Dentro de la misión y visión de la Fiscalía General del estado de Guerrero, se indica lo siguiente:
“…Brindar a los ciudadanos una atención privilegiada en la investigación de los delitos, con servicios integrales, propicien su bienestar y desarrollo dentro de su núcleo familiar y social, a través de políticas públicas transversales que involucran la coordinación interinstitucional estatal, nacional e internacional con apego a los derechos humanos.
Contribuir a garantizar el Estado democrático de Derecho y preservar el cumplimiento irrestricto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante una procuración de justicia, eficaz y eficiente, apegada a los principios de legalidad, certeza jurídica y respeto a los derechos humanos, en colaboración con instituciones de los tres órdenes de gobierno y al servicio de la sociedad…”
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Sin embargo, de acuerdo con el informe elaborado por Open Society Justice Initiative, indica que en diversos municipios de Guerrero, existe la presencia grupos del crimen organizado denominados “Los Ardillos”, “Los Rojos”, “Los Jefes”, “Los Tlacos” y el “Cártel del Sur”, de quienes se presume realizan actividades de narcomenudeo, secuestros, extorsiones y cobros de derecho de piso, los cuales se ejecutan en completa impunidad. De igual manera se presume de la presencia de cárteles de la droga. Toda esta problemática de inseguridad no ha sido atendida en forma eficaz y eficiente, ya que de acuerdo con los datos duros y la inconformidad de los ciudadanos es latente cada día. Muchos negocios han tenido que cerrar sus puertas, lo cual aunado al devastador paso del huracán Otis de categoría 5, que destruyó gran parte de la infraestructura de la ciudad de Acapulco, ha generado pérdidas millonarias en la economía de los diferentes sectores económicos.
En consecuencia, en un hecho inédito, las autodefensas en Ayahualtempa que fungen como policía comunitaria, suman a 20 menores de edad, ante la ineficacia de las autoridades para proteger a las comunidades asediadas por el crimen organizado.
Ante tal situación, con fecha 15 de febrero de este año, la abogada Sandra Luz Valdovinos Salmerón solicitó una licencia para separarse del cargo de Fiscal General del Estado de Guerrero, mediante la entrega de un documento a la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Guerrero, Leticia Mosso Hernández. Se considera que la ex fiscal se ausentará en los próximos seis meses o puede ratificar su renuncia al cargo. Por lo que el Coronel de Justicia Militar Zipacná Jesús Torres Ojeda, asumirá en forma interina el puesto de Fiscal General en lugar de la abogada Valdovinos.
Sin embargo, se considera que la anterior fiscal, deja el sistema de justicia de esta entidad federativa, con una alta problemática e injusticias en la persecución del delito. A esto se suma una crisis de violencia generada por los grupos armados, así como diversos conflictos en las áreas de la sierra y la falta de certeza jurídica para toda la ciudadanía, debido al despliegue de diferentes conductas delictivas que se han presentado a lo largo y ancho de todo el territorio guerrerense.
Por consiguiente, toda esta problemática ha generado un descontento en forma general en diversos sectores de la sociedad, quienes, incluso, ya estaban preparando un escrito para la destitución de la abogada Valdovinos. Hay muchas quejas que fueron hechas en contra de los miembros de su equipo de trabajo, se habla de posibles abusos laborales en contra del personal y de un posible tráfico de influencias en los contratos celebrados con diversas empresas o prestadores de servicios. Por si fuera poco, desde hace tres meses ya no se encontraba en el estado de Guerrero y se comenta que había sido amenazada por esos grupos criminales.
Ahora el Coronel Zipacná Jesús Torres Ojeda, por cuestión de honor y dignidad, deberá realizar una exhaustiva auditoría e informe, de manera cabal, los resultados de su entrega y recepción, de no hacerlo se expondrá a que se le finque responsabilidad por no informar sobre el estado actual y las novedades que está presentando la fiscalía, quedando en entredicho su prestigio y carrera dentro del sistema de justicia en el estado de Guerrero.
Para el gremio militar, es demasiado triste y lamentable que el trabajo ineficiente de la abogada Valdovinos, ponga en entredicho el prestigio del gremio. Por formación, debió haber cumplido cabalmente con el cargo conferido por los ciudadanos, quienes hoy están padeciendo las consecuencias de la omisión por comisión por parte de la exfiscal, lo cual, denigra el uniforme militar y las insignias que porta. La fiscalía estatal se ha visto rebasada por la alta incidencia criminal en el estado y aquí no hay justificación, ya que cuando se propuso a la teniente coronel de justicia militar se hizo con la idea de que existiría una comunicación cercana con la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Fiscalía General de la República, lo cual claramente no sucedió. Hoy, ante la incapacidad de la fiscal, Guerrero está sumido en una de las crisis más grandes de inseguridad de los últimos años.
Si tuvieran un poco de vergüenza todos esos miembros del equipo de trabajo de la abogada Valdovinos, deberían renunciar. Son muchos los hombres de verde olivo que día a día trabajan en el proyecto de nación para brindarle a los ciudadanos la seguridad y justicia que el cargo de funcionario público exige cumplir. Recordemos que la crítica al personal militar que esta en cargos de seguridad pública y procuración de justicia siempre ha sido por el exceso de fuerza, violación de derechos humanos y procesales. En el caso de la Teniente Coronel de justicia militar Sandra Luz Valdovinos Salmerón, el reclamo es a la nula actuación de la Fiscalía de Guerrero, ya que se convirtió en una simple espectadora de la violencia en el estado, y prefirió huir a cumplir con sus obligaciones. Por esta razón, no todos los perfiles militares son la solución, por eso se necesita la profesionalización en materia de impartición de justicia, por eso es necesario el servicio civil de carrera.
Por último, circuló en redes sociales un video con el logo del periódico El Universal, que acusa a Andrés Andrade Téllez Secretario de Seguridad Pública del Estado de México de estar relacionado con la adjudicación directa de contratos de tecnología y alimentos, a empresas extranjeras y nacionales de forma irregular. Recordemos que él fue secretario de seguridad trabajo en el Centro Nacional de Inteligencia y era el responsable de la asignación de contratos de dicha dependencia como director de recursos materiales y servicios generales, fue cesado del cargo en junio de 2020 por órdenes directas de quien era el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Alfonso Durazo Montaño, hoy gobernador de Sonora, por supuestamente filtración de seguridad nacional para beneficiar grupos de la delincuencia organizada y por no acreditar el examen de control de confianza.
Posteriormente a la salida de Alfonso Durazo de la Secretaría de Seguridad, se contrató de nuevo a Andrés Andrade Téllez en el CNI, ahora como coordinador general de servicios técnicos.
Lo relevante del video no son solo las acusaciones que realizan contra el Secretario de Seguridad del Estado de México, quien se sabe fue propuesto por el General Audomaro Martínez Zapata, director General del Centro Nacional de Inteligencia, que es gente cercana al general y su protegido, sino que ha sido cuestionado por el supuesto manejo discrecional en la adjudicación de contratos a empresas nacionales y extranjeras. Lo que más llamó la atención es que el supuesto video de denuncia resultó ser falso. El Universal publicó una nota donde se deslinda del video y denuncia que se utilizaron sus logotipos para hacer creer que la noticia era de ese medio, pero ¿por qué alguien tiene interés en atacar al secretario de seguridad del Estado de México, sabiendo que está protegido por el General Audomaro, y que el CNI estará ahí para respaldarlo? Se sabe que esa posición era esperada por la milicia para un general, pero derivado de la mala relación que tiene el secretario de gobierno Horacio Duarte con los militares, se decidieron por un civil con el aval del general Audomaro, lo cual no gustó en el ambiente militar. Esto me hace pensar: ¿no será acaso un mensaje para quienes designaron al secretario de seguridad de que están pendientes de su gestión y que en cuanto cometan un error irán por esa posición que ya consideraban como suya? Lo que queda claro es que el general Audomaro colocó a uno de sus allegados en la Secretaría y eso no gusto en los altos mandos militares, por lo que se espera más noticias de ese estilo, sin embargo, los que conocemos la forma de operar de CNI, sabemos que no se quedaran con los brazos cruzados.