El mensaje es brutal: ante la inacción del gobierno, cardenales y obispos de la Iglesia Católica en México han enviado mensajes a capos del crimen organizado para tratar de llegar a acuerdos que alivien la violencia en regiones de nuestro país o al menos se llegue a una tregua.
“La intención no es hacer pactos de conveniencia personal, sino tratar de hacerles ver (a los delincuentes) la necesidad de cambiar de vida, de respetar personas y bienes de la gente y no generar más inseguridad”, aclaró el cardenal y obispo emérito de San Cristóbal de las Casas, Felipe Arizmendi Esquivel.
“¿Quién no nos asegura que en otro estado se vive más o menos ese mismo clima? Pues los obispos pudieran tomar esa decisión, como en Michoacán, donde los obispos han tenido otro camino para buscar la paz, pero mientras la Ley no se aplique, no hay garantía”, explica el Arzobispo de Guadalajara y Cardenal José Francisco Robles Ortega.
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Se trata de una medida desesperada de los jerarcas católicos ante la violencia que amenaza a sus comunidades, y que en muchas ocasiones se ha adueñado de poblaciones enteras, producto de la descomposición social, sí, pero también del famoso “abrazos, no balazos”.
Es difícil ubicar en la historia reciente de nuestro país un acercamiento público de este tipo de las jerarquías religiosas con los grupos delincuenciales, pero la desesperación de sus comunidades es tal que recurren a esas medidas para tratar de bajarle un poco al nivel de violencia y de muertes.
El Estado Mexicano ha claudicado a uno de sus más grandes compromisos legales, procurar la paz social. Imágenes y videos en las redes sociales son memoria de lo que seguramente será recordada como una época oscura en la historia de México. Delincuentes actúan con total libertad y se apoderan de comunidades sin que las autoridades hagan algo al respecto.
La tarea de seguridad no es simple; por el contrario, tiene una complejidad que solo se puede entender si se toma en cuenta la naturaleza de la sociedad mexicana y las causas y efectos de los delitos, así como en entorno social de quienes los cometen.
No se trata de que el Estado se haga a un lado, sino de que asuma su responsabilidad y que los funcionarios, desde el presidente hasta el policía más sencillo tengan presente que nadie puede estar por encima de la ley. Hacer otra cosa es entrar en los dominios del desgobierno, donde la delincuencia florece.
México es un país de instituciones que se han formado y fortalecido a lo largo de décadas de desarrollo y con un gran antecedente de políticas públicas. La seguridad es uno de los mejores ejemplos de la importancia en dar seguimiento a las políticas gubernamentales.
Como gobernadora de Yucatán, en mi primer año de gobierno y en medio de la pretendida “guerra” calderonista contra los cárteles de la droga, grupos delincuenciales amenazaron a mi gobierno y con estrategias crueles y malvadas intentaron sembrar el terror entre la sociedad.
Fue la propia sociedad la que nos ayudó no solo a rechazar las amenazas y el asedio de la delincuencia organizada, y nos dedicamos a consolidar al Estado como un lugar seguro, libre de delincuencia organizada. Con el consenso social, se logró y así se ha mantenido, incluso con los mismos mandos policiales.
Un Estado no es lo mismo que todo el país, lo tengo claro. Pero también estoy segura de que solo con respeto total a la ley y cero impunidad es posible avanzar hacia la tan ansiada paz. De lo contrario, la delincuencia y el terror seguirán avanzando.