El trasiego de drogas, control de plazas y la disputa por rutas de los migrantes han hecho escalar, en las últimas semanas, el enfrentamiento entre el Cártel de Sinaloa y el CJNG, dejando una estela de incertidumbre y terror en poblados chiapanecos cercanos a la frontera con Guatemala.
Aunque la Guardia Nacional tiene la tarea de combatirlos, un alto oficial dijo a La Silla Rota que más demoran en detener a miembros del crimen organizado que los jueces en dejarlos en libertad.
El combustible de las camionetas Silverado 2023 que usan los de la Guardia Nacional –para el combate de los grupos delictivos– es controlado, y si ellos quieren desplazarse con aire acondicionado (los que van dentro de la cabina), deben pagar de sus bolsillos para no afectar la tarjeta de 1,000 pesos que les dan para recargar carburantes, reveló.
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“Si pescamos a alguien con algún sobrecito de cocaína o de marihuana, mejor lo dejamos que se vaya porque después nos citan a declarar y los gastos de traslados corren por nuestra cuenta, y los delincuentes nos reconocen, y eso pone en peligro nuestras vidas”, dijo el oficial que requirió del anonimato.
Los enfrentamientos entre las organizaciones criminales por el control de rutas de migración y tráfico de drogas que viene de Centroamérica se han convertido en un calvario para los ciudadanos chiapanecos que no ven un combate real a los integrantes del crimen organizado por parte de la Federación.
Los municipios de Motozintla y Frontera Comalapa, en los límites con Guatemala, han ocasionado que miles de personas dejen sus hogares, comercios, sembradíos, desplazándose a municipios como Huixtla, Tapachula, Comitán o San Cristóbal de Las Casas.
Doña Georgina “N” es una joven comerciante y madre de familia que prefiere una ruta más larga para evitar toparse con narcotraficantes. Tiene que hacer un recorrido desde Motozintla hacia Huixtla y todos los municipios costeros si quiere ir a ver a su hijo que estudia en Tuxtla Gutiérrez, la capital de Chiapas.
“Cada vez es más frecuente que los jóvenes se metan en las filas del narcotráfico. Los convencen con un buen sueldo y les dan armas, y luego ya andan operando a favor de algún grupo. Ya no tenemos una vida normal; incluso los narcos nos revisan los celulares”, indicó.
El último fin de semana fue levantado y ejecutado Germán Alegría, Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Berriozábal, quien literalmente lee un documento que le ponen sus captores tras lo cual es asesinado junto con dos de sus colaboradores.
Antes de ser ejecutados, cuyos cuerpos y el de sus colaboradores aparecieron en la exclusiva zona de la Colonia Moctezuma, el funcionario de seguridad aceptó formar parte de la estructura criminal del Cártel de Sinaloa y reveló que personal del C5 está coludido con ellos para mover las cámaras de seguridad.
Los narcos están utilizando varios municipios como corredores naturales para trasegar la droga y ha sido Frontera Comalapa, uno de los enclaves principales donde se han enfrentado por dominar rutas clave para el tráfico de narcóticos y migrantes.
El panorama es poco halagador y de difícil combate en virtud de que oficiales corruptos guatemaltecos facilitan desde su país el tráfico de cocaína por parte del CJNG.
Pero el problema no es privativo de Chiapas, sino que revela la grave problemática nacional mientras el gobierno con su política de “abrazos y no balazos” ha dejado que crezca el accionar delictivo.
Mientras persistan los consumidores en México y Estados Unidos, el tráfico de cocaína, heroína y metanfetaminas desde Centroamérica difícilmente retornará la paz a los pueblos del sur.
Habrá que esperar a la próxima administración si da un golpe de timón y arrincona a los delincuentes antes de que el país se convierta en el más inseguro del mundo.