En este espacio se han venido abordando las asignaturas pendientes que sobre transición energética dejará la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador al gobierno mexicano que se erigirá después de junio de 2024, en complemento a las columnas anteriores, hacen falta destacar algunos puntos que difícilmente pueden ser despejados con la información que la SENER o la CFE proporcionan a los mexicanos.
Es cierto que en los documentos oficiales en materia de energía se lee claramente que las energías bajas en carbono han crecido en la matriz eléctrica de México, no obstante, una de las omisiones evidentes en el discurso es que el aumento de las energías limpias para producir electricidad es una herencia del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Sí, pese a que al presidente López Obrador le cueste confesarlo, la administración peñista dejó un total de 45 proyectos privados adjudicados en subastas públicas de energía renovable para la generación de electricidad, cuya entrada en operación fue entre diciembre de 2018 y diciembre de 2023. Este legado de la administración anterior sumó 5,330 MW de capacidad instalada y 21,775 GWh de producción eléctrica con energías solar y eólica que fueron reportados como avances en lo que va del sexenio y que se contabilizan para llegar a la deseable meta del 35% en el uso de energías limpias para generar electricidad en 2024.
Un ideal de la lógica política es que un gobierno tenga visión de Estado, es decir que atienda las necesidades futuras de su población y cumpla los compromisos que el propio Estado se ha impuesto en el largo plazo.
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En contrasentido al ideal de Estado a largo plazo, todo parece indicar que el gobierno de AMLO no le dejará nada a quien lo reemplace para que México continúe avanzando en la transición energética en lo que a electricidad se refiere, y la razón factible de esto es que se ha negado a darle juego a los actores privados a costa de dejar en una posición vulnerable no sólo la producción de electricidad a través de energías bajas en carbono con la que se puede dar el servicio eléctrico al poco más de un millón de personas que no cuentan con este servicio y que en su mayoría viven en zonas rurales, sino también en materia de transmisión y distribución.
Respecto a las líneas de transmisión y distribución hay que destacar también que durante el gobierno de Peña Nieto, la SENER lanzó licitaciones para construir una línea de transmisión de 1,400 kilómetros que conectarían al Sistema Eléctrico de Baja California al Sistema Interconectado Nacional y otra de 1,221 kilómetros que se extendería desde Oaxaca hasta el centro de México; sin embargo, en enero de 2019 estos proyectos fueron cancelados por la administración de López Obrador sin que hasta el momento se hayan retomado. Este hecho anuló no sólo los primeros proyectos público-privado de gran envergadura en materia de transmisión eléctrica y de energía eólica, también canceló la posibilidad de modernizar la infraestructura de transmisión cuya mitad promedia los 20 años de vida y para la cual la CFE había contemplado una inversión de 15 mil millones de dólares, además de otros 18 mil millones de dólares para líneas de distribución hacia 2029.
En ese sentido, otra de las asignaturas pendientes que hereda el presidente López Obrador a su sucesora es la integración de todo el Sistema Eléctrico Nacional, es decir conectar Baja California y Baja California Sur, que tienen importantes recursos de energía solar y eólica, al Sistema Interconectado Nacional ya que la expansión de la capacidad de transmisión y distribución será esencial para garantizar la integración de las energías limpias y así fortalecer la soberanía energética, cuya retórica nacionalista es el único legado que deja López Obrador.