crimen organizado, en la medida que el INE tendría que supervisar los mecanismos de financiación de dichas campañas, agregando otro nivel de carga a la de por si condición precaria con la que se opera en la materia y donde tampoco se dispone de una Fiscalía Electoral lo suficientemente empoderada para inhibir dicho tipo de influencias dentro de los procesos comiciales.
El presidente abiertamente señala que la oposición podría vetar ambas reformas, pero justamente eso es lo que desea obtener en primera instancia, para dárselo como recurso de campaña a la coalición oficialista, y así poderlo machacar una y otra vez desde sus conferencias mañaneras. Y ello además posee otro elemento a su favor en la medida que cada error de la oposición, como la divulgación de los acuerdos incumplidos entre el PRI y el PAN en Coahuila para repartirse los cargos públicos de relevancia, como lo son notarías o las magistraturas, precisamente se vinculan a los mecanismos de la administración y la impartición de la justicia.
Como puede verse, las reformas legislativas que se han puesto sobre la mesa abordan dos cuestiones nada menores, como lo son tener una mejor calidad de vida y disponer de un Poder Judicial más cercano a la defensa efectiva de los derechos de la población.
Sin embargo, debemos estar conscientes de que la manera y el momento para hacerlo no pueden evitar que pueda verse el trasfondo claramente oportunista e irreal con que aparecen dentro de la contienda electoral. Por ello, resulta relevante que dentro del propio debate público de dichas iniciativas se recalque en que se aporten los fundamentos sustantivos que demuestren su viabilidad efectiva y no sólo engancharnos con la popularidad o la supuesta buena intencionalidad ética con las que se pretende sustentarlas.